Análisis de la situación en la frontera sur
En el marco de la creciente crisis de derechos humanos que existe en la frontera entre Estados Unidos y México, analizamos el impacto de la decisión del presidente Biden de poner fin a la política migratoria basada en el Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que había sido impuesta por el Gobierno de Trump durante la pandemia. Esta política, que expiró el pasado jueves 11 de mayo, fue utilizada para expulsar a casi 3 millones de migrantes sin el debido proceso judicial. Hablamos sobre el tema con Erika Guevara Rosas, abogada de derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional, y con Erika Pinheiro, abogada de inmigración y directora ejecutiva de Al Otro Lado, una organización binacional sin fines de lucro que ayuda a migrantes de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Hoy analizamos la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos y el impacto de la decisión del presidente Biden de poner fin a la política del Título 42, que fue impuesta por el presidente Trump durante la pandemia e impidió que casi tres millones de migrantes ingresaran a Estados Unidos con el debido proceso.
Una denuncia presentada el lunes dice que la patrulla fronteriza ha obligado a migrantes a permanecer en campamentos al aire libre que violan los estándares de custodia del Gobierno.
Para hablar sobre el tema nos acompañan dos invitadas que acaban de visitar la frontera. En Ciudad de México está la abogada de derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien fue a la frontera como parte de una delegación. Y en Tijuana, México, está Erika Pinheiro, abogada de inmigración y directora ejecutiva de Al Otro Lado, una ONG que presta asistencia humanitaria a migrantes en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Bienvenidas a Democracy Now!.
Erika Pinheiro, usted está en Tijuana, el Gobierno de EE.UU. parece estar muy aliviado ya que finalmente no llegaron a la frontera la gran cantidad de inmigrantes que se esperaban tras el fin de la política del Título 42. Usted no parece estar igual de aliviada. ¿Puede hablar sobre lo que está sucediendo en este momento y lo que cree que la gente necesita entender?
ERIKA PINHEIRO: Bueno, ahorita la gente tiene mucho miedo porque la nueva política del presidente restringe el acceso al sistema de asilo más. O sea, es muy confuso, tiene muchas nuevas políticas y la gente realmente tiene miedo de que pueden ser deportados directamente a sus países. Entonces, lo que han intentado es pedir una cita a través de la aplicación CBP One, que no está funcionando, o llegar a la puerta de entrada para presentarse y pedir protección. Pero las autoridades de la frontera no han dejado a la gente presentarse en las puertas de entrada. Entonces, ellos están entrando entre las puertas de entrada y están actualmente trabados entre los dos muros que están aquí en la frontera de Tijuana y San Diego.
Yo hablé con migrantes que llevaban ahí una semana. La Patrulla Fronteriza no les ha dado ni comida, agua una vez al día, si es que recibieron agua. No dieron atención médica y teníamos desde bebés de tres meses hasta ancianos de 80 años sufriendo mucho. Había miles de otras personas atrapadas de la misma manera en toda la frontera de California.
Eso fue una decisión de la Agencia de Migración de los Estados Unidos, porque ellos supuestamente estaban preparándose para un aumento de personas cruzando la frontera. Eso no ocurrió. O sea, eran un 50% menos que antes del fin del Título 42. Pero de cualquier manera, mantuvieron a esta gente a cielo abierto, sin ningún servicio. Entonces, eso fue una decisión de ellos para intentar mostrar que la gente estaba cruzando en una manera ilegal, cuando realmente no les dieron la oportunidad de presentarse legalmente en la puerta de entrada.
AMY GOODMAN: ¿Cree que su organización, Al Otro Lado, y otras organizaciones que han presentado una denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos han ayudado a lidiar con la situación en San Isidro? ¿Puede explicar más sobre lo que pasó y lo que está pasando allí ahora?
ERIKA PINHEIRO: Como el Gobierno de los Estados Unidos no está dando nada a los migrantes, los grupos en ambos lados de la frontera compramos comida, medicinas, agua y toda la comunidad se juntó para proveer de servicios a los migrantes. Entonces estábamos allá en el muro, pasando agua y comida entre los espacios del muro. Era muy difícil llegar a ciertas personas porque había grupos que no eran accesibles. Tuvimos que atravesar zonas muy peligrosas para llegar a ellos, para darles comida. Y en el desierto, un poco más al este, también los grupos humanitarios estaban dando la única comida que los migrantes estaban recibiendo durante la última semana.
Ya después de muchas quejas la Patrulla Fronteriza procesó a la mayoría de las personas. Yo creo que quedan unos 200 o 300 en el desierto, pero más están llegando, porque no pueden presentarse en la puerta de entrada, porque les han negado la entrada allá, aunque la ley dice que deben procesar a la gente que llega a la puerta de entrada y pide protección. Entonces, estamos en una situación ahorita donde ya no hay miles de personas atrapadas entre los muros [fronterizos], pero más están llegando y vamos a ver si el Gobierno los procesa inmediatamente o los deja así, como la semana pasada.
AMY GOODMAN: Erika Guevara Rosas, usted está en la Ciudad de México. La semana pasada, el presidente Biden tuvo una conversación de una hora con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como parte de su trabajo conjunto para afrontar el final de la política del Título 42. ¿Qué significa esto? ¿Este trabajo conjunto es solo cooperación o la describiría como una complicidad en el daño que se les está causando a las personas que buscan asilo, que están desesperadas y algunas incluso están muriendo?
ERIKA GUEVARA ROSAS: Amy, el Título 42 y el actual Título 8 son los ejemplos más recientes de cómo los Estados Unidos, las diferentes administraciones, tanto de Trump como del presidente Biden, han estado subcontratando los servicios migratorios de países como México. Y ahora, bajo el Título 8, la administración Biden también pretende que países como Guatemala, como Colombia, asuman las responsabilidades de la política de refugio de los Estados Unidos.
Lamentablemente, lo que hemos visto en México en los últimos años es no solo que ha habido una coordinación para violar los derechos humanos de las personas, sobre todo aquellas que buscan asilo, sino que además el Gobierno mexicano se ha convertido en un cómplice en estas violaciones de los derechos humanos.
Una delegación organizada por Haitian Bridge Alliance estuvimos visitando diferentes campamentos tanto en Reynosa como Matamoros, en el contexto del fin del Título 42. Las Naciones Unidas han dicho que se calcula que aproximadamente 660.000 personas se encuentran atrapadas en la frontera, la mayoría de ellas provenientes de países en donde enfrentan masivas violaciones a los derechos humanos como Venezuela, Haití, países en Centroamérica, Cuba, entre otros. Y desafortunadamente, las condiciones inhumanas en las que estas personas están viviendo en los campamentos… Ya Erika nos comentaba de la situación alimentaria en algunos de estos campamentos, con poco recursos. Las organizaciones locales son las que están proveyendo esta asistencia, reemplazando la responsabilidad de ambos Gobiernos de proveer protección y asistencia a personas en necesidad de protección.
Y estas condiciones inhumanas son precisamente parte de estas violaciones a los derechos humanos de las que México es cómplice, pero también las múltiples atrocidades que las personas en necesidad de protección están enfrentando en su tránsito a través de México. Escuchamos testimonios desgarradores, por ejemplo el de una familia hondureña, que al cruzar la frontera sur entre Guatemala y México solicitando la asistencia de las autoridades para poder llegar hacia el norte, para poder buscar asilo en los Estados Unidos, no solo no recibieron la asistencia, sino fueron amenazados de que iban a ser deportados. Así es que buscaron otras rutas, rutas inseguras, terminando expuestos a la violencia del crimen organizado. Fueron secuestrados durante 18 días para que sus familiares en Estados Unidos pudieran pagar por su liberación. Fueron torturados, las mujeres sufrieron violencia sexual y todos estos hechos se encuentran en la impunidad porque, a pesar de las denuncias, las autoridades mexicanas no están investigando las violaciones y los abusos a los derechos humanos, a las que las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan en México.
Sabemos que en México, además, quien se ha beneficiado de estas políticas crueles e inhumanas es precisamente el crimen organizado, que sigue ganando a costa del sufrimiento y el dolor de estas personas y de la complicidad de los Gobiernos.
AMY GOODMAN: Usted ha hablado de que el crimen organizado es el mayor beneficiario de las políticas impuestas en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Puede hablar también de lo que pasó en Ciudad Juárez, el terrible incendio en el que murieron 40 migrantes? En abril, la fiscalía federal de México presentó cargos penales contra el principal funcionario mexicano de inmigración por ese incendio, que ocurrió en un centro de detención de inmigrantes. ¿Puede hablar sobre lo que está sucediendo allí y sobre la importancia de todo esto?
ERIKA GUEVARA ROSAS: Amy, 40 personas migrantes fueron asesinadas bajo la custodia del Estado [mexicano] en un centro de detención. Estas personas, que protestaban por una detención arbitraria solo por su estatus migratorio, fueron asesinadas en un incendio letal, bajo los ojos cómplices y el silencio indolente de las autoridades. Vimos imágenes terribles de cómo las autoridades salían del lugar, a pesar de que sabían el enorme riesgo de muerte que representaba un incendio con personas que estaban encerradas sin la posibilidad de salida.
Efectivamente, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía General [de México] en donde algunas personas, algunas autoridades de bajo rango, han sido detenidas y se ha abierto una investigación en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Garduño, por el delito del ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, Garduño continúa en funciones, continúa desempeñando e implementando la política migratoria mexicana, los cargos que enfrenta no son considerados como graves, así es que seguirá en libertad enfrentando esta investigación y a pesar de que fuese encontrado culpable no enfrentaría ninguna sanción privativa de la libertad.
Desafortunadamente, el incendio en Ciudad Juárez en este centro de detención, en donde personas migrantes y solicitantes de asilo se encontraban bajo custodia del Estado, es un ejemplo más de la complicidad y de cómo estas políticas norteamericanas impuestas en territorio mexicano siguen generando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en total impunidad. Es Estados Unidos el que extiende su territorio hacia México y ahora hacia otros países para que le hagan el trabajo sucio, pero no quiere asumir las obligaciones de protección y proveer asistencia a miles de personas que se encuentran atrapadas en fronteras altamente peligrosas.
AMY GOODMAN: Erika Pinheiro, el Gobierno anunció una nueva política que obligaría a la mayoría de solicitantes de asilo a buscar el estatus de refugiado en otro país antes de llegar a Estados Unidos o serán deportados inmediatamente. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones han presentado una demanda contra esta norma. ¿Qué significa esto para los solicitantes de asilo que han llegado hasta la frontera de Estados Unidos después de que se levantara la política del Título 42? ¿Hay confusión al respecto?
ERIKA PINHEIRO: Sí, hay mucha confusión porque siempre están cambiando las políticas de la frontera, y no a favor de los migrantes. Lo que dice la regla es que las personas tienen que haber pedido asilo en los países de tránsito y [a ese asilo] se le tienen que haber negado antes de llegar a pedir protección a los Estados Unidos. Si no aplicaron y si no se les negó, automáticamente son considerados no elegibles para pedir asilo en los Estados Unidos.
La única excepción que estamos viendo es si ellos pueden pedir una cita a través de la aplicación CBP One, que hemos visto que no funciona, especialmente para los migrantes que tienen tonos más oscuros en su piel. La aplicación básicamente no le da la oportunidad a las personas para pedir su cita. Entonces, no tienen otra opción que presentarse en la frontera, en la puerta de entrada, o entrar entre las puertas de entrada y ser atrapados por la patrulla fronteriza, sin comida y sin agua. Si entran, los que son de países hispanohablantes tienen un proceso muy adelantado, básicamente tienen que pasar su entrevista de miedo creíble, que es el primer paso en el proceso de asilo, en las primeras 24 horas en que están en custodia de la Patrulla Fronteriza. Como sabemos desde hace años, las condiciones en los centros de detención en la frontera son pésimas. La gente no recibe comida adecuada, no recibe atención médica. Y en este caso, con la nueva política, la gente tiene muy poco tiempo para consultar con un abogado y hemos visto casos en que los abogados han intentado hablar con sus clientes durante más de 24 horas y no han podido.
Entonces hay una falta total del debido proceso. La administración de Biden ha anunciado que ya ha deportado a miles de personas desde la frontera hacia sus países de origen. Creo que muchos de ellos pueden correr peligro, incluso la muerte, en sus países, pero realmente no tienen una oportunidad para pedir esta protección en los Estados Unidos con un proceso adecuado que tenga el debido proceso.
AMY GOODMAN: Erika Pinheiro, hable también sobre el requerimiento de que los solicitantes de asilo hagan sus citas en una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los solicitantes dicen que el software de la plataforma está plagado de errores y que plantea serias preocupaciones de privacidad. ¿Qué se supone que deben hacer?
ERIKA PINHEIRO: La aplicación ha estado disponible para los migrantes desde enero y hemos visto gente que ha intentado desde enero pedir su cita, pero no han podido. Esta aplicación generalmente no funciona, pero funciona menos para las personas que no tienen un teléfono móvil nuevo o que no tiene conexión a internet muy fuerte. Entonces, los migrantes que están varados en campamentos o en albergues son los que menos probabilidad tienen de poder conseguir una cita, a pesar de ser los más vulnerables.
Y hemos visto una frustración que es difícil de describir. La gente se levanta muy temprano por la mañana y todos están presionando el botón para pedir su cita al mismo tiempo. Y muy pocos consiguen la cita. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? Quedarse en situaciones peligrosas en México, en la frontera, o cruzar entre las puertas de entrada, porque en las puertas de entrada no pueden presentarse sin la cita. Y es algo muy frustrante porque mucha gente, la mayoría de la gente quiere hacer eso en la manera legal y correcta, quiere presentarse, quiere una cita, pero como es imposible para muchos de ellos conseguir la cita a través de la aplicación, tienen que escoger entre quedarse corriendo peligro en México o cruzar entre los muros [fronterizos], lo que básicamente les pone en un proceso muy adelantado, que es muy probable que vaya a acabar en su deportación.
AMY GOODMAN: ¿Cree que existe la posibilidad de que sus teléfonos sean utilizados para vigilarlos?
ERIKA PINHEIRO: Bueno, a través de la aplicación de CBP One yo creo que no, pero con otras aplicaciones que están usando en la frontera sí es obvio que los están vigilando. Y la administración de Biden hace unos días anunció que iban a aumentar los sistemas de vigilancia digitales que están usando para seguir a los migrantes que ya están en los Estados Unidos.
Por ejemplo, a las familias que entran juntos y piden protección le van a poner un grillete electrónico al cabeza de familia y van a poner un toque de queda. O sea, las personas no pueden salir de sus casas después de cierta hora. Para mí eso fue algo que no podía creer. Es tratar a una clase de personas muy honorables como si fueran criminales. Y también es una discriminación total basada en su raza y nacionalidad. Entonces, yo creo que podemos llegar… ya estamos llegando a un punto muy peligroso con este sistema que pone a una clase de personas bajo un toque de queda en los Estados Unidos, y eso va contra todas las leyes y conceptos de libertad con los que vivimos en los Estados Unidos.
AMY GOODMAN: Quiero agradecerles a ambas por estar con nosotros. Vamos a continuar siguiendo este tema. Erika Pinheiro, abogada de inmigración, directora ejecutiva de Al Otro Lado, una ONG que asiste a inmigrantes en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Nos acompañó desde Tijuana. Y desde Ciudad de México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para ver esta entrevista en inglés, pueden ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
Transcripción: Iván Hincapié. Producción de la entrevista en español: Clara Ibarra, Igor Moreno Unanua, Iván Hincapié y Democracy Now!.
Fuente: https://www.democracynow.org/es/2023/5/17/analisis_de_la_situacion_en_la