Traducido del inglés por Carlos Sanchis
Un nuevo informe y una campaña de cartelera lanzada por el grupo israelí Im Tirtzu -«Segunda revolución Sionista»-, acusa al menos a doce grupos israelíes de derechos humanos de apoyar o implicarse en la acusación de funcionarios israelíes por graves violaciones del derecho internacional en tribunales extranjeros, bajo el principio de la «jurisdicción universal» (ver abajo).
Lanzada para coincidir con el Día de la Conmemoración Israelí el 19 de abril y con el Día de la Independencia el 20, la campaña también acusa a dos entidades que conceden subvenciones, el Nuevo Fondo de Israel (NFI) y la Fundación Ford, de complicidad en estas actividades.
El informe, del cual 34 páginas han estado disponibles para JNews, fue publicado el viernes por el periodista Ben Caspit del periódico israelí Ma’ariv. (Tanto el informe como el artículo están en hebreo.)
Caspit cubrió ampliamente el informe con simpatía, aunque objetó a la descarada conexión con el Día de la Conmemoración. Según este artículo: «Im Tirtzu está guardando el gran final de la campaña para el Día de la Conmemoración. Aparecerá un impactante cartel: con un segundo plano de una corona depositada sobre la tumba de un soldado del ejército israelí caído en la operación «Plomo Fundido», con una antorcha ardiente en el fondo, aparecerá el siguiente texto: ‘¡Nosotros saludamos, ellos persiguen! Nuevo Fondo de Israel y Adalah: Subversivos, hemos tenido suficiente de vosotros.'»
El presidente de Im Tirtzu, Ronen Shoval, es citado en este artículo como diciendo: «Esta investigación y sus resultados nos ponen enfermos. Todas las madres hebreas deben saber que mientras sus hijos está de guardia, en alguna parte hay un abogado vinculado al NFI sentado pensando cómo convertirlo en un criminal de guerra.»
Esto último es un juego de palabras sobre una famosa cita de David Ben-Gurion, que dijo que toda madre hebrea (judía) debe saber que su hijo está en buenas manos en el ejército.
Caspit dice que el NFI emplea un «sistemático modelo de acción» y que ello «establece y patrocina docenas de organizaciones radicales antisionistas.» Añade que el objetivo de la campaña de Im Tirtzu es exponer la «antítesis» para el Día de la Conmemoración: «israelíes que piden a tribunales internacionales que lleven a cabo ‘asesinatos selectivos’ contra funcionarios israelíes.»
El informe
El informe apunta al grupo de derechos humanos con sede en Gaza, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, siglas en inglés) como el principal promotor de acciones legales contra cargos israelíes en el extranjero en los últimos años. Después trata de describir los vínculos entre esta organización y los grupos de derechos humanos israelíes, el NFI y la Fundación Ford.
El informe menciona una plétora de organizaciones israelíes incluyendo a Gisha, Bimkom, Médicos por los Derechos Humanos, HaMoked, B’Tselem, la Asociación para los Derechos Civiles, el Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI), Yesh Din, MachsomWatch, TV Social, Zochrot, la Coalición de Mujeres por la Paz (CWP), Adalah y Rabinos por los Derechos Humanos, pero las acusaciones dirigidas a ellas son mucho más amplias.
La mayoría de estas organizaciones son castigadas por mantener relaciones actualmente con el CPDH y otras organizaciones palestinas, intercambiando información sobre derechos humanos con ellas y emitiendo declaraciones conjuntas contra violaciones de estos derechos. TV Social también es castigada por haber organizado debates públicos sobre el principio de la Jurisdicción Universal.
El informe también critica al abogado israelí Michael Sfard (Yesh Din) y a Ishai Menuhin (PCATI) por decir que si los funcionarios israelíes no son llevados ante la justicia en Israel, deben enfrentarse a acusaciones en el extranjero, mientras que el grupo pacifista y feminista Coalición de Mujeres por la Paz (CWP), es atacado por haber emitido una declaración apoyando la acusación fuera de Israel de cargos israelíes por crímenes cometidos durante la ofensiva de Gaza (2009).
Menuhin es descrito como habiendo promovido un caso de crímenes de Guerra mientras era portavoz del grupo antimilitarista israelí Yesh Gvul, mientras que el grupo de derechos humanos Adalah -Centro legal para los Derechos de la Minoría Árabe en in Israel- está en el punto de mira por haber proporcionado una opinión legal para uno de los casos en el extranjero.
El informe también examina en detalle la historia y conexiones de Jamil Dakwar, un abogado cuyos estudios fueron anteriormente financiados por el NFI y que ahora está activo en presentar casos de crímenes de guerra contra formuladores de políticas israelíes. Las relaciones financieras entre estas organizaciones y el NFI y la Fundación Ford, también son exploradas en detalle.
El último de una serie de ataques a disidentes
El informe es el segundo de una serie de ellos por parte de «Im Tirtzu.» Un primer informe, cubierto por el mismo reportero en enero, acusó a 16 organizaciones israelíes y al NFI de proporcionar al equipo de la ONU dirigido por el juez Richard Goldstone muchas de las pruebas que necesitaba para describir las violaciones israelíes de los derechos humanos cometidas durante la ofensiva de Israel contra Gaza en el invierno de 2008-2009.
La publicación del primer informe por este grupo fue seguida de una vitriólica campaña pública contra el NFI y las organizaciones que apoya, llevada cabo en todas las principales distribuidoras de los medios de comunicación israelíes, así como una campaña de carteles que se centró personalmente en la presidenta del NFI, la antigua parlamentaria en la Knesset, profesora Naomi Chazan.
El objetivo declarado del informe y de la campaña era exponer las actividades de los grupos de derechos humanos israelíes que critican a Israel de una manera que deslegitima al país.
El primer informe citaba una alocución del primer ministro Netanyahu a la Knesset, que definía «la amenaza Goldstone» como «un códice para un intento de deslegitimar el derecho de Israel a la autodefensa» y como una amenaza para el Estado de Israel.
Un think-tank israelí, el Instituto Reut, y otros analistas han definido lo que ellos ven como los límites del discurso legítimo empleando términos similares. En febrero se presentó una proposición de ley en la Knesset, que, de ser aprobada, requeriría a multitud de organizaciones de la sociedad civil israelí registrarse de nuevo como «entidades políticas», revocando su estatus de exención de impuestos y obligándoles a declarar cualquier financiación oficial extranjera en todas las apariencias públicas. La primera lectura de la ley se aprobó con 58 miembros de la Knesset a favor y 11 en contra.
Más recientemente, la informante israelí de 23 años Anat Kamm, que filtró documentos militares secretos sobre asesinatos ilegales al periodista Uri Blau de Haaretz, ha sido procesada, entre un debate público explosivo -y después de una prolongada orden de mordaza- por «espionaje serio con intención de causar un grave daño a la seguridad del Estado. » Algunos analistas israelíes conjeturan que la gravedad de los cargos contra Kamm son el resultado del hecho de que sus pruebas pueden servir como base para órdenes de arresto contra altos mandos militares en el extranjero.
Conmoción en la comunidad de los derechos humanos en Israel
Las organizaciones de derechos humanos israelíes han expresado su conmoción por lo que ellos consideran la última etapa de una campaña contra la disidencia en Israel.
La directora de Médicos para los Derechos Humanos de Israel, Hadas Ziv, advirtió que en ninguna parte el informe intenta refutar o negar la veracidad de las alegaciones hechas en los casos de crímenes de guerra en el exterior. «Hubiera estado feliz de verlos tratar de refutar la información, pero esto ellos no pueden hacerlo», dijo. «En cambio prefieren pegarle un tiro al mensajero, y mientras hacen esto minan nuestra lucha por los valores democráticos y los derechos humanos. «
Ziv añadió, «Piensan que las madres están preocupadas porque sus hijos sean procesados por crímenes de guerra, yo les digo que las madres temen que les maten a sus hijos, o los conviertan en criminales de guerra. ¿Que mejor modo de evitar esto que respetar el derecho internacional y esforzarse por la paz? «
Adalah ha calificado la campaña de carteles, destinada a exponerse en todas las ciudades importantes de Israel, de «incitación». El director del grupo, Hassan Jabareen, ha añadido que «la campaña emprendida hoy contra organizaciones de derechos humanos en Israel ha comenzado después de ataques sistemáticos al Tribunal Supremo, y viene en paralelo a ataques contra los periodistas y la libertad de la prensa. Este clima político refuerza lo que Hanna Arendt dijo del ascenso del totalitarismo: éste comienza cuando la política desea trabajar fuera de la ley y de la opinión disidente».
Eilat Ma’oz, directora de CWP, dijo: «El informe de Im Tirzu es una respuesta histérica a una creciente marea de demandas internacionales de responsabilidades». Añadió que el llamamiento de la CWP para la protección de la jurisdicción universal había sido apoyado por 98 importantes organizaciones feministas de todo el mundo, y agregó que «silenciar las voces disidentes dentro de Israel simplemente destaca la necesidad de la intervención internacional para alcanzar justicia.»
Jurisdicción Universal
En los últimos años los grupos de derechos humanos han examinado la posibilidad de usar el principio de jurisdicción universal para responsabilizar a importantes cargos políticos y militares israelíes por las graves violaciones de los derechos humanos.
Según los grupos de derechos humanos israelíes y palestinos, estas tentativas se hicieron después de años de acción legal en los tribunales israelíes, que fracasaron en obtener una mejora significativa respecto a las prácticas israelíes en materia de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y originando una atmósfera de impunidad entre las fuerzas de seguridad de Israel.
Los gobiernos israelíes han respondido ejerciendo presión sobre varios países, incluyendo a España y el Reino Unido, para limitar o cambiar sus leyes respecto a la jurisdicción universal para impedir los arrestos de israelíes en estos países
Esta semana el Tribunal Supremo español dio carpetazo a una investigación a siete importantes comandantes israelíes y a los responsables de formular la política respecto a un ataque aéreo que mató al militante de Hamás, Salah Shehadeh junto a 14 civiles en 2002. La investigación se inició en 2009, después de lo cual España adoptó un proyecto de ley para limitar el alcance de sus leyes sobre jurisdicción universal. En el reino Unido una orden de arresto contra la ex ministra de Exteriores Tzipi Livni llevó a la presión israelí para cambiar las leyes del reino Unido. La decisión finalmente se pospuso.
Fuente: http://www.jnews.org.uk/news/