Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU dio ayer la razón al Gobierno y resolvió que los detenidos en la base militar de Guantánamo no tienen derecho a denunciar su situación ante la justicia civil de ese país.
Por dos votos contra uno, el tribunal del Distrito de Columbia señaló que el sistema judicial de EE.UU. no tiene autoridad para decidir si el Ejército puede o no retener a los extranjeros en el limbo legal que representa Guantánamo. La sentencia, un revés para los abogados de los detenidos y asociaciones de derechos humanos, será apelada ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra en este caso.
Una vez más George W. Bush ha recibido un importante balón de oxígeno en un momento crítico; esta vez en el momento de más bajo nivel de popularidad de sus seis años en el poder. La decisión de la corte, sin embargo, no supone una sorpresa para las organizaciones defensoras de los derechos civiles que batallan en EEUU contra la violación sistemática de los Derechos Humanos que lleva a cabo la Administración Bush con todos los prisioneros capturados en su cruzada antiterrorista desde el 11- S. El tribunal no ha hecho más que interpretar lo votado por el Congreso por amplia mayoría en noviembre pasado. Bush consiguió sacar adelante una normativa que confirma que los prisioneros de Guantánamo no tienen derecho al hábeas corpus y que, por lo tanto, no pueden recurrir ante tribunales federales estadounidenses la situación de limbo legal en la que viven desde hace cinco años.
Después de años de acciones contradictorias de distintos tribunales en EEUU sobre los prisioneros de Guantánamo, incluido el Tribunal Supremo, Bush ha logrado mantener en pie los dos instrumentos legales fundamentales que le permitieron desde el principio amparar con total impunidad tanto la ilegal situación del centro de detención de esa base, como las torturas de Abu Ghraib, Bagram y de tantas otras prisiones, como los vuelos de la CIA trasladando personas a ser torturadas en terceros países. El primero de esos dos instrumentos que tan útil le sigue resultando, fue la Orden Militar que Bush firmó el 13 de noviembre de 2001, titulada Detención, Tratamiento y juicio de ciertos no ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo, por la cual restableció los tribunales militares para civiles. En su Sección 7 se establece precisamente que los detenidos no podrán recurrir ante ningún otro tribunal ni en EEUU ni en el extranjero.
El segundo instrumento fue el decreto de Bush del 7 de febrero de 2002 por el cual decidió unilateralmente que a los miembros de Al Qaeda no se les reconocería el estatuto de prisioneros de guerra previsto en las Convenciones de Ginebra, instituyendo la figura del combatiente enemigo, por la cual quedaron en la indefensión más absoluta. Bush se ha beneficiado estos años de la casi nula oposición demócrata y de la prácticamente inexistente crítica de los gobiernos del primer mundo.