Abogados Europeos Demócratas señalan que el único de los detenidos en prisión preventiva en la operación ejercía como abogado para otras personas detenidas en el marco de las operaciones contra el supuesto terrorismo anarquista. Los Abogados Europeos Demócratas (AED/EDL) -plataforma de la que forma parte la Asociación Libre de Abogados- han expresado, en un comunicado, […]
Abogados Europeos Demócratas señalan que el único de los detenidos en prisión preventiva en la operación ejercía como abogado para otras personas detenidas en el marco de las operaciones contra el supuesto terrorismo anarquista.
Los Abogados Europeos Demócratas (AED/EDL) -plataforma de la que forma parte la Asociación Libre de Abogados- han expresado, en un comunicado, su preocupación ante la detención de un abogado en el marco de la segunda parte de la operación Pandora.
El pasado 28 de octubre, los Mossos d’Esquadra detuvieron a nueve personas en Barcelona y Manresa, acusadas de organización criminal con fines terroristas. El cuerpo policial catalán les acusaba de estar vinculadas con los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), un supuesto grupo terrorista anarquista. Tras pasar a disposición judicial dos días después, el juez sustituto del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional acordó la libertad con cargos para ocho de los detenidos y prisión preventiva para el restante, Enrique Costoya, decretando también el secreto de sumario.
«Enrique Costoya es un abogado especialista en derecho laboral sindical que ha defendido a algunos de los detenidos durante las recientes operaciones similares cuyo nexo es que las personas acusadas son supuestamente de ideología anarquista», señala el comunicado de AED/EDL, que añade que Costoya ha participado como abogado defensor en la causa y ha visitado de forma regular la cárcel donde sus clientes cumplen.
Derechos fundamentales
Desde el grupo de abogados europeos han subrayado también la forma de la detención de Costoya dentro de la operación y su orden de prisión preventiva. «Podrían haber sido elegidas otras medidas menos gravosas con sus derechos fundamentales e igualmente eficaces para garantizar su presencia ante la justicia. Optando por la privatización de libertad se demuestra que el juzgado ha optado por la medida más grave para impedir que el abogado pueda proseguir con su deber de defensa profesional».
«Por desgracia, no es la primera vez que los abogados y abogadas son puestos en vigilancia, perseguidos y encarcelados en España, en la mayor parte de los casos en relación directa con su ejercicio profesional de abogados y abogadas de presuntos miembros de ETA o de organizaciones presuntamente afines». En enero, la AED alertaba también ante la detención de doce abogados vascos, a los que también se acusaba de integración en banda armada. Algunos de ellos fueron los abogados que ganaron en Estrasburgo el caso sobre la Doctrina Parot.
Desde AED denuncian que esta práctica supone una violación del derecho a un juicio justo recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH). «Arrestando un abogado, el Estado español no sólo le impide ejercer sus funciones profesionales, también niega a los acusados su derecho a ser representados por un abogado de su elección».