Con la aparición de la Ley HR 345, también conocida como el «Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011 o la Ley de Traspaso o del Fin de la Libertad de Expresión – que convierte en un delito federal, castigado hasta con 10 años de cárcel, el traspasar un área donde se encuentran […]
Con la aparición de la Ley HR 345, también conocida como el «Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011 o la Ley de Traspaso o del Fin de la Libertad de Expresión – que convierte en un delito federal, castigado hasta con 10 años de cárcel, el traspasar un área donde se encuentran funcionarios del gobierno o se realizan funciones del gobierno y estar implicado en un acto de desorden como lo es una protesta pública-, los expertos y la opinión pública han comenzado a desmenuzar el alcance y los riesgos de esta ley que, curiosamente, fue discutida casi en secreto en el Congreso -como su fuera una Conspiración contra los derechos del pueblo – y firmada por el Presidente Obama (el 9 de marzo) sin que los grandes medios de comunicación dieran cuenta de ello.
En este contexto, cabe señalar que cuando la votación de esta ley tuvo lugar en la Casa de Representantes el 28 de febrero, la medida fue aprobada por 338 votos a favor contra 3 en contra. Y lo curioso fue que los tres disidentes eran Republicanos; Paul Broun, de Georgia; Justin Amash, de Michigan; y Keith Ellison, de Minnesota. El congresista Ron Paul, también Republicano, había votado contra la ley pero durante el voto original 02/28/11. En la votación final, Paul se abstuvo.
Ahora bien, entre los que se opusieron a la medida no lo hicieron porque violaba la Primera Enmienda sino por otras razones. El congresista Amash, por ejemplo, en su respuesta a Jeanine Molloff del Huffington Post, explica: «Bajo la ley actual es ilegal entrar o permanecer en un área visitada temporalmente por ciertos oficiales del gobierno (particularmente, los que tienen protección del Servicio Secreto) sí y solamente sí la persona sabe que es ilegal entrar en el área restricta pero lo hace de todos modos. La HR 347 amplía la ley actual por convertir en un crimen el acto de entrar o permanecer en un área visitada por un funcionario incluso si la persona no sabe que es ilegal estar en dicha área y que no tiene ninguna razón para sospechar que es ilegal. (La HR 347 lo hace cambiando «voluntariamente y con conocimiento» a solo «con conocimiento» con respecto al estado mental requerido para ser acusado de un crimen. Así, Amash está en lo correcto en notar que la omisión de la palabra «voluntariamente» representa una carga injusta para el ciudadano. En términos legales, dice Molloff, esta omisión crea una situación donde cualquier persona puede ser acusada de un crimen federal por «traspasar» un terreno compartido por una persona o un grupo que recibe la protección del Servicio Secreto; INCLUSO SI EL «DELINCUENTE» NO TENÍA NINGÚN CONOCIMIENTO DE QUE TAL PERSONA(S) PROTEGIDAS ESTABAN PRESENTES. Así, en teoría, en cualquier lugar donde ocurra una protesta las autoridades locales podrían interpretar la situación para presentar cargos criminales masivos contra un comportamiento protegido constitucionalmente tal como el derecho de protestar.
Así pues, Amash no tiene ningún problema con criminalizar a los manifestantes que están en, o cerca (como dice la ley), de los terrenos «reales del Congreso o la Casa Blanca, o incluso en un hotel donde se realiza una recaudación de fondos y donde la aristocracia legislativa está protegida por el servicio secreto -su objeción se basa en el turista promedio que puede tropezarse involuntariamente en tierra ‘santificada’ ocupada por la realeza de nuestro gobierno», escribe Molloff.
La defensa de Rooney
Por el contrario, entre los que aprobaron la ley, como el congresista Tom Rooney, un Republicano de Florida, dice que no hay que preocuparnos.
Michael Mahaffey, director de comunicaciones de Rooney, en su respuesta a Molloff desestimó cualquier preocupación por las violaciones de las libertades civiles causadas por la H.R. 347 como… «un gran lío por nada. Esto (la HR 347) no afecta el derecho de cualquier persona para protestar dondequiera que sea y en el momento que quiera. Jamás». Mahaffey añade que esta ley no es nada más que «una actualización» de la Sección 1752 del título 18, del Código de Estados Unidos, diseñado a salvaguardar a las personas bajo la protección del Servicio Secreto. Atribuyendo la HR 347 como una extensión de esa protección al área del DC (donde tales protecciones caen bajo el alcance de las ordenanzas locales sobre la violación del traspaso) -Mahaffey explicó que «… antes no era una violación federal saltar una cerca y correr a través del césped de la Casa Blanca, ahora la ley la convierte en una violación federal». Y Mahaffey agrega que este cambio fue solicitado por el propio Servicio Secreto.
La naturaleza de la protesta
«El problema con la respuesta de Rooney vía Michael Mahaffey se basa en la misma naturaleza de la protesta», escribe Molloff. «Mahaffey dice que esta ley no pisotea el derecho de protestar constitucionalmente protegido, aún cuando la propia ley criminaliza la ‘conducta desordenada’ en términos tan vagos como que un alumno del 7mo grado interrumpa la visita de dignatarios que reciben la protección del Servicio Secreto, sobre cualquier tema -(no importa cuán trivial sea), por ejemplo por los uniformes escolares- puede ser potencialmente culpable de un crimen federal. Así, en este punto crítico, lo qué Rooney y muchas élites del gobierno ignoran cínicamente, para defender la HR 347, es la propia naturaleza de la protesta. Protestar, en su propia naturaleza y esencia, es un intento de interrumpir las acciones del gobierno como, por ejemplo, interrumpir la aprobación de las leyes anti-inmigrantes. Entonces, la HR 347 es un golpe a la Constitución, porque quiebra el derecho a protestar, el derecho de pedirle a un gobierno que cambie de dirección. Es decir no perder nuestro derecho a protestar por lo que uno considera injusto.
Protegiendo a la «realeza»
Mientras tanto, este Congreso y el Presidente de la «Esperanza» se han establecido así mismos como aristócratas y monarcas, debido a que esta ley representa una línea Maginot legislativa que separa al Congreso, al Presidente y las corporaciones que parecen ser dueños de ellos -del resto de nosotros, la chusma. Y más grave aún es como, en esta era de la creciente militarización policial y de la reducción de las libertades civiles aquí y por todo el mundo, esta ley hizo su camino a través de los pasillos del ilustre Congreso. La realeza no se entretuvo con la chusma. No hubo ninguna discusión pública de la ley por un año entero. Ni un solo miembro del Congreso -sí, esos políticos que le piden el voto a los ciudadanos- habló contra esta obscenidad. Ni uno de ellos alertó a la prensa. Menos aún entraron en contacto con los grupos defensores de los derechos civiles. Y este silencio puede ser calificado totalmente como una conspiración para arrebatarle sus derechos al pueblo. Y como ya señalamos antes, la HR 347 es sólo una estaca más en el cercó legal que los Amos del Universo están construyendo para dominar a la plebe. Solo el año que pasó, el presidente que hizo campaña sobre el «cambio» junto con el congreso (en su mayor parte) firmó cada golpe mortal a los Derechos Civiles. El presidente Obama ha reclamado el derecho de declarar a cualquier persona un «terrorista» o «simpatizante de los terroristas» basado en nada más que la opinión presidencial, y pedir su asesinato. No se requiere ninguna evidencia -por lo menos que el público puede ver. Y en la cocina del Congreso hay proyectos de ley para despojar de la ciudadanía a los ciudadanos estadounidenses «sospechosos» de acciones terroristas, para poder encarcelarlos indefinidamente sin ningún proceso legal. Nos dicen «confiar ciegamente» en nuestros funcionarios electos aun cuando ellos son indignos de tal confianza. Ahora nuestro derecho de protestar, por causar desorden -ha sido criminalizado como una felonía federal.
– Ingeniero ¿qué más puede ocurrir contra los Derechos Civiles? – No lo sé, pero como lo dijo hace poco un político francés, «esto se parece al período inicial del nazismo, a comienzos de los años 1930, que se caracterizó por una serie de leyes que eran anticonstitucionales y violaban los derechos humanos».
1) http://www.huffingtonpost.com/
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