Hay que acabar con el Pacto de Toledo

• Conseguir más privatizaciones
• Rebajar el tipo de cotización de la patronal a la Seguridad Social.
• Incrementar la edad de jubilación.
• Establecer incentivos fiscales para quienes contraten planes de pensiones privados.

Lo que hay detrás es el deseo del gran capital de buscar inversiones más rentables para toda la riqueza que están acumulando a costa de la mayoría social, y para ello han dirigido sus ojos hacia el sector público. En particular, los Bancos ven cómo cada año pasan por sus manos 140.000 millones de euros de las pensiones públicas. Su avidez de ganancia se alborota ante esa apetitosa cantidad de dinero. Anhelan, ansiosamente, PRIVATIZAR todo lo que se pueda de ese suculento montante económico. Para ello tienen que destruir las conquistas alcanzadas durante décadas de lucha por el pueblo trabajador. Y han diseñado un instrumento para conseguirlo: el Pacto de Toledo. Hay algo revelador: la iniciativa para crearlo partió de la desaparecida Convergencia y Unió, el partido de Jordi Pujol y de la gran burguesía catalana.

La Seguridad Social actual fue creada por la Ley de Bases de 1963, que implantó un modelo unitario e integrado de protección social de gestión pública, con una financiación basada en las cotizaciones sociales, que son parte del salario del trabajador. Fue la respuesta del franquismo ante las fuertes luchas que en ese momento estaban protagonizando los mineros de Asturias, y que dieron lugar al nacimiento de Comisiones Obreras.

Hay algo esencial que tratan de ocultar por todos los medios: la Seguridad Social no tiene techo de gasto. Tiene presupuesto propio e instituciones propias. El presupuesto de la Seguridad Social se hace de la siguiente manera: primero se hace un cálculo, que se puede precisar con mucha exactitud, de lo que hay que pagar en pensiones, prestaciones diversas, etc. A continuación se concretan los ingresos que hay que buscar para atender esos gastos. Si hay desfase, el Estado debe aportar lo que falte con la cantidad correspondiente que debe consignar en los Presupuestos del Estado, en calidad de aportación al Presupuesto de la Seguridad Social, tal como establece la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 109.2, No puede haber déficit. Lo que ha sucedido es que, por un lado, se ha exagerado el importe que iban a sumar las hipotéticas cotizaciones, y por otro lado, que el Estado no ha efectuado las aportaciones que por ley tenía que hacer, sino que habla de «préstamos» (no debe ser así, aunque se trate de préstamos al 0 % de interés y a 10 años, prorrogables).

Ahora repiten una y otra vez: «La Seguridad Social está en quiebra». Es falso. Lo que ha ocurrido es que en los años de bonanza del sistema, cuando eran muchos los trabajadores que cotizaban y muy pocos todavía los que recibían pensiones, la Seguridad Social acumuló enormes cantidades porque había superávit de cotizaciones todos los años. Pero en vez de constituir éstos excedentes como reservas de la Seguridad Social, el Estado echó mano a menudo de estos fondos para atender otras necesidades, pero sin consignar estas cantidades que tomaba de la Seguridad Social, ni devolverlas, ni constituir reservas. Esta es una deuda histórica que el Ministerio de Hacienda contrajo con la Seguridad Social, que había que haber registrado y ser devuelta a la Seguridad Social.

Hablar, pues, del déficit crónico de la Seguridad Social (SS) es una gran falsedad. La Seguridad Social legalmente no puede tener déficit, no se puede emplear este término, ni el de «déficit estructural», porque la Seguridad Social, con sus ingresos y gastos propios de la Administración de la Seguridad Social dispone de presupuestos propios, que no son extraños o ajenos a los Presupuestos Generales del Estado, sino que muy contrario forman parte de ellos, junto con los Presupuestos del Estado y los de otros entes públicos. La Seguridad Social está incluida en los Presupuestos Generales del Estado. Y como la Ley General de Seguridad Social especifica, si las cotizaciones no alcanzan para cubrir el presupuesto de gasto de la SS, hay que destinar partidas del Presupuesto del Estado. Pero, en calidad de aportaciones desde el Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, no en calidad de préstamos, que es lo que se está haciendo. Estos préstamos suman ya en torno a 50.000 millones de euros, equivalente a más del 5 % del PIB. ¿Por qué están registradas como préstamos?: por la cobardía de los gobiernos ante la Unión Europea (UE): para respetar la política de austeridad y los techos de gasto que la UE impone, estas aportaciones constan como préstamo, y no como gasto a imputar al Presupuesto del Estado, por lo que no se cuenta a efecto de déficit público del Presupuesto del Estado, con lo cual lo que se hace es esconder el déficit público. Hacienda esconde su déficit como deudas de la SS., haciendo pasar por préstamos lo que por ley deben ser aportaciones obligatorias.

Por tanto, esta supuesta deuda de la SS debe condonarse, como ha repetido con insistencia el Tribunal de Cuentas.

Y además, está todo lo que el Estado debe a la Seguridad Social por las cantidades que cogieron durante décadas del superávit de la SS.

Las reformas del sistema de la Seguridad Social     Las primeras decisiones en contra de nuestro modelo de SS se tomaron durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), con Pedro Solbes al frente del Ministerio de Hacienda: comenzaron a emplear el término de préstamos a la Seguridad Social, en vez de aportaciones. Había que «quedar bien» con la UE a la que pertenecíamos ya.

Los últimos gobiernos han establecido asimismo medidas que socavan el sistema público de pensiones y el modelo de la Seguridad Social. Una disposición clave, que se tomó en 2011, fue la reforma «exprés» del artículo 135 de la Constitución, por acuerdo entre PSOE y PP, que introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y obligaba a que el pago de la Deuda pública fuese el primer capítulo de gasto a considerar, por delante de cualquier otro gasto del Estado, en sus Presupuestos Generales.

Otra de la reformas introducidas por el presidente Rodríguez Zapatero, del PSOE, fue la de elevar progresivamente la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años. En esa misma dirección, el PP con su reforma de 2013 ha introducido el concepto de «índice de sostenibilidad» que reduce de manera constante cada año el montante de la pensión, y el índice de revalorización de las pensiones normalmente anclado en el 0,25% de aumento anual, que generalizó las protestas de los pensionistas.

Lo curioso es que siempre se dice que el problema de la SS reside en la insuficiencia de los ingresos, pero precisamente ese es el capítulo que no se toca en ninguna de las reformas efectuadas o propuestas, todo lo contrario, el efecto de todo lo que se propone es la reducción de los ingresos.

Solo la movilización multitudinaria y sostenida en el tiempo de los pensionistas ha impedido que las reformas que precarizan y degradan el sistema de la SS hayan ido más adelante. Por eso el Pacto de Toledo ha estado paralizado, sin avanzar en sus deliberaciones y reuniones durante dos años.

Funciona a base de «recomendaciones», que deben tomarse por consenso.

En realidad, las cosas son de otra manera. Por ejemplo, el Pacto de Toledo no se ha planteado algo tan vital para el sistema público de la Seguridad Social como la derogación de la contrarreforma laboral iniciada con el presidente Zapatero, o al menos su aspecto más negativo como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.. Está discutiendo lo que la gran patronal de la CEOE quiere para que haya un cambio de parámetros en el modelo: rebaja de las cotizaciones empresariales, elevación de la edad de jubilación, ampliación de la base de cálculo a toda la vida laboral (con lo que ello supone de rebaja sustancial de las pensiones), exigencia de mayor número de años de cotización para tener derecho a la pensión máxima, igualar los distintos regímenes a la baja eliminando los derechos adquiridos que otorgan los regímenes específicos a algunos colectivos, disminución de las prestaciones asistenciales, etc.

¿Cuál es su objetivo?: En el fondo, lo que se quiere con el Pacto de Toledo es cambiar el modelo, conformar un modelo público de Seguridad Social raquítico, con una escasa protección social, para crear un mercado, un espacio de negocio en que esas necesidades las cubra la empresa privada (planes privados de pensiones, medicina privada, asistencia social privada, etc.).

Hay ya una legislación que está actuando en esa dirección. Y además quieren que los sindicatos ayuden a eso; por ejemplo, los están induciendo a aceptar y promover en los convenios de grandes empresas sistemas complementarios de pensiones e incluso fondos para «otras cosas». Eso supone, ni más ni menos, hacerle la competencia al sistema público de la SS, y no debemos consentirlo. De la misma manera, se quieren hacer pasar como medidas encaminadas a asegurar el sistema mecanismos que en realidad lo socavan, como la creación de impuestos específicos, «finalistas», «IVA social», por ejemplo, pagados por todos, que a la postre vienen a recaer sobre los asalariados.

Conclusiones     La Plataforma en defensa del Sistema Público de Pensiones está dando buena respuesta a todas estas maniobras, y, con razón, se felicita de la reciente ruptura del Pacto de Toledo.

Para quien quiera defender el modelo público de la Seguridad Social, no hay nada que negociar dentro del Pacto de Toledo, en donde son mayoría abrumadora las fuerzas políticas que quieren cargarse el modelo. Con quien hay que negociar, directamente, con los apoyos parlamentarios que puedan obtenerse, es con quien esté en el Gobierno, que es quien puede asegurar la continuidad del modelo.

El Pacto de Toledo, en suma, no es un instrumento para defender las pensiones, sino todo lo contrario. La perspectiva está clara: hay que acabar con el Pacto de Toledo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.