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Un chico de 14 años se mató tras ser presionado por la dirección de su escuela

Ya hay duras represalias por las protestas de latinos en EEUU

Fuentes: Clarín

Anthony Soltero, 14 años, era un líder natural. Sus compañeros de escuela lo recuerdan como a uno de los «chicos que más le preocupaba el tema de la inmigración». El 28 de marzo, cuando tuvo lugar una gran manifestación estudiantil en Los Angeles, Anthony no sólo decidió participar, sino que lideró la movilización en su […]

Anthony Soltero, 14 años, era un líder natural. Sus compañeros de escuela lo recuerdan como a uno de los «chicos que más le preocupaba el tema de la inmigración». El 28 de marzo, cuando tuvo lugar una gran manifestación estudiantil en Los Angeles, Anthony no sólo decidió participar, sino que lideró la movilización en su escuela. Pero «al otro día el vicerrector le dijo que lo iban arrestar por 3 años por participar en la organización y que a su madre le iban a cobrar un gran multa», contó a Clarín Carlos Alvarez, compañero del chico en la Coalición de Estudiantes de Los Angeles. «Esa noche Anthony se pegó un tiro en la cabeza. Es nuestro primer mártir».

Ese suicidio aumentó el malestar que se observa entre inmigrantes hispanos, que nunca antes se habían movilizado como ahora. Ayer hubo en Los Angeles una marcha multitudinaria que, si bien había sido organizada antes del suicidio del chico, fue dedicada a su memoria. «Vamos a seguir adelante. Ahora más que nunca», dijo Alvarez.

Las autoridades de la escuela de Anthony, Anza Middle School, niegan toda responsabilidad. Pero su actitud represiva no es una excepción. En Houston, 6 empleados de un restaurante de mariscos fueron despedidos esta semana por haber faltado a sus trabajos para poder asistir a las marchas. Pedro Ortega, de 30 años, quedó despedido de una automotriz del sur de Chicago, Cobra Metal Workers, junto a nueve de sus compañeros. En Detroit despidieron de una procesadora de carne a 21 obreros. No se les pagó indemnización porque se adujo como causa el abandono de trabajo. Y la editora Cecilia Velázquez, de Red Latina, fue deportada tras cinco años de una batalla legal sobre su condición migratoria, pero dijo que resistirá.

Es sólo una muestra de la gran cantidad de trabajadores inmigrantes que desafiaron a sus empleadores pese a que sabían que podían despedirlos. Consideran que lo que está en juego es demasiado grave. Es el proyecto de ley que considera que los 12 millones de inmigrantes ilegales que trabajan en EE.UU. son criminales y deben ser arrestados y deportados. Ya con media sanción desde diciembre, la norma prevé sanciones de hasta cinco años de cárcel para quienes ayuden financiera o espiritualmente a los indocumentados.

Las marchas protestan contra ese extremo pero canalizan, además, la frustración y los abusos a los que son sometidos los inmigrantes, fundamentalmente los sin papeles. Eso, pese a grupos de derecha que andan amenazando a líderes hispanos, dijo el diario mexicano La Jornada. A la cabeza de una «lista negra» está el alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, que tiene mucho apoyo latino.

Una bandera mexicana se quemó en Phoenix, un incendio se desató en el restaurante Mariachi’s Mexican Bar cerca de San Diego. En Indianápolis, una firma despidió a 2.000 empleados por ir a manifestarse, denunció Ken Moran, organizador de una marcha, para The New York Times.

Según Sergio Cruz, un obrero mexicano de Kingston, NY, los abusos empezaron cuando lo levantaron en la parada de jornaleros en Yonker. Lo llevaron a una obra en construcción en el Bronx donde, según él, su patrón se quedó con sus documentos de identidad y lo encerraba por las noches. Fueron 4 meses de trabajo esclavo en los que hasta debía hacer sus necesidades en una bolsa de plástico.

Si bien ésta es una de las denuncias más extremas, los abogados especializados dicen que como el caso de Cruz hay miles. En la primera encuesta nacional de jornaleros difundida en enero, 50% de los entrevistados dijo que fueron engañados con el sueldo. Y 45%, no haber recibido alimento ni agua.

La mayoría de los 117.000 jornaleros que hay en EE.UU. es ilegal, dijo Tricia Kakalec, cofundadora del Centro Legal por los derechos de los Trabajadores. Los organizadores de las marchas están ahora preocupados y temen que las represalias sigan. En algunas ciudades ya piden a los obreros, sobre todo si son ilegales, no arriesgar su puesto.

«Es preocupante, se trata de un grupo demográfico que históricamente no sale a la calle a fijar su posición y queremos que puedan seguir haciéndolo», indicó Monique Jones, del Centro para un Cambio Comunitario, que organizó la marcha de Washington. Algunos de los despedidos, como Ortega y los trabajadores de una automotriz pudieron recuperar luego sus trabajos gracias a la intervención de grupos de defensa de derechos civiles. La empresa emitió luego un comunicado avalando la lucha de los obreros siempre y cuando se hiciera en su tiempo libre.

Es difícil predecir qué puede pasar el 1ø de mayo, para cuando los militantes hispanos y varios sindicatos llamaron a un paro nacional. Podría haber más despidos como represalia.

Mientras tanto, demócratas y republicanos se responsabilizan mutuamente por la manera en que se frenó un proyecto de ley que preveía una amnistía para trabajadores ilegales que estuvieran en EE.UU. desde hace más de 5 años. El proyecto iba a ser votado cuando complicaciones de última hora lo trabaron en el Senado. Los republicanos querían endurecerlo con enmiendas. Los demócratas, votarlo como estaba.