El ex-candidato a la Casa Blanca, líder del partido Republicano y reverendo televisivo Pat Robertson, ha declarado que su estado debía asesinar al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Los motivos para tal atentado terrorista sería su supuesto apoyo desde Venezuela a comunistas e islamistas y que es más barato que una guerra. El motivo real, […]
El ex-candidato a la Casa Blanca, líder del partido Republicano y reverendo televisivo Pat Robertson, ha declarado que su estado debía asesinar al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Los motivos para tal atentado terrorista sería su supuesto apoyo desde Venezuela a comunistas e islamistas y que es más barato que una guerra. El motivo real, sin embargo, es el mismo que motivó el ataque a Iraq: apropiarse del petroleo, un recurso natural al servicio de su propio pueblo. Fíjense que Robertson manifestó seguidamente que si se acabase con la vida del dirigente venezolano seguirían llegando barcos cargados de petroleo (algo que también decían de Iraq y todavía no se ha recuperado la exigua producción posterior a la guerra del golfo).
Preguntado el secretario de Defensa, en rueda de prensa en el Pentágono, sobre las declaraciones de Robertson, Donald Rumsfeld dejó claro que tal idea es «contraria a la ley», pero que «un ciudadano privado puede hacer el tipo de declaraciones que quiera».
Varias son las consideraciones que caben hacer a estas manifestaciones. En primer lugar, no es un ciudadano cualquiera el reverendo Robertson, sino que es un destacado líder «espiritual» televisivo y del partido Republicano, el mismo partido de George Bush.
Pero lo más grave es que el reverendo ha incitado al asesinato de un jefe de Estado. Son muchos los tratados internacionales que protegen especialmente a estos y a los miembros de los cuerpos diplomáticos. Tanto el Código Penal español, como el venezolano, castiga severamente la inducción o la provocación al magnicidio, e imagino que también lo será así, con toda probabilidad, en la legislación interna norteamericana.
Precisamente en EEUU la libertad de expresión, como otras muchas, ha sufrido un retroceso a causa de la «guerra contra el terrorismo», es reciente el encarcelamiento de dos periodistas por no querer revelar sus fuentes. También, algún «ciudadano privado» fue detenido cuando, harto del trato dispensado por la policía de inmigración norteamericana, contestaba afirmativamente a la pregunta «¿viene a este país con el ánimo de asesinar al presidente de EEUU?».
En España el etarra De Juana Chaos sigue en prisión, después de cumplir su condena, por escribir dos artículos en los que sólo desde una interpretación extremamente subjetiva se puede entender que contengan una amenaza terrorista y, en ningún caso, nada que ver con las declaraciones explicitas del reverendo.
En el Reino Unido se han dictado unas normas de conducta en las que se establece que incitar al terrorismo oralmente o por escrito es causa de expulsión de su territorio.
Nunca y por ninguna persona, particular o no, desde Cuba o Venezuela se ha llamado al asesinato del jefe del Estado de EEUU, a pesar del sufrimiento de los pueblos de ambos países (y de muchos más) causado por el terrorismo causado y/o amparado por el imperio. Nunca se ha promovido la venganza, sino a un llamado de justicia. Cuando se localizó a Posada Carriles en Panamá dispuesto a asesinar a Fidel Castro, las autoridades cubanas, cumpliendo con la legalidad internacional lo comunicaron a las autoridades panameñas en lugar de asesinarlo o capturarlo, con el resultado que todos conocemos: se encuentra protegido por las autoridades norteamericanas.
Ningún ciudadano, ningún particular puede hacer ese tipo de declaraciones en ningún lugar del mundo, excepto en EEUU y cuando la persona a asesinar se llame Hugo Chávez o Fidel Castro.