Al anular casi un siglo de doctrina y leyes, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó hoy que el gobierno no puede prohibir la plena participación de grandes empresas y otras organizaciones en la elección de candidatos, ya que eso sería una violación del derecho de la libre expresión enmarcada en la Constitución. […]
Al anular casi un siglo de doctrina y leyes, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó hoy que el gobierno no puede prohibir la plena participación de grandes empresas y otras organizaciones en la elección de candidatos, ya que eso sería una violación del derecho de la libre expresión enmarcada en la Constitución.
Con ello definió que las empresas tienen los mismos derechos que los individuos en torno a la libre expresión política. Ahora, las empresas podrán gastar sin restricciones en esfuerzos para apoyar, u oponer, a candidatos presidenciales o legislativos federales, algo que anteriormente tenía límites establecidos por doctrina, leyes, y fallos anteriores de la misma Suprema Corte.
En una respuesta casi inmediata, el presidente Barack Obama calificó la decisión como un revés para la democracia. Con este fallo, la Suprema Corte ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero de intereses especiales en nuestra política. Es una victoria mayor para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las empresas aseguradoras de salud y los otros intereses poderosos que emplean su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los estadunidenses comunes.
Instó a legisladores a desarrollar una respuesta fuerte a la decisión, y varios líderes demócratas expresaron su intención de trabajar para restablecer las limitaciones sobre el gasto empresarial y de otras grandes organizaciones, incluso sindicatos, en los procesos electorales federales.
Varios senadores, como Patrick Leahy y Russ Feingold, hicieron eco de las palabras de Obama. Agrupaciones civiles también denunciaron el fallo. «Dejen caer una lágrima por nuestra democracia… La Suprema Corte ha fallado que las empresas tienen derecho a gastar montos de dinero ilimitados para influir en los resultados electorales», declaró Robert Weissman, presidente de Public Citizen. La libertad de expresión es para la gente, no para las empresas, agregó John Bonifaz, director legal de Voter Action, y advirtió que ahora se abrirá una torrente de dinero empresarial sin precedente en el proceso electoral.
Mientras tanto, el liderazgo republicano celebró la decisión como un triunfo para la libre expresión. Con la decisión monumental de hoy, la Suprema Corte tomó un paso importante en la dirección de restaurar los derechos de la Primera Enmienda (de la Constitución) de estos grupos, al fallar que la Constitución protege su derecho de expresarse sobre los candidatos políticos y temas hasta el mismo día electoral, dijo el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
La Corte se dividió al aprobar este fallo por 5 contra 4. En nombre de la mayoría el juez Anthony Kennedy leyó el fallo que declara que «el gobierno puede regular la expresión política empresarial… pero no puede suprimir esa expresión en sí». Los cuatro jueces disidentes expresaron que permitir la inundación del dinero empresarial en el ámbito político electoral llevará a la corrupción de la democracia. El fallo de la corte amenaza con minar la integridad de las instituciones electas a través del país, afirmó el juez John Paul Stevens a nombre de los disidentes.
Aunque los intereses empresariales, cabilderos y sindicatos canalizaron más de mil millones de dólares a través de comités de acción política, de un total de los casi 6 mil millones gastados en todas las campañas electorales en el ciclo 2008, con esta decisión se eliminan las restricciones que buscaban poner un límite a la influencia de estas agrupaciones.
La libertad de expresión en el proceso político electoral ahora se manifestará más que nunca en dólares y centavos.