El 16 de septiembre de 2007 contratistas de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater dispararon contra civiles iraquíes en la plaza Nisour de Bagdad mientras abrían paso a un convoy diplomático norteamericano.
Diecisiete iraquíes murieron y alrededor de veinte más resultaron heridos, en un polémico caso que torció irremediablemente las relaciones entre Irak y EEUU. Cuatro agentes de la compañía privada fueron condenados por ello, hasta que en 2020 Trump los indultó. Hemos hablado con familiares de víctimas y supervivientes de aquel hecho para conocer su lucha por reabrir el caso y para comprender qué supuso la entrada de militares privados en el país, 20 años después de la invasión norteamericana de Irak.
Nisour es una de aquellas plazas donde, de repente, parece que se condense todo el tránsito de Bagdad. Por sus cuatro o cinco carriles, no delimitados por ninguna línea en el asfalto, transcurren sin cesar coches, taxis, camionetas o transportistas de comida a domicilio. Más que plaza, la deberíamos llamar simplemente rotonda. En su interior apenas caminan viandantes, y los pocos que se atreven a cruzarla a pie deben hacerlo siguiendo la ley del más fuerte: se abren paso entre el tráfico mientras, a un lado, la policía observa bajo un sol abrasador, aunque el calor de verdad todavía no ha llegado.
Para Hasan Jaber Salman, esta no es sólo una de las principales vías para entrar o salir de Bagdad. Desde hace 16 años, ha vuelto a ella constantemente, tanto físicamente como emocionalmente. Hoy se deja retratar de pie ante la plaza, mientras vuelve a recordar aquel 16 de septiembre de 2007. Abogado especializado en sanciones penales, salía de la corte criminal y se dirigía en coche hacia el Ministerio de Justicia, en lo que debía ser una mañana más de trabajo rutinario. Eran las 12 del mediodía de uno de los primeros días de Ramadán. “Cuando llegué a la plaza vi todos los coches parados en los dos lados de la calle. Al cabo de unos minutos, empezaron a disparar aleatoriamente a los vehículos. Intenté dar marcha atrás y entonces me dispararon a mí”, relata Jaber Salman, que ahora tiene 60 años, sentado en la terraza vacía de un café del barrio de Al Mansour, cerca de la plaza, cerrado porque casualmente es, también hoy, uno de los primeros días de Ramadán.
A Jaber Salman, que reside en Al-Mahmoudiyah, en el sur de Bagdad, le impactaron cinco balas, la mayoría en la zona del abdomen. Pasó un mes en el hospital, y afirma que las heridas le duelen hoy todavía. Según la versión de Blackwater, insurgentes iraquíes emboscaron el convoy –que huía de una reunión donde había habido un ataque con coche bomba– y los contratistas devolvieron el fuego, aunque la mayoría de informes coinciden en que empezaron a disparar cuando un coche no paró en la rotonda, lo que los hubiera llevado a pensar que se trataba de un ataque suicida.
Según la Fiscalía estadounidense, la aleatoriedad del tiroteo cogió a todos por sorpresa. La madre de Saddam Jawad, Fawzia Elewi, nacida en 1940, había acudido a la zona para renovar su documento de identidad y, tras hacerlo, fue al mercado y luego se dirigió a la plaza Nisour para coger allí el minibús que la llevaría de vuelta a casa en Bagdad. “Cuando llegó es cuando ocurrió el incidente. Los disparos le impactaron en el muslo. Como era ramadán, estaba ayunando, y tenía diabetes”, relata uno de sus hijos, Saddam Jawad, mientras su hermano, Sattar Jawad, repasa, en su casa en el barrio de Amel, el montón de documentos que conservan como pruebas.
“Encontraron que una de sus venas del muslo se había cortado, y a partir de aquel momento su diabetes se convirtió en un problema más serio”, relata Jawad, mientras, en la pared, un retrato de su madre preside el comedor. Pese a los problemas de salud, vivió dos años más. En el acto del incidente por parte de las autoridades iraquíes consta oficialmente como víctima del ataque, aunque la familia asegura que no han recibido ninguna compensación.
Un ejército en la sombra
El escándalo de la plaza Nisour abrió el debate sobre el estatus legal, la gestión, la supervisión y la rendición de cuentas de la fuerza militar privada en Irak, un fenómeno en auge que todavía era relativamente desconocido. “Luego están las firmas como Blackwater, que han jugado papeles armados dentro del campo de batalla”, cuenta Peter W. Singer, politólogo estadounidense que en 2003 fue uno de los primeros en alertar sobre la privatización de la guerra y sus implicaciones, en el libro Guerreros corporativos. El auge de la industria militar privatizada.
En el momento del ataque, Blackwater disponía de un contrato multimillonario con Washington para brindar servicios de seguridad a los funcionarios estadounidenses en Irak. Se estima que había mil agentes de la compañía en suelo iraquí el día de la masacre. Pese a trabajar para EEUU, Blackwater no disponía de licencia bajo el Gobierno iraquí, sostiene Singer. “El turbio estatus legal de los contratistas significaba que podrían ser considerados exentos de la ley iraquí debido a un mandato remanente de la Autoridad Provisional de la Coalición, la autoridad gobernante de EEUU en Iraq que se disolvió más de dos años antes”.
Pero el de Nisour no era el primer incidente en el que Blackwater se vio envuelta. Ya desde antes, “la empresa era conocida por el uso cuestionable o prohibido de la fuerza, armamento y agentes antidisturbios como el gas CS sólo para apartar el tráfico, y por sus operaciones mal organizadas. La operación más fatídica condujo al linchamiento de cuatro de sus empleados que escoltaban un convoy en Faluya el 31 de marzo de 2004, lo que desencadenó una espiral de escalada de violencia entre la ‘ocupación’ y las fuerzas insurgentes”, detalla el académico Caspar Tristan ten Dam en el estudio Contratistas militares privados: ¿Implementar o evitar? Lecciones del ‘Escándalo de Blackwater’ en Irak. “Un contratista de Blackwater borracho, más tarde identificado como Andrew J. Moonen, incluso mató a un guardaespaldas del vicepresidente iraquí Adil Abdul-Mahdi el 24 de diciembre de 2006”, prosigue ten Dam.
Conocedores en carne propia de las controversias alrededor de Blackwater, a los supervivientes de Nisour y los familiares de los fallecidos les tocó probar su caso particular. Hasan Jaber Salman viajó varias veces a Washington para atender las sesiones durante el juicio. “Incluso me saqué parte de la ropa ante el juez para que me viera las heridas”, recuerda. Después de una larga lucha, los familiares de los fallecidos recibieron 100.000 dólares, y los heridos cantidades que oscilan entre los 10.000 y 40.000 dólares cada uno.
En 2014, los contratistas fueron finalmente declarados culpables. Uno de ellos, Nicholas A. Slatten, un antiguo francotirador del Ejército estadounidense acusado de asesinato por efectuar los primeros disparos mortales, fue sentenciado a cadena perpetua. El resto de los procesados, Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard, fueron condenados a penas de 30 años de prisión.
El indulto
Sin embargo, la sentencia duraría poco, ya que en 2020 el entonces
presidente estadounidense, Donald Trump, los indultó, igual que hizo con
otro miembro del personal y contratistas acusados de crímenes en zonas
de conflicto. “Fue una gran decepción y una decisión ilegal. La sangre
de gente inocente fue en vano”, lamenta Jaber Salman.
Para Saddam Jawad, “tras el indulto de Trump será difícil obtener justicia”.
Aun así, está intentando conseguir un abogado para “llamar a las familias y unirnos otra vez” con el objetivo de intentar reabrir la acusación. Dos de los abogados estadounidenses que defendieron a las víctimas, Susan Baker y Paul Dickinson, no han respondido a las preguntas de La Marea sobre el caso. Lejos de rendirse, Hasan Jaber Salman asegura que incluso tiene pensado viajar a Estados Unidos de nuevo, por su cuenta, dentro de unos meses con este mismo objetivo.
“Está lejos, pero en Irak es difícil introducir casos”, lamenta el abogado, sin perder la esperanza de que, dos décadas después de la invasión estadounidense, los responsables de uno de sus capítulos más oscuros acaben de una vez rindiendo cuentas por sus hechos.