El próximo 27 de septiembre tendrán lugar unas nuevas y decisivas elecciones al Parlamento de Cataluña. Unos nuevos comicios sin una ley electoral propia, una norma en la que se había logrado un amplio nivel de consenso entre la mayoría de grupos parlamentarios, excepto en algo tan elemental como la distribución de escaños. No es […]
El próximo 27 de septiembre tendrán lugar unas nuevas y decisivas elecciones al Parlamento de Cataluña. Unos nuevos comicios sin una ley electoral propia, una norma en la que se había logrado un amplio nivel de consenso entre la mayoría de grupos parlamentarios, excepto en algo tan elemental como la distribución de escaños. No es una cuestión menor. Observemos, por ejemplo, el caso de las recientes elecciones británicas, que se rigen por un sistema extremadamente mayoritario. El Partido Conservador, con el 36,9% de los votos, obtuvo 331 diputados, mientras el Partido Verde, con un 3,8%, es decir, aproximadamente la décima parte de votos, sólo logró uno. Mucho más sorprendente fue el reparto de escaños en Escocia. Allí el Partido Nacional, con el 50% de los votos, logró 56 diputados, mientras conservadores, laboristas y liberal-demócratas, que sumaban cerca del restante 50%, sólo consiguieron tres, uno cada partido.
Con un sistema electoral mucho más proporcional que el británico, en Cataluña y España las fuerzas políticas pueden quedarse fuera de las instituciones si no superan el listón mínimo del 3 o del 5% por circunscripción (o a nivel de comunidad en algunos casos), un límite variable, como es sabido, en función de los diferentes comicios. Así, una candidatura se queda sin representación en las Cortes Valencianas con 125.000 votos, en el Parlamento de Catalunya con 110.000 o en el Ayuntamiento de Barcelona con 30.000.
A pocas semanas del 27-S, que una parte importante de las fuerzas políticas catalanas plantean como elecciones plebiscitarias, las candidaturas están claramente divididas en función de su adhesión o no a las propuestas soberanistas. Por un lado Junts pel Sí (Juntos por el sí, coalición formada por CDC, ERC, otros grupos menores y entidades diversas), en el bloque independentista, bloque en el que se también podemos incluir a la izquierda independentista de las CUP. Por otra PP, C’s y PSC, en el llamado bloque unionista. Entre unos y otros, Catalunya sí que es pot, una amplia confluencia de la izquierda alternativa (Cataluña sí se puede, formada por Podemos, ICV, EUiA y Equo), que junto a los catalanistas conservadores de Unió (UDC) comparten el bloque que apoya un referéndum, pero en ningún caso una declaración unilateral de independencia (DUI). Tanto estas últimas fuerzas políticas, como incluso la CUP, pueden ser acusados de «falta de lealtad patriótica» (sic), unos por no apoyar una hipotética DUI, otros por rechazar una eventual tercera investidura de Artur Mas, sorprendente número 4 de Junts pel Sí como presidente.
En cualquier caso, todos deberían tener muy en cuenta que hoy día existen dos Cataluñas claramente diferenciadas en su composición social y en su sensibilidad hacia el tema soberanista, lo que se va a reflejar, sin duda, en unos resultados electorales extremadamente variables según el territorio o comarca: Por un lado, la Cataluña más metropolitana, con Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró o Tarragona, donde la competencia entre Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot será probablemente más acentuada. Por otro lado, la Cataluña interior, con poblaciones importantes pero con menor peso demográfico que las anteriores: Girona, Manresa, Vic o Berga, donde el bloque independentista tiene sin duda su principal fuerza.
Para una amplísima mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Cataluña, el «derecho a decidir», tradicionalmente llamado de autodeterminación de los pueblos en el derecho internacional, debería ser un derecho democrático fundamental e inalienable, aunque hoy día no lo reconozca la Constitución ni las cartas magnas de nuestro entorno, ya sea europeo o «occidental» en general. Pero, para hacer un símil, 7 u 8 de cada 10 catalanes apoyan el «derecho al divorcio» de Cataluña respecto al estado español, mientras solo 4 de cada 10 desean «divorciarse» del resto de España, una diferencia significativa. Pero, más allá de ese debate, los derechos sociales son igualmente un derecho democrático fundamental, que ha costado siglos conseguir y que está muy lejos de llegar a una situación de verdadera justicia. Unos derechos que, cada vez más, la mayoría de los gobiernos europeos se atreven a recortar, para mantener o incrementar los privilegios y los beneficios de las grandes corporaciones financieras y empresariales a costa de las clases populares, tanto desde la propia Unión Europea como desde los actuales gobiernos español y catalán, entre muchos otros. Por eso, ahora más que nunca, los derechos de los pueblos y los derechos sociales, sin olvidar la solidaridad entre todas las naciones, han de ir estrechamente ligados. El 27-S es, sin duda una fecha que puede marcar el futuro y la historia de Cataluña y de España.
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