Zapatero y Rajoy compiten en una carrera por los recortes en el estado del bienestar. Ambos acumulan méritos más que suficientes. El Gobierno socialista, con medidas como el pensionazo, la reforma laboral o la congelación del sueldo de los funcionarios. Las autonomías en las que el PP gobierna (Madrid, País Valenciano, Galicia o Murcia, entre […]
Zapatero y Rajoy compiten en una carrera por los recortes en el estado del bienestar. Ambos acumulan méritos más que suficientes. El Gobierno socialista, con medidas como el pensionazo, la reforma laboral o la congelación del sueldo de los funcionarios. Las autonomías en las que el PP gobierna (Madrid, País Valenciano, Galicia o Murcia, entre otras), con drásticos recortes y privatizaciones en los servicios públicos. Aunque esta tendencia se aprecie mejor en el ámbito estatal o en las comunidades autónomas, el precedente se da en la gestión municipal. La ciudad de Valencia es un buen ejemplo de cómo la derecha privatiza el suelo destinado a colegios, zonas verdes y hospitales públicos, así como el patrimonio cultural y paisajístico.
El PP gobierna en el Ayuntamiento de Valencia, con la mano de hierro de Rita Barberá, desde el año 1991. El Plan General en vigor -aprobado por el PSOE en 1988, desarrollado por el PP y actualmente en fase de revisión- ha servido para favorecer la privatización de servicios públicos y configurar un modelo de ciudad basado en dos premisas: primacía del ladrillo y equipamientos cada vez más precarios. ¿Es esto un anticipo de lo que ocurrirá tras una presumible victoria de Rajoy el 20-N? Otro boom de la construcción parece imposible en el actual contexto de crisis, pero sí se antoja clara la reducción progresiva de servicios básicos. Es lo que ha ocurrido en Valencia en las últimas dos décadas.
Bajo el mandato de Barberá el documento de planeamiento de la ciudad ha sufrido 200 modificaciones inspiradas en un principio general: construir más viviendas a costa del suelo dotacional (el destinado a hospitales, zonas verdes o escuelas). A partir de este criterio, el gobierno del PP ha reclasificado 240.000 m2 de suelo en una ciudad diseñada para acoger a más población pero con menos equipamientos básicos.
El paradigma no es exclusivo de la ciudad de Valencia ni surge como fenómeno aislado. La Ley del Régimen del Suelo y de Valoraciones, aprobada por el Gobierno de Aznar en 1998 y derogada en parte por el Tribunal Constitucional en 2001, favorece los procesos especulativos vinculados a la construcción, al introducir criterios de valoración del suelo en función de las expectativas urbanísticas. Esto, en un contexto general de burbuja inmobiliaria (cuando España construía más viviendas que Francia, Alemania y Reino Unido juntos) alimentado por la banca, las grandes constructoras y las diferentes administraciones públicas.
Según el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, «en las ciudades gobernadas por la derecha se recortan los derechos sociales, en primer lugar, reclasificando las categorías de suelo; convertir suelo público dotacional en edificable es la primera manera de aplicar recortes sociales y liquidar el estado del bienestar; el modelo de ciudad no es sino un reflejo del paradigma de sociedad».
La revisión del Plan General de Valencia camina por la misma senda que el planeamiento vigente: eliminar servicios públicos y zonas verdes, es decir, privatizar suelo público para ponerlo, en buena medida, en manos de las constructoras. De hecho, la revisión del planeamiento establece una disminución de 12.300 m2 de suelo destinado a dotaciones y equipamientos. Cuando los gobiernos central y autonómico promuevan privatizaciones, el ayuntamiento -en este caso, el de Valencia- ha hecho el trabajo previo.
El popular barrio valenciano de Ruzafa, de 25.000 habitantes, lleva una década esperando un colegio público. Los vecinos han salido a la calle en numerosas ocasiones para exigirlo pero, a pesar de la reserva de suelo establecida en el Plan General, la Generalitat Valenciana no ha movido una piedra para su construcción. El gobierno autonómico no sólo no inicia las obras. Ha aprobado, además, una ley que permite e insta a los ayuntamientos a que liberen suelo para que empresas privadas puedan construir y gestionar los centros educativos, con una concesión de 75 años. De hecho, en la barriada de Campanar se han cedido 13.400 m2 de suelo público a la Universidad Católica para la construcción de un hospital clínico universitario. «Numerosos solares de la ciudad podrían sumarse a esta fórmula privatizadora», subraya Amadeu Sanchis.
«La resistencia a los recortes sociales inspirados por el neoliberalismo pasa inevitablemente por no ceder un solo metro cuadrado de suelo público a los negocios privados, estén ligados a la especulación inmobiliaria o a la gestión privada de centros educativos o sanitarios», explica el portavoz de Esquerra Unida en el consistorio valenciano. «Hace falta de manera urgente una ley estatal que obligue a lo municipios a mantener la titularidad pública del suelo dotacional», insiste Sanchis.
En la capital valenciana el suelo público se ha puesto en almoneda sin contemplaciones. Con las obras paralizadas desde 2008, el nuevo estadio de Mestalla, que acogerá teóricamente en un futuro los partidos del Valencia Club de Fútbol, representa un ejemplo palmario de la privatización de suelo público (el Plan General establecía una reserva para equipamiento público municipal, antes de que se aprobara en el año 2006 la reclasificación que beneficiaba a la sociedad anónima deportiva). Un ejemplo de trato de favor hacia una institución, el Valencia Club de Fútbol, que siempre ha tenido una óptima relación con el Partido Popular.
Los números indican de manera elocuente cómo un modelo de ciudad puede diseñarse de espaldas al interés general. Pese a contar con 50.000 viviendas vacías en su casco urbano, desde el año 1995 se han construido en Valencia 30.000 casas nuevas. Mientras, en las 30 zonas degradadas existentes en la capital del Túria, según Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), el Ayuntamiento no ha promovido ninguna intervención. Además, 20 años después de la aprobación del vigente plan general, sólo se ha ejecutado uno de cada cuatro centros escolares o sanitarios previstos en los barrios de Valencia. ¿Son reversibles estas políticas? Difícilmente. De hecho, la formación de izquierdas advierte que revertir a suelo dotacional el espacio ocupado por las 30.000 viviendas costaría 90 millones de euros.
El mismo desprecio que hacia los equipamientos públicos se ha dado respecto al suelo de huerta, uno de los patrimonios culturales y paisajísticos más valiosos de la ciudad. En uno de los principales accesos a Valencia por carretera, puede comprobarse el erial en que se han convertido 65 hectáreas de suelo de huerta fértil, arrasado, junto a sus alquerías, con el fin de construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Los partidos políticos mayoritarios y la clase empresarial de la ciudad dieron su bendición a esta macroiniciativa, todavía paralizada 13 años después de su aprobación.
El patrimonio cultural no ha tenido mejor suerte. El Cabanyal-Cañamelar, barrio marinero de 25.000 habitantes cuyo núcleo está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), puede partirse en dos si se prolonga hasta el mar una de las principales avenidas de la ciudad (Blasco Ibáñez). El caso ha provocado una intensa guerra política y jurídica entre el PP (local y autonómico) y la oposición, que camina en este conflicto junto al movimiento vecinal. Otro ejemplo. En el entorno del Monasterio de San Miguel de los Reyes, Bien de Interés Cultural y sede de la Biblioteca Valenciana, está prevista la construcción de 10 edificios con más de 300 viviendas. La ciudad como banco de pruebas y precedente de lo que puede ocurrir tras el 20-N.
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