El poder del cabildo de las armas de fuego en Estados Unidos -y la determinación de los políticos republicanos de mimar a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y a otros fundamentalistas de la Segunda Enmienda aún en presencia de una tragedia-nunca se puso más en evidencia que hace dos semanas, cuando el recién estrenado […]
El poder del cabildo de las armas de fuego en Estados Unidos -y la determinación de los políticos republicanos de mimar a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y a otros fundamentalistas de la Segunda Enmienda aún en presencia de una tragedia-nunca se puso más en evidencia que hace dos semanas, cuando el recién estrenado presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, rechazó un llamado unánime de los 16 miembros demócratas del comité de que se celebraran audiencias acerca de temas de seguridad de armas.
Los miembros demócratas querían que el comité revisara la venta de depósitos de municiones de alta capacidad y el sistema de revisión de antecedentes para evitar que personas con problemas psiquiátricos adquieran armas de fuego. La solicitud de la minoría demócrata de citar a audiencias acerca de la venta de depósitos de alta capacidad y de las maneras de evitar que los individuos con problemas psiquiátricos adquieran armas no podía ser más oportuna o convincente. Hace unas dos semanas, una colega del Sr. Smith, la demócrata por Arizona Gabrielle Giffords, fue gravemente herida en un intento de asesinato que dejó seis muertos y 13 heridos.
El ataque, que tuvo lugar el 8 de enero frente a un supermercado de Tucson durante un acto organizado por Giffords como una oportunidad para reunirse con electores, fue perpetrado por un pistolero solitario. El asesino, supuestamente Jared Lee Loughner, pudo provocar tal carnicería porque llevaba una pistola equipada con un depósito especial con el que se podía disparar 33 veces sin recargar.
La venta de tales depósitos estaba prohibida en Estados Unidos como parte de una prohibición especial a los fusiles de asalto. Pero en 2004, el Congreso controlado por los republicanos permitió que la prohibición caducara, lo que abrió el camino para la venta legal no solo de depósitos de ese tipo, sino también de armas militares como el AK-47 y el M-16. En su lugar, cada vez hay más de estas armas en manos de pandillas criminales de este país. Adicionalmente, fusiles de alto poder comprados en Estados Unidos y contrabandeados hacia México han sido un factor importante para alentar las sangrientas guerras de drogas que enfrentan a cárteles rivales, la policía mexicana y el ejército mexicano. Más de 30 000 personas han muerto en ese conflicto durante los últimos cinco años.
Pero no son solo las pandillas transnacionales, como la Mara Salvatrucha (presente en Estados Unidos y Centroamérica), y los narcotraficantes mexicanos y sus matones de alquiler los que han descubierto que es ridículamente fácil comprar en Estados Unidos armas capaces de matar o herir a muchas personas en unos pocos segundos. También lo han hecho una serie de individuos seriamente perturbados como Eric Harris y Dylan Klebold (los asesinos de Columbine), Seung-Hui Che (el perpetrador de la masacre de Virginia Tech), y Jared Loughner, el acusado del ataque asesino en Tucson.
Como muchas otras personas seriamente perturbadas, Loughner pudo pasar una revisión de antecedentes, a pesar de haber sido rechazado por el Ejército de EE.UU. y exhibir ideas y comportamiento grotesco. Es más, incluso si un delincuente o una persona con discapacidad mental es detectada por el poroso sistema de revisión de antecedentes, aún así puede comprar un arma, incluso un fusil de asalto, en una exposición de armas en las que no se exige una revisión de antecedentes para la compra-venta.
Hasta ahora la tragedia de Tucson no ha afectado el pensamiento de los amantes de las armas ni tampoco ha afectado ni un ápice la política pública. Los republicanos, que controlan ahora la Cámara de Representantes, no están dispuestos ni siquiera a considerar la celebración de audiencias acerca de temas relacionadas con las armas, mucho menos aprobar cualquier legislación seria de control de armas. Mientras tanto, en vez de considerar la restricción de armas, algunas legislaturas estatales quieren relajar las reglas acerca de portar armas en público.
Las noticias provenientes del poder judicial son aún más sombrías. En 2008 y 2010, el derechista Tribunal Supremo, legado de varios presidentes republicanos, derogó
firmes leyes de control de armas en Washington, D.C. y Detroit. Peor aún, en una decisión de 5 a 4, por primera vez el Tribunal decidió que la Segunda Enmienda confiere a un individuo el derecho a la propiedad de armas, independientemente del concepto de «milicia bien ordenada» que se encuentra en el lenguaje de la enmienda.
El poder ejecutivo no ha ofrecido una opinión contrapuesta a esas preocupantes tendencias. En su Discurso acerca del Estado de la Nación, que fue pronunciado poco después de la masacre de Tucson, el presidente Obama no mencionó el tema de las armas y la violencia.
Aunque las encuestas prueban que la mayoría de los norteamericanos están a favor de más estrictos controles de armas, el poder de cabildeo de la NRA, el apoyo a débiles leyes de armas por casi todos los políticos republicanos, más unos cuantos demócratas, y el fanatismo movilizado de los más extremos defensores de la Segunda Enmienda, conspiran para evitar que en un futuro previsible se instituya en Estados Unidos una política racional acerca de las armas.
El resultado es trágicamente predecible. En un año reciente, los homicidios por arma de fuego totalizaron 17 en Finlandia, 35 en Australia. 39 en Inglaterra y Gales, 60 en España, 194 en Alemania, 200 en Canadá y 9 484 en Estados Unidos. ¿Qué les parece ese ejemplo del excepcionalismo norteamericano?