Una mujer de 53 años falleció en Barakaldo (Vizcaya) tras arrojarse al vacío desde su piso cuando llegaba la comitiva judicial que iba a desahuciarla. Según informaó el Departamento de Interior del País Vasco, los hechos se produjeron en torno a las 9.20 horas de la mañana de ayer. La Caixa puso el piso en […]
Una mujer de 53 años falleció en Barakaldo (Vizcaya) tras arrojarse al vacío desde su piso cuando llegaba la comitiva judicial que iba a desahuciarla. Según informaó el Departamento de Interior del País Vasco, los hechos se produjeron en torno a las 9.20 horas de la mañana de ayer.
La Caixa puso el piso en venta
A pesar de que no se había ejecutado formalmente el desahucio, la vivienda de la familia Asensio Egaña, según las noticias que posteriormente transcendieron, se ofrecía desde hace un año en el portal inmobiliario servihabitat.com, que pertenece a La Caixa. Junto a la fotografía del edificio, se incluía un precio de salida de 233.180 euros y se animaba a los interesados a pujar. Además, en el anuncio se precisaba que no era posible la «visita inmediata» porque las llaves no estaban disponibles «temporalmente».
Tal fue el revuelo mediático que se originó a lo largo de la tarde en las redes sociales, que el anunció fue retirado del portal al igual que otras viviendas del área, la zona Urban-Galindo. Ayer mismo, el grupo La Caixa anunció que hasta setiembre ha obtenido un beneficio neto atribuido de 157 millones de euros.
Por la mañana, a escasos metros de donde cayó Amaia Egaña, la portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte, afirmó que el suicidio de esta mujer era un caso evidente de «terrorismo financiero», al tiempo que emplazó a los partidos políticos a que «negocien una solución a este problema» para que, de manera inmediata, se paralicen los desahucios.
Esta muerte se produce justo un día después de que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, emitiera un dictamen contrario a la ley española de desahucios. Este informe concluye que no garantiza una protección eficaz de lo consumidores frente a cláusulas abusivas que perjudican a los consumidores [1].
Hace tan solo dos semanas, otro suicidio causó gran conmoción social. José Miguel Domingo Águila se ahorcó en su casa de Granada horas antes de que fuesen a desahuciarle. Ese mismo día, otro hombre se arrojó al vacío justo cuando llegaba a su casa la comitiva judicial para proceder a desalojarle.
El Gobierno improvisa hoy una propuesta para paliar el problema de los desahucios
El suicidio ha obligado al Gobierno a reaccionar. Y lo ha hecho improvisando una reunión de los Ministerios de Presidencia y Economía para ultimar una propuesta que presentará el próximo lunes al principal partido de la oposición.
La movilización social ante una ley que provoca cada día más de 500 desahucios en España y que el jueves mismo fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la UE, ha hecho que el PP y el PSOE pactaran esta semana coordinarse para encontrar una solución en el plazo de un mes. Ambas formaciones excluyen de este modo a partidos que sí habían presentado alternativas anteriormente. También dejan de lado a las plataformas de afectados, que conocen el tema en profundidad y han elaborado diferentes informes al respecto.
PP y PSOE decidieron el miércoles que cada uno de sus respectivos partidos nombraría a varios expertos en la materia. Sus consejos pueden llegar tarde, ya que el Gobierno está redactando ahora mismo una propuesta para presentársela al PSOE el próximo lunes.
Las asociaciones de afectados temen que las propuestas del PP y el PSOE se limiten a poner parches, como ampliar los periodos de carencia para colectivos especialmente vulnerables.
Programas electorales
Sus temores se basan en las acciones y la indiferencia mostradas por estos dos grandes partidos en los últimos años. También en sus programas electorales, redactados hace apenas 12 meses.
En el caso del PP, no hay ni una sola referencia en su programa electoral a los desahucios. El PSOE, además de la dación en pago, que rechazó cuando gobernaba, solo proponía un plan de rehabilitación de viviendas que «fomentará, asimismo, la construcción estatal de vivienda protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran desahucio por embargo». También se recogen medidas para evitar futuros embargos y el aplazamiento de estos cuando la hipoteca se deje de pagar «por causa de fuerza mayor».
Otros partidos
Fuera de este «acuerdo de fondo», tal como lo definen PP y PSOE, han quedado el resto de grupos políticos. Entre ellos el de Izquierda Unida que, entre otras medidas, proponía en su programa una «moratoria en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas» hasta que entraran en vigor otras medidas, como la dación en pago «con carácter retroactivo».
En su programa electoral la coalición de izquierdas también apostaba por la suspensión de todos los desahucios para los parados, para así «evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda».
Al igual que el PSOE, CIU apostaba en su programa electoral por «evitar la ejecución inmediata de las hipotecas cuando se dejen de pagar por causas de fuerza mayor».
Los grandes expertos quedan fuera
Llevan años evitando desahucios o, al menos, aplazándolos. Han negociado alquileres sociales con los bancos o incluso han puesto en marcha puntos de información y asesoramientos para personas que iban a ser desahuciadas. Su gran arma ha sido la movilización. Son movimientos sociales, como las comisiones de vivienda del 15-M o la plataforma de afectados por las hipotecas (PAH).
Para esta última, el acuerdo entre PSOE y PP es «el enésimo acto de arrogancia» de estos y critica que se intente solucionar el problema de los desahucios «sin contar en ningún caso con la propia gente afectada».
Desde PAH recuerdan que «ICV, IU y ERC han recogido y trasladado ‘en hasta cuatro ocasiones en el congreso de los diputados’ las medidas de mínimos que resolverán los problemas más graves y urgentes de la población afectada: dación en pago retroactiva, moratoria inmediata de los desahucios de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que de forma que de forma ilegítima acumula la banca».
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