Un día antes de la masacre de ayer, miles de entusiastas de las pistolas aprovechaban el domingo para curiosear entre los stands del American Center de San Luis, echando un vistazo a los productos más golosos y recientes del mercado de armas. Fue en Missouri, durante la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle […]
Un día antes de la masacre de ayer, miles de entusiastas de las pistolas aprovechaban el domingo para curiosear entre los stands del American Center de San Luis, echando un vistazo a los productos más golosos y recientes del mercado de armas.
Fue en Missouri, durante la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), que prometía celebrar uno de los mejores encuentros de sus 136 años de historia: «La reunión de la ANR proporciona una atmósfera segura y divertida que puede disfrutar toda la familia», rezaba el programa para una cumbre cuyo espíritu era el de «festejar la libertad» y cuyo calendario incluía seminarios como Rechaza ser una víctima o Dispara por diversión y para potenciar aptitudes.
Uno de los momentos culminantes del encuentro fue la firma del gobernador de Missouri, Matt Blunt, ratificando una ley que garantiza a los ciudadanos que no se les confiscarán las armas ni siquiera en casos de emergencia, como el del Katrina. Todo ello después de que dos asociaciones denunciaran la requisa de pistolas tras el huracán.
Con cuatro millones de miembros, la ANR se enorgullece de ser la organización de derechos civiles más antigua de América y abandera la libertad de posesión de armas, amparándose en la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, la resaca de cada masacre escolar en EEUU reabre siempre el debate sobre su control. La asociación suele negarse a vincular matanzas como la perpetrada ayer en la Universidad Técnica de Virginia con la libre circulación de pistolas, que reivindica en nombre de la seguridad de los ciudadanos y de la reducción de la tasa criminal.
Una tesis contraria a la de asociaciones como el Centro Brady para la Prevención de la Violencia Armada.
«Hemos presenciado otra horrible tragedia que nunca será olvidada. Es preciso ahora adoptar unas normas de sentido común para prever que tragedias como ésta continúen ocurriendo», advertía el presidente del Centro Brady, Paul Helmke, en relación a la masacre de ayer.
«Se sabe bien lo sencillo que es para un individuo conseguir armas en nuestro país», aseguraba Helmke, preguntándose: «¿Qué hemos hecho como nación en ocho años desde [la matanza de] Columbine para remediar este problema en nuestras escuelas y comunidades?». La respuesta, según él, es nada: no se han promulgado nuevas leyes sobre control de armas, mientras que en 2004 se dejó expirar la prohibición sobre las de asalto.
El año pasado, el Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que protegía a los fabricantes, importadores y distribuidores de armas de fuego de demandas civiles por la comisión de delitos con esos artefactos, según informa Efe. Un intento de proteger al poderoso lobby estadounidense de esa industria, según sus detractores.
Aunque el patrocinador de la ley, el republicano Larry Craig, la defendió entonces con el argumento de que es necesario castigar a los verdaderos responsables de los delitos y no a los fabricantes o vendedores de armas que cumplen con la legislación.