Asamblea Asamblea por Tenerife considera que la adjudicación aprobada hoy por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, también con los votos favorables de los representantes socialistas, de las primeras obras para construir el Puerto Industrial de Granadilla es una burla a la democracia y a la Justicia, y demuestra que muchos políticos en […]
Asamblea por Tenerife considera que la adjudicación aprobada hoy por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, también con los votos favorables de los representantes socialistas, de las primeras obras para construir el Puerto Industrial de Granadilla es una burla a la democracia y a la Justicia, y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en la impunidad total.
Es impresentable que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos pues se ha modificado el proyecto. Para intentar salvar el primer escollo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tuvo que aprobar previamente el primer punto del día: «el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad «Club Deal», para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla», según se informa en la web de la Autoridad Portuaria.
Solicitamos que la Autoridad Portuaria publique los nombres de las entidades financieras que apoyan las obras de Granadilla, para confirmar si también está detrás de esta operación, como en Las Teresitas, CajaCanarias.
Se han adjudicado por 114.582.734,45 euros (114,5 millones de pesetas, más de 18 mil millones de pesetas) las obras de abrigo del Puerto de Granadilla a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcción, S.A./SATO/Promotora Punta Larga, S.A., esta última involucrada en la operación de Las Teresitas y en manos del empresario Antonio Plasencia. Las empresas tienen un plazo de ejecución de 37 meses.
Además, según denuncia la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, que forma parte de Asamblea por Tenerife, «una vez adjudicado el proyecto, si se tuviera que desechar» por todas las supuestas irregularidades cometidas, «la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse en un 20% del coste total de la obra, o sea, unos 27 millones de euros», que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Asamblea por Tenerife reclama la suspensión de cualquier obra que se pretenda iniciar en el Puerto de Granadilla y defiende la ampliación del Puerto de Santa Cruz. Solicita también al Fiscal Anticorrupción que investigue de oficio todo el expediente, incluyendo la venta de solares anexos, y al candidato socialista al Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, que se pronuncie públicamente para saber si está a favor o en contra de este proyecto y qué es lo que hará en consecuencia.
En último término, y en aras al fortalecimiento de esta maltrecha democracia, este movimiento social considera que debe ser todo el pueblo de Tenerife el que se pronuncie sobre la obra en una consulta popular convocada en igualdad de condiciones, para que no suceda lo mismo que con el referéndum sobre la OTAN.
Por último, este movimiento social anima a todos los ciudadanos que han respondido a anteriores convocatorias para que acudan el próximo sábado con una bolsa de basura a un acto convocado por la organización ecologista Ben Magec en contra del Puerto en Granadilla y que se celebrará en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz a partir de las 12:00 horas.
PD: El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria está formado por 25 representantes, aunque en la web oficial de Puertos de Tenerife (www.puertosdetenerife.org) aparece vacío el contenido y no se puede ver su composición.