La situación no es para menos. No se trata en este breve artículo de denunciar la grave crisis política e institucional a la que el régimen borbónico nos está conduciendo. Se trata, sobre todo, de intentar averiguar el porqué de una vuelta de tuerca más. El porqué de este proyecto infame que pretende blindar al […]
La situación no es para menos. No se trata en este breve artículo de denunciar la grave crisis política e institucional a la que el régimen borbónico nos está conduciendo. Se trata, sobre todo, de intentar averiguar el porqué de una vuelta de tuerca más. El porqué de este proyecto infame que pretende blindar al príncipe frente al poder que el pueblo otorga a los jueces.
La realidad es testaruda y nos muestra una vez más el servilismo indigno de un gobierno al servicio de poderes ajenos a la voluntad popular. Servilismo hacia un rey inviolable constitucionalmente, impuesto por un general genocida, que sirve de tapadera a un sistema intrínsecamente corrupto. Un gobierno al servicio de unos poderes económicos que diseñan un escalofriante futuro para nuestros hijos.
Este es, sin duda, el gobierno más involucionista desde el final de la dictadura: servil con los poderosos, prepotente con los humildes, cruel con el pueblo llano, con los ofendidos, con los humillados. Fiel servidor de un capital sin alma, globalizado. Un capital blindado contra el pueblo en la Constitución borbónica, con gran desprecio por la soberanía popular (Artículo 135).
Por si esto fuera poco, este gobierno de Su Majestad, corresponsable de la gran avalancha de miseria e injusticia social que se abate sobre España, pretende además blindar al príncipe heredero.
¿Blindarlo frente a qué? La respuesta a esta pregunta es bien evidente: frente a las futuras consecuencias judiciales que puedan derivarse de sus posibles enredos.
Según la Real Academia Española (RAE):
enredo
4. m. Complicación difícil de salvar o remediar en algún suceso o lance de la vida.
Pero ¿por qué precisamente ahora? La coincidencia en el tiempo con la situación de imputada de su hermana, la infanta Cristina, pone en evidencia el intento de establecer un cortafuegos en torno a la familia real. Un cortafuegos frente al riesgo de irrupción, en la senda regia, de un visitante inesperado: la temida visita de un juez instructor.
Según la Real Academia Española (RAE):
imputado, da
1. adj. Der. Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.
Las recientes declaraciones de la veterana periodista Pilar Urbano -próxima al Opus Dei, y también a la Reina- están enmarcadas en un contexto político dominado por sectores extremadamente conservadores. Esto resulta especialmente evidente en ciertos ministerios, tales como el de justicia e interior. Todo hace presagiar el avance inexorable de la operación «abdicación», de inconfundible tufillo nacional-católico.
Dentro de ese contexto, es esencial para ciertos poderes económicos, asegurarse la viabilidad de una monarquía que les garantice la consabida alianza entre el trono y el altar. La sustitución de un rey -anciano, enfermo y acosado por su entorno familiar- por un inexperto príncipe -angustiado por la fragilidad de su corona- es algo más que un deseo. El blindaje sería, pues, la fase inicial que habría de protegerlo durante su azaroso tránsito hacia la abdicación paterna.
De avanzar la operación «abdicación», se trataría de un asalto sin precedentes -desde el final de la dictadura- a la más alta autoridad del Estado por parte de poderes ajenos a la voluntad popular.
No se trata de poner en duda la honradez de las más altas jerarquías de la Judicatura, en donde es indudable que existe algún que otro juez justo e incorruptible. Sin embargo, son muchos los filtros de servilismo que establece de facto el régimen para que un juez llegue a tan altas cumbres. Esto hace sospechar -no sin razón- que lo que realmente se pretende es situar al príncipe fuera del alcance de una Justicia que se supone más próxima al pueblo que a los poderosos.
Por el contrario, asignando «tan delicada tarea» a un alto tribunal -próximo a la más alta autoridad del Estado- todo sería posible. De verse el príncipe comprometido en hechos perseguibles por la Justicia, sus consecuencias judiciales, y por consiguiente políticas, quedarían convenientemente neutralizadas tras los silentes muros de los palacios.
Mientras se blinda al príncipe frente al poder de la Justicia ordinaria -es decir de unos jueces sospechosos de proximidad al pueblo- se decretan nuevas leyes con las que amordazar y reprimir a la mayoría.
Es hora ya de preguntarse: ¿Quién blindará del asalto del hambre a más de un millón de niños desnutridos? ¿Quién blindará a las familias desahuciadas? ¿Quién blindará a nuestros jóvenes frente a un porvenir incierto, que los arroja al paro, al exilio económico, a la desesperación? ¿Quién blindará a nuestros hijos de vagar errantes, sin derechos sociales y sin patria?
¿Seguiremos tolerando todo esto? ¿Seguiremos tolerando que -mientras se blinda a la casta borbónica y a sus amigos, dotándoles de jugosos puestos en los consejos de administración de empresas afines al régimen- nuestros hijos se queden sin futuro?
Pido que cese tanta violencia. Pido que se allane el camino para un proceso constituyente hacia la III República federal.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada
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