Durante el mes de enero ha continuado celebrándose el juicio contra trece militantes antifascistas de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFFAP), Socorro Rojo Internacional (SRI), Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r) y la organización armada, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Dicho proceso avanza con cierta lentitud ante la […]
Durante el mes de enero ha continuado celebrándose el juicio contra trece militantes antifascistas de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFFAP), Socorro Rojo Internacional (SRI), Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r) y la organización armada, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Dicho proceso avanza con cierta lentitud ante la indiferencia y el silencio, salvo alguna pequeña excepción, de los medios afines al régimen que tendrían muchos problemas para justificar la comedia que allí se está representando.
Organizaciones y partidos, de dentro y fuera del Estado español, han mostrado su repulsa hacia el juicio, entre ellos el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) y militantes del Partido Comunista de Andalucía (PCA), que son poco sospechosos de colaborar con el terrorismo, aunque ahora, con la reciente condena del Consejo de Europa de los crímenes del comunismo, nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Al parecer, el capitalismo ha decidido que todos los que se le enfrenten, no ya con las armas sino incluso con las ideas, serán considerados como terroristas criminales (mira quien vino a hablar). El Consejo de Europa se ha encargado de equilibrar las diferencias que pudieran existir entre el régimen español y el resto de países europeos y eso habrá que tenerlo en cuenta.
A pesar de que el Presidente del Tribunal ha dado garantías a los abogados defensores de que no van a ser puestos bajo sospecha -han sido acusados también de formar parte del entramado terrorista-, la estrategia de «todo es GRAPO», facilita que dicho Tribunal pueda juzgar no sólo los comportamientos considerados delictivos por la legislación vigente, sino también actitudes políticas como ser comunistas, militantes solidarios o simples ciudadanos que consideran al Estado español (¿no dicen que existe plena libertad de opinión?) heredero del franquismo.
El hecho de que las sesiones sean de puertas abiertas ha permitido conocer que en el proceso impera un caos absoluto, en medio de un maremágnum de pruebas inculpatorias que harían sonreír a un niño, situaciones tragicómicas y una ausencia total de objetividad y justicia. Las contradicciones de quienes afirman que todos los que se sientan en el banquillo forman parte de la misma organización son evidentes. Para colmo de los despropósitos, uno de los encausados fue acusado de pertenecer a una célula terrorista en una época en la que estaba en prisión, debido a su militancia antifascista; por tanto le habría resultado difícil desarrollar algún tipo de actividad en esa célula, a no ser que poseyera el don de la ubicuidad. Posteriormente se reconoció que todo era un error. Es la manida táctica del «acusa que algo queda», útil para alienar las mentes ignorantes.
En ese contexto, los que sí han reconocido pertenecer a los GRAPO han afirmado que son una organización independiente y clandestina que utilizan nombres y documentaciones falsas, si bien se consideran parte integrante de todas las luchas populares. Han asegurado, repetidamente, que sus compañeros de banquillo nada tienen que ver, ni forman parte de los GRAPO. Incluso la Guardia Civil reconoce que éstos tienen un carácter antifascista amplio, lo que les permite aceptar a gente de diverso matiz político, mientras que el PCE(r) es de ideología marxista-leninista y, por tanto, su criterio de selección es completamente distinto. Por otro lado, AFFAP y SCRI, son organizaciones no clandestinas, así como determinadas publicaciones que han sido presentadas como «pruebas» ¿Hasta dónde van a llegar con este teatro? En estos momentos -con la deriva fascista de la Unión Europea- hasta donde les de la gana. Las condenas están dictadas desde hace tiempo.
La triste realidad, para los organizadores de este paso de comedia, es que sólo cuentan con el repetido eslogan del «todo es GRAPO» para quitar de la circulación a quienes denuncian al régimen español como un sistema antidemocrático, donde la cacareada libertad está vigilada constantemente mediante cámaras, pinchazos telefónicos, policías infiltrados hasta en la sopa, y chivatos a sueldo, una táctica que se ha generalizado en el paraíso occidental.
El juicio regresa en el mes de las máscaras y los disfraces. Y aunque Don Carnal no entre en acción hasta final de febrero, parece que ya es carnaval en la Audiencia Nacional.