La especulación que acompaña y alimenta al aparato represivo.
Para abordar el tema, resulta revelador seguir el rastro del fuerte apoyo financiero que reciben las agencias policiacas de Estados Unidos desde el ámbito corporativo, de la proliferación de penitenciarias privadas, de las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad fronteriza y de los vínculos con el Complejo Militar-Industrial y con el sector de las industrias de alta tecnología.
Todo ese entramado es también un sostén de la creciente violencia, de la extendida xenofobia y la permanente inculcación y manipulación del miedo a la criminalidad y, más recientemente, de la propensión autoritaria y los malsanos cálculos políticos del presidente Donald Trump. Este ha llegado al punto de bordear límites constitucionales con el reiterado envío de tropas regulares a cumplir misiones que corresponderían a agencias civiles habilitadas para ello y, para más, dirigir esas acciones solamente hacia los estados o localidades cuyas autoridades representen al Partido Demócrata.
Los departamentos de policía:
Estados Unidos está infestado por distritos de policía militarizados, que tienen amplias prerrogativas para decidir quién es una amenaza, qué constituye resistencia y con qué dureza pueden tratar a los ciudadanos, a quienes esas agencias tienen la responsabilidad de «servir y proteger».
La policía de todo el país ha sido instruida o está habituada a actuar con una libertad casi ilimitada para detener, registrar, interrogar y arrestar a cualquier persona de la que «sospechen»; habitualmente se llega a actuar con desenfreno, incluso, ante situaciones cotidianas tales como:
Conducir un vehículo
inusual.
Con pasajeros que parezcan «sospechosos».
Tener un coche polvoriento o modificado.
Evitar el contacto visual o mirar demasiado tiempo a un agente.
Como resultado, ciudadanos estadounidenses de todas las edades y colores de piel son brutalizados o siguen muriendo a manos de un gobierno que se considera juez, jurado y ejecutor. Su legado de encarcelamiento masivo, militarización policial y criminalización excesiva continúa y se incrementa.[1]
A nivel nacional, se destinan más de 100 mil millones de dólares anuales a la policía. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, financiar las operaciones y las compensaciones del departamento de policía cuesta más de 10 mil millones de dólares al año, es decir, más de lo que el gobierno federal gasta en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
En lugar de recortes, los recursos para financiar la policía y otros órganos represivos se amplían en la mayoría de los estados y localidades. Las cifras son alarmantes. En algunas jurisdicciones, la agencia de policía por sí sola puede absorber hasta el 40% de los presupuestos locales, dejando poco margen para otras prioridades y servicios públicos. Las oleadas de protestas que en años recientes se produjeron como reacción a repetidos asesinatos policiacos, han puesto de relieve la necesidad de desfinanciar los departamentos de policía locales y encontrar alternativas realmente enfocadas en brindar seguridad a la ciudadanía.
Por sobre sus presupuestos oficiales, hay que considerar el fuerte apoyo financiero que reciben los departamentos de policía desde el ámbito corporativo.
El poder que se esconde tras las estructuras de seguridad y represión del país
Investigar y mapear el poder de los socios corporativos, patrocinadores, donantes y miembros de las juntas directivas de las fundaciones policiales locales, puede ayudar a comprender quién respalda a la policía en su actuar, al complementar los presupuestos policiales, y en su interrelación subalterna y armónica con los poderes económicos.
Esos apoyos parecen haber devenido más marcados cuando han cobrado fuerza las demandas y movilizaciones contra la brutalidad policiaca y los asesinatos victimas de esos órganos represivos.
Un vehículo de esos apoyos se posibilita a través de las llamadas “fundaciones policiales” que existen en todo el país Se benefician de sus vínculos con el empresariado y con muy conocidas grandes corporaciones para recaudar fondos y complementar los presupuestos policiales mediante la financiación de programas y la compra de tecnología y armamento para las fuerzas del orden, con escasa supervisión pública.
Grandes financieras como Bank of América, Goldman Sachs, Wells Fargo, BlackRock y otras, así otros muchos sectores corporativos como Coca Cola, Target, Wallmark, Morgan Hill, Amazon, Chevron, y muchas otras empresas, han donado cientos de miles de dólares a fundaciones policiales. Los bancos regionales también son importantes patrocinadores de las mismas. Asimismo, universidades e instituciones de educación superior tienen vínculos con las fundaciones policiales en sus ciudades.[2]
El generalizado traspaso del armamento de guerra a las agencias policiales
Desde 1990, se ha permitido la transferencia de armamento y equipos “excedentes” (incluidos tanques y drones) a las agencias policiales locales, principalmente a través del llamado “Programa 1033” del Pentágono. Estas transferencias permiten convenientemente al Pentágono y a sus contratistas solicitar al Congreso compras de equipos reemplazo. Es un programa que ha recibido poca atención y solo en los últimos años, así como un examen deficiente e intermitente en el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Desde 1997, por esa vía, el Pentágono ha canalizado a unas ocho mil agencias policiales más de 8.400 millones de dólares en equipo excedente, incluyendo vehículos MRAP (Resistentes a Minas y Protegidos contra Emboscadas) similares a los utilizados en los campos de batalla de Irak y Afganistán, la transferencia de vehículos de oruga, lanzagranadas y aeronaves artilladas, además de rifles, municiones, lanzagranadas y dispositivos de visión nocturna. Como señaló Brian Barrett, en Wired, «La respuesta de las fuerzas del orden locales, incluso durante protestas no violentas, a menudo se ha parecido más a un despliegue de las Fuerzas Armadas».
NBC News, por ejemplo, informó que se utilizaron vehículos blindados al menos 29 veces, incluso en importantes zonas urbanas, en respuesta a las protestas de Black Lives Matter organizadas luego del asesinato de George Floyd, en 2020.
Según informe del Black Agenda Report hubo también un enorme incremento de esas asignaciones durante la Administración Obama, que en 2014 llegó a alcanzar $787 millones en armamento bélico para los departamentos de policía local. En muchas comunidades pobres estas fuerzas militarizadas funcionan como ejércitos de ocupación.
Se ha demostrado que la mera posesión de equipo militar fomenta la cada vez más una arraigada «cultura guerrera» que ahora caracteriza a tantos departamentos locales de policía, como lo demuestra el uso de equipos de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) equipados con armamento militar para actividades rutinarias de control de drogas.
El politólogo Ryan Welch fue coautor en 2017 de un estudio que sugería, en lo que respecta a los departamentos de policía equipados de esta manera, «que los agentes con armamento y mentalidad militar recurrirán a la violencia con mayor frecuencia y rapidez».[3] Una mentalidad guerrera que lleva a la policía a ver al resto de la ciudadanía como combatientes enemigos, al uso excesivo de la fuerza contra personas desarmadas y un entrenamiento policial que enseña a los policías a disparar primero y preguntar después.
Las políticas antinmigrantes y el negocio del control fronterizo
El tema migratorio es uno de los temas más polémicos en la actualidad en Estados Unidos, propicio para la demagogia y las posturas populistas que adoptan muchos políticos, y que redundan en la aplicación de las más duras medidas. Desde su arribo el inmigrante enfrenta un ambiente hostil o son poco tomados en cuenta, e incluso muchos estadounidenses no los ven como seres humanos. No son pocos los que son víctimas de actos de violencia, en medio de la carencia de algún programa de gobierno que los proteja medianamente.
Las redadas antinmigrantes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), incrementada bajo la nueva administración de Donald Trump, atrajeron la atención nacional por la frecuencia con la que se dirigían a los barrios latinos, con agentes federales enmascarados que invaden lugares públicos y persiguen a trabajadores por su color de piel, tipo de trabajo e idioma.
Miles de personas han desaparecido cruzando la frontera desde México. Los hispanoamericanos, sean ciudadanos o inmigrantes legales, son víctimas de allanamientos, arrestos y tratos degradantes; son obligados a mostrar su identificación y, en general, tratados como criminales únicamente por su origen étnico. La Patrulla Fronteriza tiene arraigadas actitudes xenófobas y un modus operandi violento.
Incluso la gran prensa pro empresarial no ha podido ocultar que trabajadores indocumentados se les trata con brutalidad, son retenidos durante largos periodos en condiciones horrendas en los gulags de ICE y, finalmente, deportados. No pocos latinos, con residencia e, incluso, ciudadanía, sufren la misma suerte.
Existe un fuerte consenso político, tanto republicano como demócrata, para llevar adelante una respuesta predominantemente militarizada a la inmigración. Las empresas de armas más grandes del mundo (así como otras empresas de seguridad y de las nuevas tecnologías) están impulsando y lucrando con la militarización de las fronteras estadounidenses.
Como es sabido, las deportaciones, el muro fronterizo y la represión contra los inmigrantes han sido la política sostenida por anteriores administraciones yanquis, no obstante, después de las últimas elecciones, el presidente Donald Trump se auto atribuyó tener una suerte de mandato para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos.
La militarización de la frontera ha devenido un negocio particularmente lucrativo. Estados Unidos ya gasta más dinero para la aplicación de sus medidas migratorias que el destinado en conjunto al resto de los demás programas federales de aplicación de la ley. Es uno de los sistemas e infraestructura tecnológica de vigilancia y patrullaje más sofisticados del mundo,
Incluye diversas formas: cámaras, barreras –en algunos tramos hasta de 9 metros de altura-, vallas peatonales, vigas ancladas al suelo en forma de X, paneles de acero y obstáculos rellenos de concreto, vigilancia desde helicópteros, aviones teledirigidos, drones de observación, y que suma muy alta tecnología —hay más de 465 torres con miles sensores e iluminación, algunas de las cuales emplean inteligencia artificial y, además, un número récord de 21.000 agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).
Las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad fronteriza están imbricadas o son filiales de los grandes fabricantes de armas contratistas del Pentágono. Mediante sus contribuciones a las campañas, su cabildeo, su constante interacción con funcionarios gubernamentales y la puerta giratoria entre la industria y el gobierno, estas corporaciones de seguridad fronteriza y sus aliados gubernamentales han formado un poderoso complejo fronterizo-industrial que es un gran impedimento para una respuesta humanizada a la inmigración.
Muchas empresas del Complejo militar-industrial, que se benefician con los contratos y asignaciones federales, que lucran y se enriquecen con las guerras y alimentan los conflictos bélicos, son las mismas que ganan miles de millones de dólares vendiendo armas, construyendo muros fronterizos, operando prisiones y centros de detención y abasteciendo a la policía y agencias represoras.
Es decir, un Estado policial y un gran negocio e intereses oligárquicos están detrás de la militarización de los departamentos de policía, del enorme aparataje fronterizo y del abusivo despliegue represivo de las redadas contra los inmigrantes, mientras que se dejan de abordar problemas con profundas raíces sociales y económicas.[4]
Notas:
[1] John W. Whitehead, https://dissidentvoice.org/2024/12/a-gift-america-cant-return/#more-155417
[2] Gin Armstrong y Derek Seidman, Corporate Backers of the Blue: How Corporations Fund roll U.S. Police Foundations, 18 de junio de 2020
[3] Ryan Welch, Does Military equipment lead police officers to be more violent?. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/30/does-military-equipment-lead-police-officers-to-be-more-violent-we-did-the-research/
[4] William D. Hartung, Policía, Prisiones y el Pentágono. Desfinanciando las Guerras de Estados Unidos en el País y en el Extranjero, TomDispatch 2020
Enlace a la primera parte del artículo: https://rebelion.org/un-estado-policial-exacerbado-parte-i/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.