Empieza un nuevo curso político donde dos acontecimientos marcarán el futuro inmediato del Estado español: la resolución de la investidura y la sentencia del juicio a los líderes políticos y sociales independentistas en prisión preventiva desde hace casi dos años. Un nuevo otoño caliente se acerca mientras la inestabilidad política y la ingobernabilidad del Estado […]
Empieza un nuevo curso político donde dos acontecimientos marcarán el futuro inmediato del Estado español: la resolución de la investidura y la sentencia del juicio a los líderes políticos y sociales independentistas en prisión preventiva desde hace casi dos años. Un nuevo otoño caliente se acerca mientras la inestabilidad política y la ingobernabilidad del Estado continúan.
La estrategia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, parece articulada para preparar el terreno para unas nuevas elecciones. Las formas para negociar con los grupos parlamentarios y su dilatación en el tiempo no auguran un acuerdo y, si este llega será in extremis . Desde su investidura fallida Sánchez se ha dedicado a reunirse con diferentes entidades sociales y sindicales -próximas a los socialistas- para configurar un programa de gobierno progresista para, supuestamente, conseguir el apoyo de UP. Así mismo, la propuesta ofrece altos cargos a los de Pablo Iglesias pero sin ministerios y cierra la puerta a un gobierno de coalición. Al respecto, UP insiste en que tiene que entrar en el gobierno como garantía para que se cumple el programa social, mientras que -por su parte- el equipo de Sánchez tiene claro que, si los números no salen, no expondrán al Presidente a una segunda investidura fallida. Con todo, si el líder socialista quiere evitar los comicios tiene que volver a plantear la opción de la coalición. Una propuesta que, cada día que pasa parece más claro que fue planteada en julio por el PSOE, al límite de las negociaciones, para ser rehusada y así preparar el relato para convencer a la opinión pública que los culpables de que no haya un gobierno progresista son UP. Mientras tanto, las derechas y la extrema derecha no se ponen de acuerdo para articular una gran coalición en caso de que haya una repetición electoral. Los de Ciudadanos son los más reticentes y descartan esta opción anhelando el sorpasso a un PP que vuelve a estar salpicado por casos de corrupción.
En cuanto a Cataluña, Sánchez ofrece diálogo dentro de la Constitución, excluyendo el referéndum de autodeterminación y creando tensión por el impago de la financiación autonómica. ERC califica de nefasta la propuesta pero matiza que si UP vota a favor del Presidente en funciones los republicanos podrían facilitar la investidura para intentar dar una nueva oportunidad al diálogo y cerrar el paso a la triple derecha. Por su parte, JxCAT titubea respecto a su posición y ha ido dando mensajes contradictorios respecto a su «No» de julio y a su supuesta opción por la confrontación con el Estado. En este sentido, el sobiranismo afronta una nueva Diada sin una hoja de ruta compartida y con reproches constantes entre los socios del Gobierno. Ni reuniones al más alto nivel, como la cumbre de Ginebra entre partidos y entidades, han servido para superar la carencia de unidad estratégica; no obstante, a pesar de no haber acuerdos explícitos sí que hay avances y, parece, que a medida que se acerca la sentencia del 1-O van quedando atrás los reproches, descréditos y ataques. El 11-S volverá a ser el termómetro para mesurar la fuerza del movimiento soberanista, un movimiento pacífico que quiere continuar mostrando al mundo que no renuncia a ejercer la autodeterminación. Por su parte, el Movimiento 12-O y una menguada SCC se preparan para salir a la calle como respuesta del unionismo a la Diada y a un posible escenario de desborde.
Un escenario político donde la represión no cesa, donde el presidente Quim Torra está imputado por desobediencia, donde seis regidores de Badalona serán juzgados por ir a trabajar el 12-O y donde decenas de activistas son perseguidos e incluidos en listas negras policiales. En medio de todo ello, el inicio de las negociaciones de los presupuestos de 2020 donde el vicepresidente, Pere Aragonès, ya ha avisado que la Generalitat no se puede permitir ir a una tercera prórroga presupuestaria.
Finalmente, la respuesta que se dé a la sentencia del juicio del 1-O marcará un antes y un después. No obstante, no hay todavía acuerdo más allá de la retórica a una respuesta contundente y masiva, y a que no se aceptará la sentencia si no es absolutoria. Encima de la mesa diversas propuestas y ninguna concreción: elecciones anticipadas, gobierno de concentración, confrontación con el Estado, desobediencia institucional, impulso del debate constituyente o nuevo referéndum. Aun así, una nueva campaña denominada Tsunami Democrático ha sido lanzada para impulsar una movilización permanente basada en la desobediencia civil y la lucha no violenta como respuesta a la sentencia. Una respuesta a las condenas del Tribunal Supremo que se utilice como palanca de transformación y que tiene que apelar al 80% de la población catalana que es favorable a ejercer el derecho a la autodeterminación.
Los acontecimientos del próximo otoño pueden volver a desbordar las calles de Cataluña, las instituciones y a un gobierno español en funciones y, tal vez, en plena campaña electoral.
Jesús Gellida es politólogo e investigador social
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