Ehren Watada, el primer oficial estadounidense que desobedeció la orden de despliegue en Irak, no podrá alegar en su defensa que «la guerra es ilegítima e inmoral». El juez militar John Head determinó ayer que los «argumentos políticos» no pueden interferir en el procesamiento del teniente Watada, que puede ser condenado de cuatro a seis […]
Ehren Watada, el primer oficial estadounidense que desobedeció la orden de despliegue en Irak, no podrá alegar en su defensa que «la guerra es ilegítima e inmoral». El juez militar John Head determinó ayer que los «argumentos políticos» no pueden interferir en el procesamiento del teniente Watada, que puede ser condenado de cuatro a seis años de cárcel por no unirse a sus compañeros de la Brigada Stryker.
El fiscal militar, capitán Scott Van Swerigen, abrió ayer fuego y acusó a Watada de «haber traído la desgracia a sí mismo y al Ejército de Tierra». En defensa de sus argumentos presentó unas declaraciones de Watada, grabadas en vídeo durante una rueda de prensa en junio, criticando «la carnicería y los malos tratos contra la población iraquí» y alegando que su participación sería el equivalente a «cometer crímenes de guerra».
Mientras una parte de los 4.000 compañeros de brigada ultiman su preparación en la base militar de Fort Lewis para partir rumbo a Irak, Watada compareció ayer por segundo día en la corte marcial y recogió de camino las muestras de apoyo de decenas de manifestantes, capitaneados por el actor Sean Penn. El arzobispo Desmond Tutu hizo llegar ayer un mensaje de apoyo al teniente de 28 años, nuevo emblema del movimiento pacifista.
La entrada a la base de Fort Lewis, a tiro de piedra de Seattle, se ha poblado también de banderas estadounidenses y de consignas patrióticas de apoyo a las tropas y de condena a la «deserción» de Watada. El oficial, de origen hawaiano, dejó claro el primer día que su intención era «rechazar la orden de despliegue». Watada aprovechó el uso de la palabra para condenar la Guerra de Irak como «moralmente incorrecta» y como una «una horrible ruptura de las leyes estadounidenses».
Watada recordó su «servicio ejemplar» cuando estuvo destinado en Corea del Sur, lo que le sirvió para conseguir su promoción, y reiteró su disposición a participar en la Guerra de Afganistán.
El teniente dijo que no se considera a sí mismo como un «objetor de conciencia» y afirmó que la única razón por haberse negado al despliegue en Irak fue su convencimiento de que «esa guerra viola la Constitución estadounidense, la ley de Poderes de Guerra, la carta de Naciones Unidas y la convención de Ginebra».
El teniente coronel John Head, en calidad de juez de la corte marcial, tiró ayer por tierra todos los argumentos «políticos» y pidió al panel de cinco hombres y dos mujeres de uniforme (equivalente al jurado) que tengan en cuenta los criterios estrictamente militares a la hora determinar la suerte de Watada. «Estamos ante un sistema disciplinario y no ante un sistema de justicia», se lamentó el abogado de Watada, Eric Seltz. «Nos están dejando sin argumentos posibles para la defensa».
«Primero nos han negado como irrelevantes a la mayoría de los testigos, incluidos soldados que han estado desplegados en Irak», añadió ayer Seltz. «Ahora se está impidiendo que el acusado pueda siquiera esgrimir sus principios en defensa propia, para no ser tratado como si fuera un criminal». El teniente Watada se enfrenta a un cargo por desobedecer la orden de despliegue y a otros cuatro por «conducta impropia» al rango de oficial, por sus declaraciones a la prensa y en un acto público del grupo Veteranos por la Paz.
En una entrevista a la cadena Democracy Now, de Amy Goodman, Watada reiteró la semana pasada su convencimiento de que el ataque a Irak fue «ilegítimo e inmoral» y afirmó que el Ejército de Tierra no le dejó otra opción cuando intentó abandonar el uniforme por su oposición a la guerra. «Me dieron un ultimátum», declaró. «Me dijeron que o iba a Irak o tendría que hacer frente a una corte marcial».
Watada criticó de antemano al juez militar, y eso le ha valido la predisposición en contra del tribunal: «La justicia militar se porta de la misma manera que en la Guerra de Vietnam, negándose a que salga a la luz la evidencia y prohibiendo cualquier testimonio que ponga en duda la política del Gobierno».
El caso Watada se ha convertido indirectamente en un juicio contra la libertad de expresión. La periodista Sarah Olson, una de las primeras en entrevistarle, nada más anunciar su intención de no obedecer la orden de despliegue, ha sido citada por la acusación militar. Olson afirma que su labor como periodista es «incompatible con la de convertirme en un brazo investigador del Gobierno».
Siguiendo los pasos marcados por Cindy Sheehan, la madre del soldado muerto en Irak que acampó junto al rancho de Bush en Texas, la entrada a la base de Fort Lewis se ha convertido en punto de encuentro del movimiento pacifista. El californiano David Sonit se ha unido a un grupo de artistas locales de Tacoma y han montado un singular espectáculo de gigantes y cabezudos contra la guerra.
«Watada ha sido fiel a la mejor tradición democrática de Estados Unidos», declaró Sonit al Seattle Post-Intelligencer. «En este país no podemos aceptar las mismas excusas de los soldados de la Alemania nazi, cuando alegaron que estaban cumpliendo órdenes».