La reforma constitucional de 2004 en Uruguay que consagró el derecho humano al agua y definió el agua como un bien público permitió que se volviera casi por completo al servicio estatal de agua potable y saneamiento, pero otros aspectos clave de la ley como la gestión integral de los recursos hídricos, avanzan lentamente y, […]
La reforma constitucional de 2004 en Uruguay que consagró el derecho humano al agua y definió el agua como un bien público permitió que se volviera casi por completo al servicio estatal de agua potable y saneamiento, pero otros aspectos clave de la ley como la gestión integral de los recursos hídricos, avanzan lentamente y, por lo visto, requieren una discusión mayor sobre qué modelo productivo se pretende para el país.
Adriana Marquisio, presidenta por segundo mandato de la Federación de Funcionarios de OSE (Obras Sanitarias del Estado, servicio público de agua potable y saneamiento), coordinadora junto a otras organizaciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) impulsora de la reforma constitucional, se refirió a los avances y los temas pendientes en este aspecto señalando tanto las carencias dentro del actual gobierno del Frente Amplio como las dificultades que enfrentan los movimientos sociales.
– ¿Cuál es vuestro balance de lo ocurrido desde la aprobación de la reforma?
– El balance nuestro es muy positivo con respecto a la recuperación de los servicios de agua y saneamiento que habían sido privatizados, más allá de que algunos temas se mantienen en disputa, como la sociedad de economía mixta que presta el servicio al este del arroyo Maldonado, donde el capital privado sigue siendo, en forma inconstitucional, dueño del 40% de la empresa. Pero las empresas trasnacionales más importantes que estaban actuando en el país, como Aguas de Barcelona y Aguas de Bilbao, que operaban en el departamento de Maldonado, se retiraron como consecuencia de la reforma constitucional.
– ¿Y en cuanto al manejo de los recursos hídricos?
– Haber incluido este articulado en la Constitución tuvo más impacto afuera del Uruguay que adentro, porque no existe una normativa internacional semejante. Sin embargo, aquí se profundizó el modelo de forestación y, si hacemos un balance de los últimos cuatro o cinco años, las aguas de nuestras cuencas y las aguas pluviales que se depositan en territorio uruguayo han sido sumamente comprometidas por ese tipo de desarrollo.
Otra privatización del agua
Estamos sumamente preocupados porque esto avanza. Al principio se manejó que era una herencia de acuerdos ya firmados, como algo que no se podía revertir. Pero ya no es así, sino que es una política para sacar al país adelante económicamente con este tipo de inversiones. Entonces, la reforma no se está utilizando o no ha logrado frenar esta nueva forma de privatización del agua que es llevarse el agua en los troncos, en los procesos de producción, el agua que se llevan en el producto, con ese valor agregado. En un mundo con una gran escasez de agua dulce, es un derroche o una locura no valorar el recurso hídrico de nuestro territorio que se está entregando en forma gratuita.
En el caso concreto de Botnia los datos hablan de un consumo de 80 millones de litros de agua por día para producir un millón de toneladas de celulosa y sabemos perfectamente que la empresa no paga ni un peso por esa agua. Para que se tenga una referencia, en un día de calor, para abastecer a 1:800.000 personas, OSE produce 500 millones de litros de agua. O sea, estamos diciendo que cerca de la quinta parte del agua dulce que se necesita para abastecer a la población se entrega gratuitamente a una planta de celulosa.
– ¿Qué otras experiencias existen de países en donde el agua para uso industrial no se cobre y de países en los cuales se apliquen otras reglas?
– Desgraciadamente conozco y es una práctica sobre todo en el mundo subdesarrollado que utiliza grandes potenciales de agua. El ejemplo más claro es Chile que, al revés de Uruguay, tiene autorizado por disposición constitucional, el derecho de uso y aprovechamiento del agua a perpetuidad y en forma gratuita. También en la región andina está el caso de Perú, donde el uso del agua para la minería ha generado una depredación enorme.
En los países desarrollados que no poseen grandes reservas de agua dulce las reglas que se aplican son otras. Por ejemplo, en Estados Unidos la privatización no llega ni al 10% de los servicios públicos en todo el país, ni en energía ni en agua. En Inglaterra lo mismo y aplican grandes sanciones por el deterioro medioambiental. En Europa está prohibida la forestación masiva con eucaliptos y otras especies que acá se están promoviendo. Es una lógica que no rige en sus países pero que la promueven en los nuestros.
– El tercer gran tema de la reforma fue el concepto de gestión, basada en el modelo de cuencas hídricas y sustentada en la participación de la población.
– El gobierno debía reglamentar este nuevo artículo de la Constitución. Era muy importante concentrar en una sola entidad todos los usos de las aguas porque hoy Uruguay tiene más de siete ministerios con competencia en materia de aguas. Cada ministerio tiene su política, pero estamos hablando de un ciclo hidrológico único y debería haber una política nacional de aguas con un enfoque integral, no una gestión parcializada, con varios centros de poder bastante impenetrables, que ha llevado a no poder avanzar en aspectos importantes.
Dispersión de planes y políticas
No hay consenso político para reunir todo en un ministerio y el gobierno crea la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA), en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se empieza a generar un espacio para discutir todos los temas del agua y la CNDAV propone incluir la participación. Para nosotros la participación es una nueva forma de ver al Estado y de gobernar, de invertir la relación con el Estado y ponerlo al servicio del individuo.
Visto en una perspectiva de cuenca, el tema del agua tiene que ver con todas las áreas de la vida, con el desarrollo productivo, la tierra, el agua, la energía, los servicios, todo. Aquí se inscribe la discusión sobre el uso del Acuífero Guaraní, del río Uruguay, de la Laguna Merím, del Río de la Plata, en lo que se ha avanzado muy poco. Es un tema central de la agenda del Mercosur: ver cómo vamos a prevenir los posibles conflictos de cuenca.
Ya tenemos un conflicto, no hemos sabido abordarlo y, evidentemente, se ha lesionado a los pueblos, a la gente. ¿Porqué?, porque no nos dimos la instancia para debatir algo que va a seguir sucediendo. Ante un recurso escaso todo lo que se instale sobre cuencas de la importancia del río Uruguay va a generar conflictos entre países y esa es la realidad en Medio Oriente y en todo el planeta. Hablar de la reforma nos lleva a hablar de la realidad geopolítica y de qué tan maduros estamos para discutir estas cosas.
– ¿Que ha pasado en el ámbito de la DINASA con respecto a este tema?
– Junto con la dirección, se crea la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASA), que vendría a ser parecida a la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA) existente en el MVOTMA. La COASA se integra con delegados de organismos públicos y privados, representantes de la sociedad civil y de los usuarios.
– Algunas ONG han expresado que la COTAMA no ha servido como instancia de debate ni de asesoramiento real a las autoridades del ministerio.
– La COASA arrancó con el debate de que no se transformara en una COTAMA y de que los insumos que se vertieran en esta comisión sirvieran de aporte a la legislación que tiene que traducir en hechos los principios rectores de la reforma. Propusimos que se empezara a discutir desde los lugares donde podemos prever conflictos, donde más o menos tenemos conflictos y donde hay conflicto. Tal vez no entrar de lleno en el tema Botnia, en el cual se ha creado una cortina de humo que ha opacado la discusión de fondo. No se ha podido abordar de una manera más sana lo que nos concierne a todos, que es el modelo de desarrollo y qué vamos a hacer con las cuencas.
En la COASA se ha tratado de avanzar en la definición de una propuesta para presentar al Parlamento para sancionar una ley que regule todo lo referido a los recursos hídricos y la participación social. En lo que hemos avanzado es en ver las dificultades que existen para avanzar. Es decir, hay una enorme diversidad de planificaciones, en distintas direcciones según el que la promueve, cuando la política de aguas tiene que ser una, con una misma concepción, un contenido y adaptada a la coyuntura.
El problema es quién tiene la competencia de llevar, por ejemplo, un estado de situación sobre la cuenca del río Uruguay, en materia de cantidad y de calidad, para luego demostrar, si esta empresa llega a contaminar o afectar, que realmente fue la empresa. Esto no está, no hay ningún organismo con competencia que lo esté haciendo. En esto está el debate y como todo es lento, mientras tanto se suceden los problemas que estamos viviendo, las urgencias, las cosas avanzan, la inversión que no deja de venir y que no tiene nada que ver, en nuestra opinión, con el desarrollo de la cadena productiva.
Estos megaproyectos siguen entrando en América Latina y se mantiene una impronta de sobreexplotación de los recursos naturales como la única salida económica para la región. Esto atado al proyecto IIRSA (la Iniciativa de Infraestructura Regional Sud Americana), en donde se prevén los corredores de salida a nivel fluvial, carretero y ferroviario para la exportación de nuestros productos naturales.
Ante eso, realmente, no basta con esta reforma constitucional.
Gobierno y desmovilización social
– La reforma fue producto de una discusión y una movilización de la sociedad. ¿En términos de movilización, hoy qué se plantean?
– Ha sido mucho más difícil reconstruir el tejido social en esta etapa de lo que fue antes de este gobierno. Realmente este gobierno progresista ha desmovilizado al movimiento social. Más allá de conflictos puntuales, desmovilizado en el sentido de esa discusión grande, de qué país queremos, hacia donde vamos, cuánto es esto parte de una cadena productiva, hacia qué proyecto político de cambio estructural real estamos yendo. Y esto ha costado porque en este tiempo las organizaciones sociales hemos tenido que atender lo que ha sido el ‘shock’ de tener grandes liderazgos del movimiento sindical y social en el gobierno.
Esto no está pasando sólo en Uruguay, está pasando en Bolivia, en Ecuador, en muchos países, porque es la primera vez en la historia que movimientos progresistas de izquierda llegan al gobierno con líderes sociales. Esto desmoviliza porque movilizarse se entiende de alguna manera como un ataque a esa representación en el gobierno y estamos recién aprendiendo a separar las responsabilidades que se tienen a nivel de un gobierno, de la administración, de los cometidos que se cumplen a nivel de un movimiento social o una organización no gubernamental. Esto nos está llevando un montón de tiempo y desgaste emocional, que estamos colocando en talleres, asambleas, etc. Somos muchos, en distintos lugares, con distintos nombres, por tierra, por agua, por soberanía, etc., pero que estamos buscando definir adónde vamos, para qué y qué tanto el gobierno integrado por antiguos compañeros está siguiendo verdaderamente un proyecto de cambio.
– ¿Estos temas que se están discutiendo con respecto a la política del agua, están siendo acompañados desde el PIT- CNT?
– Poco, realmente poco, a pesar de que tenemos un compañero de FFOSE, que integra el Secretariado del PIT-CNT y que fue designado para representarlo ante la COASA. También se instaló la Comisión de Asuntos Agrarios, que trata el tema agua y el tema tierra, pero no hay una comisión de agua en el PIT-CNT y no estamos teniendo un trabajo estable a nivel programático sobre este tema a nivel de la central.
– Y ¿relacionado con la preparación del Congreso del Pueblo?
– Ahí sí, hay un eje central que tiene que ver con tierra, agua, energía y soberanía. Tenemos una coordinación muy fuerte con la Federación Ancap, con FUCVAM, y otros movimientos, hicimos la marcha «juntos por agua, tierra y empresas públicas» desde Bella Unión hasta Montevideo. Esta coordinación surgió naturalmente ante estas reflexiones en conjunto de muchas organizaciones, está tomando cada vez más fuerza y se está animando a dar el debate, de cara al Congreso del Pueblo y las instancias orgánicas propias del PIT-CNT.
La central tiene un debate no menor sobre las fuentes de trabajo, el trabajo y la cadena productiva, cruzado con qué tipo de trabajo, en qué condiciones, para qué y con qué fines. En el último congreso del PIT-CNT se vio clarísimo que cada debate que dábamos sobre condiciones de trabajo, desarrollo productivo, programático, lo que fuere, se topaba con el tema de las fábricas de celulosa. Creo que el movimiento sindical está avanzando también en este tema, está cambiando desde la dirección su visión frente a esto, después que ya tenemos algunos hechos concretos.
Nos faltó capacidad de visión
Lo que ha sido Botnia, por ejemplo, no va a cambiar, al contrario, se va a profundizar. Ya sabemos lo que pasó en España. Y bueno, esas nuevas fuentes de trabajo son espejitos de colores, pan para hoy y hambre para mañana. El modelo forestal hay que pararlo, hay que hacer una ley que diga basta, que el millón de hectáreas plantadas son más que suficientes. Este tema ya lleva 30 años y en el movimiento social no tuvimos la capacidad suficiente para ver el impacto que esto iba a tener, no lo vimos, como tampoco vimos en los años 90-92 las privatizaciones de que se hablaba hasta percibir los impactos.
No vimos que esto forma parte de un movimiento empresarial muy fuerte a escala mundial, que busca apropiarse de recursos naturales como el agua para transformarlos en capital. Se discute cuál es el precio justo del agua y nosotros planteamos que una cosa es el agua de uso doméstico, para consumo humano, y otra cosa es el agua para transformarla en capital. Estamos hablando de un líquido vital que no tiene sustituto, el agua es única, es finita, se está acabando, se está malgastando, y tenemos estos emprendimientos para transformar el agua en capital, es concentración de capital. Este es el debate.
Uruguay, por suerte, tiene un acceso al agua importante, ejemplo en el mundo, agua que se toma de la canilla, pero por otro lado vamos camino a la depredación. Hay que ver el estado de la cuenca del río Santa Lucía, del río Uruguay, de la Laguna Merim, no es por mucho tiempo más que vamos a seguir teniendo buenas condiciones.