En 1998 el Gobierno de Aznar privatizó el mercado del suelo. Entonces se necesitaban 2,8 años de rentas familiares para comprar una vivienda. Hoy, sin medidas contundentes contra el lucro continuado, más de 7 años
El neoliberalismo ha sido la teoría hegemónica en el discurso político y económico de las últimas décadas. Nuestra realidad socioeconómica actual no podría entenderse sin tratar de descifrar, en primer lugar, la contrahistoria del neoliberalismo dictada bajo las premisas del libre comercio, el Estado mínimo, las privatizaciones, la desregulación financiera y las reducciones de impuestos a los ricos con el fin de dar rienda suelta a la famosa teoría del goteo –trickle-down economics–. Unos procesos de desregulación, liberalización y privatización que, gracias a la todopoderosa globalización, tuvieron su réplica particular en España bajo la tutela de José María Aznar, máximo exponente del neoliberalismo patrio.
La fiesta del “milagro económico” de Aznar
Una de las grandes ideas del amigo de Bush y Blair que hipotecaría las vidas de millones de familias españolas surgió en 1998. Quizá tomando el vermú después de una partida de padel, Aznar decidió sacar adelante la Ley del Suelo. Una ley que seguía a pies juntillas la lógica económica neoliberal, con un claro objetivo: privatizar el mercado del suelo. Sobre el papel, el mecanismo es bien sencillo. En primer lugar, se aumenta el terreno urbanizable, con el fin de que el mercado del suelo se convierta en un negocio rentable. En segundo lugar, empresas privadas, al ver que el mercado ofrece grandes beneficios, invertirán en él y construirán muchas viviendas. Finalmente, y al haber una mayor oferta de viviendas, se conseguirá que los precios del mercado inmobiliario se reduzcan. ¿Objetivo? Que las personas jóvenes pudieran, por fin, acceder a una vivienda. O eso decían, al menos.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La privatización del mercado del suelo no facilitó el acceso a la vivienda para la población joven, sino que los precios, a diferencia de los salarios, no dejaron de subir. En 1998, año de aprobación de la Ley del Suelo, el precio medio de la vivienda nueva en España era de 1.089€/m2, mientras que en 2002 ya había ascendido hasta los 1.667€/m2. En 2005, se situó en 2.516€/m2 y en 2007 en 2.905€/m2. El precio medio de la vivienda se incrementó un 167% en solo una década.
Fueron años de desregulaciones, de bajadas de impuestos y de bajadas de intereses que permitieron una gran expansión del crédito para un mercado inmobiliario que crecía sin parar. ¿Seguro que además de comprarte una segunda vivienda en la costa mediterránea no te apetece cambiar ese coche que ya tiene diez años? Tú no te preocupes, que como soy tu gestor bancario desde hace más de una década hay confianza y puedo darte un préstamo. Ya lo devolverás tranquilamente con un pequeño interés del 5%. Y las anfetas consiguieron que la fiesta se mantuviera por todo lo alto.
La vivienda pasó de tener un valor puramente de uso a ser la forma en la que las familias invertían sus ahorros para, finalmente, acabar convirtiéndose en un bien sobre el que especular. Porque, como decía el exministro socialista José Luis Ábalos, “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”. España construía en 2005 más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Y así, en medio de un desenfreno de ladrillo, Marina d’Or e hipotecas subprime, llegaron los felices años veinte españoles. La fiesta se pagaba sola.
La resaca del domingo
Pero llega el domingo y la resaca. Muchas familias se vieron obligadas a incumplir los pagos de sus hipotecas, y generaron pérdidas millonarias a bancos que habían basado la mayor parte de su negocio en este tipo de préstamos. Estalla la burbuja y caen abruptamente los precios de las vivienda, dando pie a una crisis íntimamente relacionada con lo que desde el ascenso del neoliberalismo se denomina proceso de financiarización de la economía. Es decir, a raíz de la imposición del sector financiero como segmento de clase capitalista, se aplica su lógica de rentabilidad por encima de las actividades productivas.
Las consecuencias las conocemos perfectamente: incremento exorbitado de la tasa de desempleo, precarización del trabajo amparada por las reformas laborales, y creciente desigualdad en la distribución de la renta. Unos años en los que se normalizaron cifras de cinco millones de personas paradas con un desempleo juvenil que llegó hasta el 53,2%, precariedad laboral que todavía mantenemos y salarios que no se han recuperado para la mayor parte de la clase trabajadora. Una fractura en la sociedad que todavía hoy podemos apreciar y una factura que seguimos pagando.
En 2011, Mariano Rajoy, aseguraba que no pensaba “dar un solo euro de dinero público a la banca”. Un año más tarde, su ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que el rescate bancario no tendría “un coste para los contribuyentes españoles”. Sin embargo, diez años más tarde, todavía quedan por recuperar 88.520 millones de euros del rescate (teniendo en cuenta la Sareb). ¿En todos los países ha sido así? Ni mucho menos. ING devolvió, en 2014, a Países Bajos los 10.000 millones de euros de rescate, más 3.500 millones de euros que ganó el Estado mediante primas e intereses. En 2017, el contribuyente británico recuperaba los 20.300 millones de libras que el gobierno laborista gastó nueve años antes en rescatar a Lloyds y el Commerzbank alemán también devolvía gran parte de los 18.000 millones de euros que había recibido (el 15% de las acciones del Commerzbank pertenecen a la República Federal de Alemania). Pero esto es España y ya se dan por perdidos los miles de millones de euros que no se han conseguido recuperar en los últimos diez años.
De aquellos barros, estos lodos
Y de aquellos barros, estos lodos. El mercado de la vivienda español es una consecuencia directa de las políticas económicas y de vivienda implantadas entre finales del siglo pasado y principios del actual. O la falta de ellas, mejor dicho.
Como explicábamos antes, el precio de la vivienda no ha parado de aumentar durante las últimas décadas. Hasta el punto de que, actualmente, la vivienda es, junto al mercado laboral, el mayor problema de gran parte de la población y especialmente de las personas jóvenes. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven, que quiera acceder a una vivienda en alquiler en solitario, debería destinar de media más del 90% de su salario. En 2008 era el 55%, que ya estaba por encima de lo recomendado (35% de tus ingresos). Por eso, emanciparse sitúa a los jóvenes en una situación económica más precaria y con mayor riesgo de estar en situación de pobreza.
La dispar evolución de los ingresos de las familias y los precios de las viviendas la observamos también cuando analizamos los años de renta que necesita una familia media para comprarse una vivienda. Mientras en 1988 hacían falta 2,8 años, actualmente se requieren más de 7.
Hoy en día no existe un entorno favorable para que las personas jóvenes nos emancipemos. Ni el alquiler ni la compra de una vivienda son opciones viables para la gran mayoría de la juventud. España es uno de los países de la OCDE con menor porcentaje de viviendas destinadas al alquiler social, tan solo el 1,1% del total, mientras que en Países Bajos asciende hasta el 37,7%, en Austria al 23,6%, en Dinamarca al 21,2% y la media de la OCDE se sitúa en el 6%. La falta de políticas sociales y de vivienda tiene como resultado que España sea el sexto país con la edad de emancipación más tardía de Europa. La edad media de emancipación en la Unión Europea es de 26,2 años, mientras que en España es de 29,8 años y, en los países con políticas fuertes dirigidas a las personas jóvenes, como pueden ser Suecia, Finlandia o Dinamarca, entre los 19 y los 21 años.
Nos encontramos inmersos en un bucle perverso. El alquiler se come una gran parte del salario de las personas jóvenes, lo que les impide ahorrar para pagar la entrada de un piso, que se suele situarse en torno al 20% de su valor. Es decir, solamente la entrada de un piso asciende de media a 58.600 euros en Gipuzkoa, 52.400 en Madrid o 47.700 en Barcelona.
La solución es sencilla: salarios decentes y viviendas con precios asequibles. Lo que no necesitan es un bono de 250 euros para pagar el alquiler, porque va directamente al bolsillo de los propietarios. ¡Ah! Y que el Estado intervenga, como hace en los países de nuestro entorno. A veces se preguntan el porqué de la baja natalidad. ¿Quieren respuestas? Empecemos por ofrecer viviendas dignas y salarios dignos para que las personas podamos emprender nuestro camino en la vida y, quién sabe, a lo mejor formar una familia.
En definitiva, el gran problema de la vivienda tiene su origen en una operación especulativa, fraguada a finales de los noventa e inicios de los dos mil, cuyas graves consecuencias siguen sufriendo la gran mayoría de la sociedad española. Se nos anuncia constantemente un futuro incierto, catastrófico y casi apocalíptico. Si el progresismo no es capaz de plantear soluciones sociales a ese horizonte incierto, el riesgo del crecimiento de la extrema derecha seguirá presente. Y, realmente, es un problema que sea la extrema derecha quien ofrezca certezas (por populistas que sean) a una generación que ha crecido con los ecos de la crisis de 2008 y que ha salido al mercado laboral en medio de una pandemia, una guerra y sus derivadas socioeconómicas. Hay un futuro que construir, pero hay que ser capaces de diseñarlo. Especialmente cuando se está en el gobierno.
Julen Bollain es doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea. Acaba de publicar Renta Básica: Una herramienta de futuro (Editorial Milenio, 2021), con prólogo de Daniel Raventós y epílogo de Guy Standing.
Fuente: https://ctxt.es/es/20221001/Firmas/41088/vivienda-ley-del-suelo-especulacion-jose-maria-aznar.htm