Los episodios de violencia racista vividos últimamente en Estados Unidos y las protestas de los afectados señalan un problema evidente. Tanto el sistema judicial como el proceso penal norteamericanos están fundados en el principio de igualdad, sin exclusiones explícitas por motivos raciales. ¿Dónde está el problema? El autor examina las prácticas institucionales que permiten apreciar hasta qué punto el racismo, pese a su interdicción legal, se encuentra arraigado en el país.
Últimamente, se han sucedido noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de la policía en ciudades estadounidenses y sobre la reacción, eventualmente por igual violenta, de quienes entienden que se trata de episodios del racismo todavía rampante por aquellas latitudes. El caso más reciente es el de Freddie Gray, muerto en Baltimore el pasado 19 de abril por el trato sufrido bajo arresto policial. En esta ocasión, contrastando con otras, la fiscalía ha reaccionado con diligencia. Seis agentes han sido acusados de diversos delitos, incluyendo el de asesinato. ¿Asunto en vías de resolución? ¿Basta el juicio, si de verdad progresa, para resolver este tipo de casos? Ello depende de si en Estados Unidos hay o no hay a estas alturas racismo institucionalizado.
Quienes, entre la ciudadanía estadounidense de descendencia africana, reaccionan violentamente contra ese tipo de casos están manifestando que no confían en los remedios judiciales ni políticos ordinarios por entender que el racismo institucionalizado existe y que las víctimas no sólo son las que perecen en manos de una policía racista. La imagen que hoy ofrecen los Estados Unidos es sin embargo la contraria. Habiendo sufrido una severa institucionalización del racismo tras la abolición de la esclavitud, en los años sesenta del siglo XIX, frente a la posibilidad de que la población afroamericana se incorporara plenamente a la ciudadanía, los Estados Unidos estarían desmontando todos los mecanismos de exclusión y discriminación racistas desde los años sesenta del siglo XX gracias a la legislación federal de derechos civiles y a la evolución de la jurisprudencia en una línea igualmente antirracista. Quienes reaccionan de forma violenta ante dicho tipo de casos están diciendo que esa imagen no responde a la realidad en la que viven y que no ven vías políticas para salvar la brecha.
Veamos datos. Estados Unidos cuenta, de una parte, con un sistema de participación política y judicial, esto fundamentalmente mediante el jurado, que no excluye hoy de entrada a ningún contingente de la ciudadanía; de otra parte, también cuenta con un régimen penal y penitenciario bastante severo sin discriminación tampoco de principio ni en la defensa de víctimas ni en la persecución de delincuentes. Comencemos por lo segundo.
En la práctica, la mayor parte de los casos penales se solventan, no en juicio público, sino, sin publicidad, mediante negociación y acuerdo sobre asunción de culpabilidad y aceptación de pena, lo que abre muchas posibilidades de lenidad a favor de los núcleos pudientes y de chantaje en contra de los sectores marginados. Las garantías judiciales, incluso cuando hay juicio, están hoy más en los libros de derecho que en la práctica de la justicia. Aquí, en la letra pequeña, es donde la discriminación se produce. Y está a la vista que presenta un cariz marcadamente racista.
Estados Unidos guarda hoy en prisión a dos millones doscientas mil personas. Con alrededor del cinco por ciento de la población mundial, tiene el veinticinco por ciento de la legalmente encarcelada. Además, cuatro millones setecientos cincuenta mil estadounidenses están en libertad condicional bajo regímenes de vigilancia bastante estricta. No hay ningún otro Estado en el mundo que se acerque mínimamente a tal situación. Pero el dato más relevante a nuestros efectos todavía no está dicho. Cerca del cuarenta por ciento de la población encarcelada es afroamericana cuando la misma sólo constituye el trece por ciento de la población de los Estados Unidos. Si desglosamos, están hoy en prisión más de la décima parte de los afroamericanos estadounidenses, de ellos y de ellas, entre veinticinco y treinta y cinco años. Apréciese el alcance de estos datos no sólo por sí mismos, sino también por la desestructuración social y familiar que produce en un grupo de población que mantiene una fuerte conciencia de comunidad.
No se piense que se trata tan sólo de secuelas de la difícil superación de un racismo que estuvo y ya no está institucionalizado. En lo que respecta a la población afroamericana, los datos de hecho han empeorado notablemente en el último medio siglo, desde cuando, precisamente, se produjo el giro a favor de los derechos civiles. Paralelamente, el sistema penal ha venido endureciéndose mediante una legislación que reduce las facultades de jueces y de jurados en la apreciación de los hechos y del derecho imponiendo penas desproporcionadas para delitos no violentos que, en la práctica, afectan muy especialmente a la población afroamericana. En un sistema que no conoce el código penal en el sentido de previsión tarifada de penas, es otra novedad que de hecho está sirviendo para encarcelamiento selectivo sin apariencia de discriminación.
¿Pero no existe un sistema de participación política y judicial a cuyo través la ciudadanía afroamericana puede hacer valer sus aspiraciones e intereses? Veamos también datos. De entrada, el sistema penitenciario, con la discriminación que arrastra, tiene sus efectos en este ámbito, pues quedan inhabilitados para el ejercicio de derechos de ciudadanía no sólo los millones de encarcelados y en libertad condicional, sino también, ulteriormente, quienes cuentan con antecedentes penales. No se tiene cifra exacta de cuántos millones de personas están excluidos del sistema político por esta vía, pero la desproporción en contra de la población afroamericana puede presumirse. En Estados Unidos, no hay censo electoral de oficio, sino que hay que inscribirse en el mismo. Una persona afroamericana con antecedentes penales lo tiene más que difícil.
Tras la abolición de la esclavitud, en los estados sureños de los Estados Unidos se pusieron en práctica todo tipo de mecanismos para evitar el acceso a la justicia de los servodescendientes y, con no menor empeño, su inscripción en los censos electorales, todo ello sin mayores dificultades institucionales porque el constitucionalismo federal había interiorizado el racismo del constitucionalismo esclavista y era así permisivo. Al cabo del siglo, con la legislación de derechos civiles y el activismo judicial federales, tales mecanismos comenzaron a desmontarse. La administración federal se vio facultada ahora para controlar la práctica electoral de los estados. En principio, incluso la regulación de las elecciones federales es competencia, no de la federación, sino de los estados. El cambio del escenario político por el acceso de la ciudadanía afrodescenciente a los censos electorales y a la justicia en todos los estados ha sido realmente espectacular, pero, igual que ha pasado en el ámbito penitenciario, no estamos ante una evolución sostenida hasta hoy. Hay también involución.
La Corte Federal Suprema, de mayoría hoy conservadora, decide que el éxito de la reforma electoral ha sido tal que debe ir prescindiéndose de los mecanismos de supervisión y control puestos en práctica en beneficio de la participación afrodescendiente. Procede así a una devolución de competencias a los estados que, en bastantes casos, se aprovecha para una recuperación de mecanismos ahora más sutiles de disuasión de inscripciones en los censos electorales. No sólo se tiene en la mira a la población afrodescendiente. Por ejemplo, en estados con universidades atractivas para estudiantes de otros estados, se está imponiendo que el documento acreditativo de la personalidad, que suele ser el carnet de conducir (en Estados Unidos no hay carnet de identidad y el de conducir lo emite cada estado), tenga que ser el del propio estado y no de otros, con lo que se dificulta la participación de estudiantes. Son mecanismos que afectan también negativamente a sectores menos integrados como buena parte del afroamericano, no raramente sin la acreditación que ahora se exige. Se calcula que más del diez por ciento de la ciudadanía no cuenta con documento de identificación al que se le conceda ahora validez a efectos electorales y que más de la mitad de este contingente es afroamericana.
La actual mayoría conservadora, del partido republicano, en el Congreso federal, una mayoría que bloquea por completo cualquier posibilidad de revisión de la situación dada, tanto la penal como la política, se consigue mediante márgenes bastante ajustados en los estados que están aprovechándose de la relajación de los controles federales del sistema electoral. Y el poder que los sectores más conservadores de ese mismo partido mantiene en una serie de estados depende igualmente de tales manipulaciones. No se trata de especulaciones, sino de datos contrastados, estado por estado.
Ténganse a la vista ante episodios que resultan difícilmente comprensibles de otro modo como el de las reacciones violentas colectivas frente a acciones policiales. Hay quienes en el fondo piensan que por los medios afroestadounidenses cunde la propensión al victimismo violento. Me gustaría verles en su pellejo.
Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/rascismo_en_USA_6_388871139.html