«El gobierno es el potente y omnipresente maestro. Para bien o para mal, enseña a todo el pueblo con su ejemplo. El crimen es contagioso. Si el gobierno se convierte en un violador de la ley, provoca el desprecio por la ley; invita a cada hombre para que tome la ley por sus manos; invita […]
«El gobierno es el potente y omnipresente maestro. Para bien o para mal, enseña a todo el pueblo con su ejemplo. El crimen es contagioso. Si el gobierno se convierte en un violador de la ley, provoca el desprecio por la ley; invita a cada hombre para que tome la ley por sus manos; invita a la anarquía».
Juez Louis D. Brandeis, Olmstead v. Estados Unidos, 1928
Desde el primer grado nuestros maestros han insistido: «Somos un gobierno de leyes, no de hombres». Después de repeticiones interminables, casi hemos creído esa basura. Seguro, arrestan tanto a ricos como a pobres por dormir debajo de los puentes, por pedir limosna sin licencia y por robar un pan.
Trate de encontrar a un hombre blanco rico en una penitenciaria estatal. Sin embargo, el viejo dicho de la «nación de leyes» provoca innumerables repeticiones. Hasta Bush lo dijo en la Cumbre del G-8 en Sea Island, Georgia, el 10 de junio. Respondiendo acremente a sugerencias de que él podía haber autorizado la tortura en la prisión de Abu Ghraib, Bush amonestó a los reporteros con que «somos una nación de leyes. Respetamos las leyes».
Quizás se olvidó de las atrocidades realizadas en Viet Nam -no sólo en My Lai, sino que no se castigó a nadie por nivelar a ciudades con bombardeos, masacrar aldeas y desfoliar con venenos el campo. ¿Habrá devuelto el sentido a la gente el asunto de Abu Ghraib? La Casa Blanca y el Pentágono respondieron a las fotos y videos de la tortura con la tradición: unas pocas manzanas podridas en el fondo del barril de mando que lo hicieron por cuenta propia (Saddam Hussein pudiera probar ese argumento para su defensa). Luego la culpa cayó en la Brigadier Generala Janis Karpinski, que «no tenía control sobre su tarea» y, mediante una implicación sexual, no debía de haber estado a cargo de un trabajo de hombres.
La situación de culpar a otro evolucionó hacia una cuestión de si la policía militar o el servicio de inteligencia debían haber controlado los interrogatorios en la prisión. ¿Tuvo conocimiento de antemano el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld de las fechorías? Aunque los medios siguen publicando acerca del asunto, su propia confusión ha hecho que los editores lo oculten en las páginas más remotas.
El 23 de junio el público recibió una dramática lección acerca de como se aplica la ley a otros cuando entra en conflicto con las ambiciones imperiales norteamericanas. Cuando soldados o trabajadores contratados torturan a iraquíes, se les debe juzgar, pero por tribunales norteamericanos. Los extranjeros acusados de tortura pueden ir ante el Tribunal Criminal Internacional (TCI).
Así que el embajador de Bush ante la ONU presionó a algunos para «persuadir» al Consejo de Seguridad de aprobar una resolución prorrogando otro año de inmunidad para las tropas de EE.UU. en Irak y otras operaciones de paz. Ya EEUU ha negociado acuerdos bilaterales con Israel, India y Filipinas que confieren inmunidad a sus ciudadanos de la jurisdicción del TLC.
Cuando el Consejo de Seguridad se negó a aprobar la resolución, apropiadamente explicado por el embajador chileno ante la ONU Heraldo Muñoz como «un voto de derecho internacional», la Casa Blanca la retiró, pero luego petulantemente sembró dudas acerca de si EEUU contribuiría con tropas a futuras misiones de la ONU -si estuvieran sujetas a revisión del TLC.
A esto siguió una muestra más desvergonzada aún de impudicia imperial. El General George Casey, del ejército de EEUU, el próximo comandante de la Fuerza Multinacional en Irak, declaró que Estados Unidos concederá inmunidad legal de los tribunales iraquíes a todo el personal de la coalición actualmente en servicio. A principios de junio, funcionarios de EEUU pidieron a Iyad Allawi, el primer ministro nombrado por nosotros y ex agente de la CIA, que también incluyera a contratados extranjeros en el escudo de inmunidad. Una muestra de la soberanía judicial iraquí.
La mezcla de preocupación por el derecho internacional y la exención simultánea del mal comportamiento de EEUU tiene un precedente histórico. El Presidente Theodore Roosevelt alentó la formación de un Tribunal de Justicia centroamericano en 1907 para mantener la paz y dirimir disputas entre los estados centroamericanos. Pero en 1910 el Presidente William Howard Taft en dos oportunidades despachó tropas de EEUU «para proteger los intereses norteamericanos».
En 1911 el Secretario de Estado Philander Knox se convirtió en el epitome de la simulación optativa, al invocar la ley mientras violaba la ley. Para justificar el evidente desprecio de EEUU por la ley con su planeada invasión a Nicaragua, declaró: «Estamos ante los ojos del mundo y, debido a la Doctrina Monroe, nos hacen responsables de Centroamérica».
En 1912, Taft envió nuevamente a la Infantería de Marina bajo el mando del General Smedley Butler para que invadiera y ocupara a Nicaragua «como promotor de la paz y de la estabilidad gubernamental». Pero el recién electo presidente Woodrow Wilson, el campeón de la oratoria a favor de la autodeterminación y arquitecto de la Liga de las Naciones, en esencia destruyó la legitimidad y eficacia del Tribunal.
En 1913 Wilson declaró que la cooperación EEUU-Latinoamérica estaría condicionada por «…procesos ordenados de gobierno justo basado en la ley, no en la fuerza arbitraria o irregular». En la práctica intervino repetidamente en México, Haití, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Cuba.
Los infantes de Marina permanecieron en Nicaragua hasta 1933, cuando «traspasaron el poder» al General Anastasio Somoza, cuya familia dominó a Nicaragua como un feudo militar hasta que fue derrocada por la revolución sandinista.
En respuesta a la desobediencia sandinista, el Presidente Reagan autorizó la intervención encubierta durante los años 80, lo cual incluyó el financiamiento de un ejército secreto para desestabilizar el país. En 1987 Nicaragua presentó una demanda. El Tribunal Mundial condenó el minado de puertos nicaragüenses y otros actos de guerra por parte de EEUU. Como era de esperar, Washington ignoró nuevamente la decisión del Tribunal.
Por tanto, cuando los mismos principios enunciados por el poder norteamericanos y el Tribunal que ayudó a establecer para ponerlos en práctica se convirtieron en un obstáculo para los impulsos imperiales, Estados Unidos sencillamente hizo caso omiso de ellos y estableció nuevos principios: invade y ocupa un país y luego crea una fachada de un traspaso de poderes a una «designocracia» y la llama gobierno democrático.
Infantes de Marina entrenaron a la Guardia Nacional nicaragüense y establecieron vínculos con «nuestros» asesinos para mantener «nuestro orden», un entorno estable para los intereses norteamericanos.
El General Butler lo comprendió. «Ayudé a hacer de México… un lugar seguro para los intereses petroleros norteamericanos en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los muchachos del National City Bank recaudaran ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street… Ayudé a purificar a Nicaragua para la institución bancaria internacional de Brown Brothers en 1912».
De igual forma que el ejemplo de Nicaragua ejemplificó la duplicidad entre los altos principios del derecho y las sucias ganancias del imperio, también el «traspaso de poderes» de Washington a Irak se levanta como una hipocresía a la enésima potencia. Consideren a Bechtel, Halliburton y CACI International Inc., contratistas privados a quienes el Departamento de Defensa paga por «reconstruir al nuevo Irak» después de que los militares norteamericanos destruyeron al anterior, como reencarnaciones de Brown Brothers y First National City Bank.
El Irak independiente albergará a 14 bases militares «duraderas» -ahora en construcción. Estas bases unen a las principales ciudades de Irak y las reservas de petróleo. Además, Bagdad se convertirá en la sede de la mayor embajada norteamericana del mundo, con más de 3 000 personas.
En caso de que a alguien se le escape el significado de esta «construcción», el vicejefe de las operaciones militares norteamericanas en Irak, Brigadier General Mark Kimmitt, lo aclaró: la creación de bases «es un ejemplo de cómo pudiéramos operar en el Medio Oriente» (23 de marzo de 2004, Chicago Tribune).
¿Están escuchando, Siria e Irán?
Antes de marcharse de Irak, Paul Bremen, administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición, «emitió 97 órdenes legales… ‘instrucciones o directivas obligatorias para el pueblo iraquí’ que seguirán en vigor incluso después del traspaso de la autoridad política». Estas incluyen una ley electoral que sanciona a una comisión de siete miembros para que descalifique a partidos políticos y candidatos, una ley que fija en 15% el máximo de las tasas de impuesto, y una «ley de 76 páginas que regula a las corporaciones privadas y una ley enmendada de diseño industrial para proteger el diseño de microchips». Esto acelerará la entrada de Irak en la Organización Mundial del Comercio. Las órdenes no podrán ser eliminadas fácilmente, dijo un alto funcionario norteamericano en Irak al Washington Post (26 de junio de 2004).
La «independencia» iraquí se ha convertido en parte de una historia de esquizofrenia de presidentes norteamericanos que insisten en pregonar el imperio de la ley mientras que simultáneamente crean excepciones a sus propias reglas. «Que reine la libertad», escribió Bush en una nota que la Asesora de Seguridad Nacional Condi Rice le pasó el 28 de junio en la Cumbre de la OTAN en Estambul, confirmando el traspaso de poderes, No terminó la oración. Debiera haber concluido: «para las compañías norteamericanas que contribuyeron a mi campaña».
Los historiadores notarán las similitudes entre el «traspaso de poder» iraquí y el ritual de 1902 en Cuba. Después de que Estados Unidos intervino en la guerra cubana de independencia en 1898 (la guerra Hispano-Americana, según los libros de texto), los militares ocuparon a Cuba. Antes de «traspasar el poder», Estados Unidos agregó a la Constitución cubana la Enmienda Platt (eliminada en 1933), la cual permitía la intervención norteamericana cuando fuera necesaria. Estados Unidos se retiró entonces de Cuba, pero los infantes de Marina regresaron otras dos veces. Más de 100 años después, sólo queda una base naval permanente de EEUU, en Guantánamo; la soberanía iraquí llega junto con 14 bases norteamericanas. En Filipinas las tropas de EEUU permanecieron durante treinta y cuatro años y mataron a decenas de miles de filipinos antes del «traspaso de poder». Recientemente Washington cerró sus dos importantes bases allí.
Las palabras de Lady Macbeth debieran sonar fuertemente en los oídos de los iraquíes escépticos: «He aquí que aún queda el olor de la sangre: todos los perfumes de Arabia no endulzarán esta pequeña mano».
Saul Landau es Director de Medios digitales y Programas de Extensión Internacional del Colegio de Letras, Arte4s y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona. Ha publicado un nuevo libro: El negocio de Estados Unidos: cómo los consumidores han reemplazado a los ciudadanos y de qué manera podemos invertir la tendencia.
Farrah Hassen se graduó recientemente de la Universidad Cal Poly Pomona.