Los estudios de lenguas y culturas extranjeras ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque podrían estar alimentando ideológicamente a sus peores enemigos en su propia casa. Por lo tanto, se hizo necesario dictar leyes para controlar esos estudios en las universidades que reciben fondos federales y que miran con asco a los […]
Los estudios de lenguas y culturas extranjeras ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque podrían estar alimentando ideológicamente a sus peores enemigos en su propia casa. Por lo tanto, se hizo necesario dictar leyes para controlar esos estudios en las universidades que reciben fondos federales y que miran con asco a los reclutadores del Pentágono que invaden sus campus. Este es otro de los temas que la prensa de Estados Unidos y sacó a la luz el Proyecto Censurado de la Universidad de Sonoma.
La Ley de Estudios Internacionales en la Educación Superior de 2003 amenaza a la libre educación y a los planes de estudios que se desarrollan en la sala de clase. La Enmienda Solomon, de 1996, niega el financiamiento federal a cualquier institución de enseñanza superior que no permita el ingreso de reclutadores militares en los campus privados y públicos de la universidad. El 17 de septiembre de 2003 el Congreso aprobó la House Resolution 3077, llamada también ‘International Studies in Higher Education Act of 2003’.
El proyecto de ley fue propuesto primero en una audiencia del Congreso de junio de 2003 con el nombre ‘Programas Internacionales en Educación Superior y Cuestiones sobre Discriminación’. Fue elaborado por el representante Peter Hoekstra R-Mi, presidente del Subcomité de educación selecta y presidente del Subcomité en Inteligencia Técnica y Táctica. Dijo que ‘los cambios darían pistas más cercanas para saber cómo se gasta el dinero’.
El proyecto describe a las instituciones académicas como incubadoras de sentimientos anti-estadounidense, preferentemente en el área de programas de estudios internacionales. Propone que un consejo consultivo sea responsable de evaluar los planes de estudios enseñados en las instituciones acogidas al llamado ‘Título VI’, los materiales asignados para usarse en clases en el curso e, incluso, quién en la facultad empleó fondos de instituciones acogidas al ‘Título VI’. El consejo consultivo reportaría al ministro de educación y haría las recomendaciones de financiamiento basadas en sus resultados.
Incluido en la monumental Ley de Derechos Civiles de 1964, el ‘Título VI’ prohíbe cualquier ‘discriminación basada en la raza, color y origen nacional en los programas y actividades que reciben ayuda financiera federal’.
Los líderes y cabilderos de los institutos de enseñanza superior reclamaron que las quejas eran inexactas y oblicuas y que, en realidad, utilizarían al nuevo consejo para interferir las decisiones del plan de estudios con sus representante en los campus. El representante Peter Hoekstra intentó ‘aliviar esas preocupaciones añadiendo a las lenguas extranjeras a las materias que el proyecto propone que sean evaluadas por el consejo consultivo, cuyo mandato ‘asignará, dirigirá y controlará los curriculums de tales programas de la universidad’. Sin embargo, algunos ‘legisladores demócratas sienten que incluso se necesitan mayores protecciones en el proyecto para asegurarse de que no utilizaran al consejo consultivo para intimidar a los estudiantes con una línea ideológica’ (The Chronicle of Higher Education, 31 de octubre de 2003). Los profesores no temen lo que suponen que hará el consejo, sino lo que intentará hacer.
El académico conservador Stanley Kurtz atestiguó en apoyo del proyecto de ley HR 3077 y del consejo consultivo. Kurtz indicó que ‘el actual paradigma intelectual predominante en el área de estudios académicos es ‘teoría post-colonial’. Su problema con esta idea radica en que ‘la base de la premisa de la teoría post-colonial considera inmoral que un estudiante ponga su conocimiento de idiomas y culturas extranjeras al servicio del poder estadounidense’. Según Benita Singh, del Yale Daily News, Kurtz argumenta que ‘la raíz del anti-americanismo no son nuestras repetidas incursiones al exterior, ocupación unilateral o las consiguientes muertes de civiles inocentes, sino, por el contrario, la erudición post-colonial.’ El académico siente que la teoría post-colonial es la causa del sentimiento contra Estados Unidos, llegando a la conclusión de que los programas del ‘Título VI’ ponen en riesgo la seguridad nacional en la medida en que adoctrinan a los estudiantes en el odio a América.
Con la ratificación de la ley HR 3077, cualquier disciplina académica que incluya estudios sobre culturas extranjeras estará bajo el escrutinio del consejo consultivo. Es decir, los departamentos de estudios sobre Africa, Europa, Iberoamericanos, Oriente Medio y Este asiático, así como cualquier programa de lenguas foráneas. Para completar esta horrorífica agenda de control, los ‘profesores cuyos principios ideológicos puedan no apoyar las prácticas de EEUU en el exterior pueden tener sus días contados; cualquier segmento del plan de estudios de un curso que contenga críticas a la política exterior de EEUU puede ser censurado y cualquier curso juzgado enteramente anti-Americano puede borrarse para siempre de la enseñanza’.
‘Los proponentes de la ley HR 3077 insisten en que no obligan a nadie a estar de acuerdo con las políticas del gobierno a menos que deseen el dinero del gobierno’ (Michael Bellesiles, Sunday Gazette, 11 de enero 2004). Por añadidura, el gobierno indica que las escuelas que financia el ‘Título VI’ deben también desplazar a los estudiantes desde los campos de estudio conflictivos a trabajos de seguridad con el gobierno. Si no, podría denegarse el financiamiento del gobierno.
Según un editorial escrito por Beshara Doumani, profesor de historia de la Universidad de Berkeley, las fuerzas ocultas que digitaron esta disposición del proyecto de ley son los mismos individuos que han estado promoviendo la guerra en Irak. Su propósito es defender la política exterior del gobierno de Bush sofocando los debates críticos e informados que se dan en los campus universitarios de EEUU (Seattle Post-Intelligencer p.7, 04/02/2004). ‘Todo esto que se está haciendo coloca a cualquier persona de estudios internacionales bajo el más terminante control del gobierno’ (Michael Bellesiles, Sunday Gazette, 11 de enero 2004).
Con la ratificación de la House Resolution 3077, la ley le ‘robaría a nuestra sociedad el intercambio abierto de ideas en los campus de la universidad que es vital para nuestra democracia’ (Seattle Post-Intelligencer p.7, 04/02/2004 de Seattle). Esta legislación podría permitir que el gobierno comience a seleccionar materias y a censurar qué aprenden los estudiantes de los institutos superiores de educación que reciben financiamiento del ‘Título VI’. Singh dijo que los comentarios de Kurtz indican que para ‘la ideología estadounidense y euro-céntrica, los estudios de idiomas y culturas extranjeras no involucran grandes propósito de servicio en interés de Estados Unidos’.
Fuentes:
Yale Daily News, 6 de noviembre 2003 Título: ‘Nueva ley amenaza la libertad intelectual en el área académica’ Autora: Benita Singh
Cristian Science Monitor, 11 de marzo, 2004 Título: ‘hablando en ‘ lengüetas aprobadas `’ Autora: Kimberly Chase
Evaluador de la Facultad: Robert Manning Estudiantes investigadores: David Sonnenberg y Josh Sisco
* Proyecto Censurado, Universidad Sonoma State, California.