La Habana (PL) Costa de Marfil cierra un 2017 convulso, con dos motines militares que pusieron en peligro la estabilidad del país. Tan temprano como en enero la violencia dominaba varias regiones marfileñas, hasta que las autoridades y los militares amotinados lograron un acuerdo. El Gobierno decidió acceder a las reivindicaciones exigidas por los soldados, […]
La Habana (PL) Costa de Marfil cierra un 2017 convulso, con dos motines militares que pusieron en peligro la estabilidad del país.
Tan temprano como en enero la violencia dominaba varias regiones marfileñas, hasta que las autoridades y los militares amotinados lograron un acuerdo.
El Gobierno decidió acceder a las reivindicaciones exigidas por los soldados, con base fundamental en discrepancias salariales.
La situación se hizo crítica para la administración, luego que un grupo de soldados desmovilizados capturó arsenales y tomó bajo su control Bouaké, que con unos 540 mil habitantes es la segunda mayor ciudad del país.
Los amotinados reclamaron mejoras salariales y de nivel de vida, aspectos deteriorados por la caída del precio del cacao en el mercado internacional desde septiembre de 2016, en unas cifras no vistas en dos décadas.
Todo parecía controlado, pero en mayo otro motín de una facción del Ejército se extendió por ciudades de todo país, entre ellas San Pedro, que alberga uno de los puertos más importantes de su costa.
Según los reportes del momento, unos ocho mil 400 excombatientes de la guerra civil integrados en las filas castrenses reclamaban las primas que se les debían desde el final del conflicto en 2011.
Los sublevados bloquearon accesos a las ciudades, levantaron barricadas en las calles, detuvieron el tráfico, dispararon al aire, saquearon vehículos y provocaron el cierre de numerosos comercios.
En enero se llegó a un acuerdo para saldar la deuda, los soldados exigieron 12 millones de francos CFA (alrededor de 18 mil euros) para cada uno, y el Gobierno procedió al pago de una parte y prometió el resto a partir de mayo.
La amenaza de incumplir la promesa causó el nuevo estallido de violencia, apaciguado con la rebaja de las exigencias monetarias y el compromiso del Ejecutivo de liquidar la deuda.
También en el primer mes del año se inició el juicio del expresidente Laurent en la Corte Penal Internacional (CPI), pero al finalizar 2017 el proceso sigue en curso.
Poco después, el presidente, Alassane Dramane Ouattara, anunció que no se entregaría a más ciudadanos marfileños a la CPI para su enjuiciamiento porque el sistema nacional de justicia era operativo. Sin embargo, sólo se juzgó por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y después de ellas a quienes presuntamente eran simpatizantes del exmandatario Gbagbo.
En febrero fueron procesados ante el Tribunal Militar 24 efectivos acusados de haber asesinado en 2002 al expresidente Robert Guéï, su familia y su guardaespaldas.
Tres de los acusados, entre ellos el general Bruno Dogbo Blé ‒exjefe de la Guardia Presidencial‒ y el comandante Anselme Séka Yapo, fueron condenados a cadena perpetua, otros 10 a 10 años de prisión y los demás resultaron absueltos.
A pesar del compromiso de Ouattara de garantizar la aplicación equitativa de la justicia durante su presidencia, no se enjuició a nadie perteneciente a las fuerzas leales a él.
Sus soldados cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el homicidio de más de 800 personas en Duékoué en abril de 2011.
Algunos miembros de esas fuerzas los identificaron familiares de las víctimas pero, aunque se investigaron esos asesinatos, al concluir el año no se había procesado a nadie.
En marzo se dio otro hecho notable en el ámbito político, cuando hombres armados atacaron tres hoteles de playa en Grand Bassam, y dejaron 19 muertos, uno de ellos menor de edad.
El asedio fue reivindicado por Al Murabitun, grupo armado con base en el norte de Malí y afín a Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Se detuvo a más de 80 personas en relación con el suceso y, en agosto, dos militares recibieron condenas de 10 años de prisión cada uno, al declarárseles culpables de desobediencia y asociación de malhechores.
En octubre, tras una manifestación pacífica contra el referéndum celebrado ese mismo mes, al menos 50 personas que formaban parte de la oposición -incluido el expresidente de la Asamblea Nacional Mamadou Koulibaly‒ fueron detenidas y recluidas durante horas en Abijan.
Sobre las condiciones de reclusión, diversas fuentes coinciden en que afrontan entornos duros y de hacinamiento.
Autoridades penitenciarias afirmaron que en la prisión de Abiyán, con capacidad para mil 500 internos, se hallaban recluidos tres mil 694 a mediados de año.
Hubo presos que denunciaron haberse visto obligados a pagar sobornos de hasta 20 mil francos CFA (unos 32 dólares) a reclusos que controlaban la seguridad interna para evitar que los colocaran en celdas mugrientas con el suelo cubierto de orina y agua.
También las familias revelaron que se veían obligadas a erogar dinero para visitar a sus parientes.
Un guardia penitenciario y nueve reclusos murieron en febrero durante un intercambio de disparos en un levantamiento organizado por presos.
En el ámbito económico, Costa de Marfil comenzó la construcción de una central fotovoltaica y térmica con biomasa en Daoukro (centro), con una potencia de 350 megawatts, lo que la convierte en la mayor de su tipo en África y la undécima en el mundo.
A nivel deportivo fue un año nefasto, pues el equipo del pueblo, la selección nacional de fútbol, quedó décimo primera en la Copa Africana de Naciones, pese a partir como campeona y favorita, y tampoco logró clasificar para el Mundial de Rusia-2018.
Lemay Padrón Oliveros, periodista de la redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.