Más de 2.000 bombas, además de aviones de combate; es parte del último envío militar de la Administración Biden al Estado de Israel, informó el 29 de marzo The Washington Post.
Mientras, según el balance del 5 abril de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA), al menos 32.795 personas han resultado asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2022 (comienzo de los bombardeos del ejército israelí sobre la Franja); entre el personal de la UNRWA, el número de víctimas mortales es de 177.
El mismo día que la Agencia publicó el informe, el expresidente del Gobierno de España y actualmente al frente de la fundación privada y ultraconservadora FAES, el derechista José María Aznar, declaró:
“Yo, por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora… ¿A qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Naciones Unidas reconozcan al Estado palestino; pues eso no existe, reconocer lo que no existe es absurdo (…)”.
El pasado 20 de enero tuvo lugar una primera gran movilización en el estado español contra el genocidio, a la que siguió la organizada el 25 de febrero; la tercera está convocada con fecha 21 de abril; los carteles que anuncian la manifestación en Valencia (desde la plaza de toros) recuerdan la consigna: Aturem el genocidi. Fi al comerç d’armes i a les relacions amb Israel. Llibertat preses palestines!
La convocatoria cuenta con la rúbrica de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP); la Comunidad Palestina Valenciana; el movimiento BDS-País Valencià; Al-Yudur (Juventud Palestina) y la Fundación Comité de Apoyo al Pueblo Palestino (CAPP). Coordinadas por la RESCOP, las acciones están anunciadas en más de 30 capitales y municipios del estado español.
Pocas fechas antes, el 13 de abril, València amb Palestina y el CAPP han promovido una cacerolada/velatorio en la plaza del Ayuntamiento de Valencia; reivindican el Fin a la hambruna y al genocidio en Gaza
Se multiplican las acciones reivindicativas; el 13 de marzo más de 200 organizaciones sociales y ambientales europeas –entre ellas, Confederación Intersindical, CGT, Alternativa Antimilitarista-MOC, ATTAC, Entrepobles o Ecologistas en Acción- reclamaron a la UE la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, firmado en 2000; el motivo, detallado en la carta a las presidencias de la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, es la violación de los derechos humanos en los ataques perpetrados contra Gaza.
Las entidades, que invocan el Artículo 2 del Acuerdo de Asociación (“respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”), subrayaban que la Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de Israel: el 28,8% del comercio de mercancías de este país, en 2022, se produjo con la UE.
“El Gobierno español miente sobre la suspensión del comercio de armas con Israel”, denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau; un investigador de esta entidad de análisis, Alejandro Pozo, ha estudiado las estadísticas, desarrolladas en un reportaje por los periodistas Olga Rodríguez y Pol Pareja (elDiario.es, 16 febrero 2024); el artículo detalla que en noviembre de 2023 –iniciada ya la agresión contra Gaza- desde el Estado español se exportó munición a Israel por valor de 987.000 euros.
El material transferido figura en una subcategoría que incluye bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y cartuchos (estadística oficial de Comercio Exterior); el reporte periodístico añade que –entre 2012 y 2021- el Estado español exportó armas a Israel por valor de 20 millones de euros.
Otras acciones ciudadanas señalan al poder financiero; el Centre Delàs informó el 22 de marzo de la participación de la Campaña Banca Armada y el Movimiento de Solidaridad con Palestina en la Junta de accionistas del Banco Santander: denunciaron la “vinculación” de la corporación “con el genocidio que está llevando a término Israel”.
“El Banco Santander concedió, entre 2021 y 2023, como mínimo 2.000 millones de euros en préstamos a (por lo menos) tres empresas armamentísticas que actualmente contribuyen y se están beneficiando de la guerra contra Gaza”, subrayaron los activistas (datos informe Don’t bank on the bomb, de la organización pacifista holandesa PAX y la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares -ICAN-, febrero 2024).
La Campaña Banca Armada está formada por nueve organizaciones: el Centre Delàs; las ONG Setem y Justícia i Pau; el Observatori del Deute en la Globalització; el col·lectiu RETS; Finançament Ètic i Solidari (FETS); Alternativa Antimilitarista-MOC y las fundaciones Finanzas Éticas y Novessendes.
El 22 de marzo se celebró en Valencia la junta de accionistas de CaixaBank; intervino un miembro de la Campaña, que destacó la inversión de más de 182 millones de dólares -entre 2020 y 2022- por parte de la entidad bancaria en empresas del sector bélico.
En representación de una decena de accionistas, que delegaron en la iniciativa Banca Armada 27.804 acciones, añadieron en la junta: “Durante el periodo 2021-2023, Caixabank ha facilitado préstamos por valor de más de 102 millones de euros a (la multinacional estadounidense) Boeing, quinto fabricante mundial de armas; además de producir aviones civiles, Boeing es una de las 24 empresas productoras de armas nucleares que aparecen en el informe de Don’t bank on the bomb).
Otro de los bancos denunciados por la financiación de las guerras y la embestida contra el pueblo palestino es el BBVA, que celebró la junta de accionistas el 15 de marzo; para protestar contra estas inversiones, activistas de Alternativa Antimilitarista-MOC de Valencia, Bilbao, Madrid y Las Palmas arrojaron pintura roja en una sede del banco en Bilbao.
“El BBVA concedió, entre 2021 y 2023, más de 1.000 millones de euros en préstamos y títulos financieros a cuatro empresas que ahora se están beneficiando de la guerra contra Gaza”, informaron en un comunicado, que menciona a las firmas Boeing, General Dynamics, Leonardo y Rolls Royce.
La nota informativa se hace eco del reporte La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y Greenwashing, de Nora Miralles, Carlos Díaz y Felip Daza (Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, 2023).
El informe cita como ejemplo a la compañía israelí SolarEdge, entre las que mantienen “unos vínculos económicos más significativos con el sistema financiero español”; SolarEdge es “proveedora de proyectos solares en Shdemot Mehola y Petza’el, asentamientos colonos en el Valle del Jordán ocupado, además de ser proveedora del servicio penitenciario israelí y el Ministerio de Seguridad Pública”.
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