La Asociación Libre de Abogados señala que el juez Ismael Moreno era consciente de que no había razones para meter en prisión preventiva a los titiriteros de Títeres desde Abajo. La Asociación Libre de Abogados (ALA) presentó ayer una querella por prevaricación contra Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que ordenó la entrada […]
La Asociación Libre de Abogados señala que el juez Ismael Moreno era consciente de que no había razones para meter en prisión preventiva a los titiriteros de Títeres desde Abajo.
La Asociación Libre de Abogados (ALA) presentó ayer una querella por prevaricación contra Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que ordenó la entrada en prisión preventiva de los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo Raúl y Alfonso -a petición de la fiscal Carmen Monfort-, artistas acusados de enaltecimiento del terrorismo y crímenes de odio por representar una obra de títeres en la que aparecía una pancarta en la que se podía leer ‘GORA ALKA-ETA’, en el marco de la escenificación de un montaje judicial.
Tras un extenso análisis de jurisprudencia, el escrito de la querella concluye que «el magistrado querellado era plenamente consciente en el momento de dictar el auto de prisión provisional […] de que éste no cumplía con el canon interpretativo admitido por nuestros tribunales».
Omisión de comprobación de los hechos que motivaron el auto de prisión
El atestado policial y la propia declaración de los dos titiriteros fueron las únicas diligencias practicadas por el juez Moreno antes de ordenar prisión provisional para Raúl y Alfonso. A pesar de que la obra La bruja y don Cristóbal había sido representada antes en otras ciudades -entre otras Granada, donde fue estrenada en enero-, el juez no comprobó las escenas que contenía, muchas de las cuales no se correspondían con las descritas en el atestado policial, como la violación de una monja, repetida en varios medios de comunicación.
«Pero es que, además, el auto contiene manifestaciones radicalmente falsas sobre el argumento de la obra y las escenas efectivamente representadas», subraya el texto de la querella presentada por ALA. «Estas expresiones nos llevan a pensar que el magistrado no conocía el contenido de la obra que estaba valorando al momento de dictar el auto».
La falta de comprobación de la obra por la que están acusados los dos titiriteros se muestra también en la no contextualización de la pancarta dentro de la misma. «En la obra representada, el títere-policía, uno de los personajes antagonistas, coloca sobre el cuerpo inconsciente de la Bruja, títere protagonista, la referida pieza de utilería y le hace una fotografía con el objetivo de armar un montaje con el que incriminar a la Bruja. En palabras aún más sencillas: el muñeco malo coloca una pancarta al muñeco bueno con el lema ‘Gora Alka-ETA’ para que la gente piense que el muñeco bueno es malo y así detenerla», explica el texto de la querella.
Desde la asociación de abogados listan hasta seis sentencias del Tribunal Supremo en las que se perfilan los elementos para que un hecho sea constitutivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y que se resumirían en el ensalzamiento de actos terroristas. «No nos encontramos ante una conducta negligente o descuidada del magistrado. El señor Moreno, perfecto conocedor de la jurisprudencia del Alto Tribunal, construyó su argumentario sobre la omisión consciente de datos y la perversión maliciosa del razonamiento lógico», apunta la querella.
La clasificación de la obra en el auto como «para público infantil» es también un error que, según apuntan los abogados, se podría haber evitado simplemente acudiendo a la página web de Títeres desde Abajo. En la web de la compañía de títeres, la obra La Bruja y don Cristóbal está incluida en la sección de Teatro Popular, no en la de Espectáculos Infantiles.
Motivación genérica de la medida de prisión provisional
El auto del juez Moreno argumenta la prisión preventiva en el riesgo de fuga y reiteración del delito, sin embargo, según señalan desde ALA en la querella, en ningún momento entra a explicar estos motivos con la situación de los dos titiriteros.
El auto señalaba que «se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste», pero no hace ninguna referencia a la situación familiar, laboral o económica de los dos detenidos.
El auto tampoco explica en qué se basa el juez para afirmar que existe el riesgo de que los dos detenidos «cometan otros actos delictivos».
ALA señala como prueba de la falta de motivación real para decretar la prisión preventiva el auto posterior del mismo juez, del 10 de febrero, en el que ordena a la puesta en libertad con cargos -y unas duras medidas cautelares que pasan por la comparecencia diaria ante los juzgados-.
En este auto, el propio juez afirma que la situación familiar y laboral de los dos detenidos, ahora sí, muestra arraigo; no hay ya peligro de destrucción de pruebas ni tampoco de que los dos titiriteros cometan nuevos delitos.
«La veloz modificación del criterio del juzgador, hecha en sólo cuatro días y sin ningún cambio de circunstancias aparente en la situación de los investigados, responde al impacto que el encarcelamiento tuvo en los medios de comunicación. La práctica totalidad de los medios de prensa escrita, radio y televisión, se hicieron eco de la noticia y difundieron informaciones tanto técnicas como valorativas que concluían, en una inmensa mayoría de las veces, en la evidente desproporcionalidad de la medida de prisión acordada», señala el texto de la querella.
El delito de prevaricación está castigado con penas de multa de hasta veinticuatro meses e inhabilitación especial para el cargo público por más de diez años. Ésta es la segunda querella por prevaricación presentada por el juez Ismael Moreno por ordenar prisión preventiva para los dos titiriteros.
El 11 de febrero, el partido Contrapoder presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez y contra la fiscal Carmen Monfort por los mismos hechos, pero, una semana más tarde, el fiscal del alto tribunal pidió el archivo de la causa afirmando que la denuncia se basaba en un «prejuicio apriorístico» del denunciante.
Según publica el diario Público, fuentes judiciales han tachado al juez Moreno como «uno de los preferidos de la Policía» y que los agentes «en ocasiones esperan a que él esté de guardia para llevar al Tribunal según qué casos».
El juez Ismael Moreno, que es el más veterano de la Audiencia Nacional, antes de aprobar sus oposiciones a juez fue inspector de policía entre los años 1974 y 1983. Durante su trabajo en el cuerpo fue denunciado por falsificar las pruebas que llevaron a un hombre a la cárcel por homicidio. Aunque en 1988 la Audiencia provincial abrió una investigación por estos hechos, ocupando Moreno ya el cargo de juez, tras tomarle declaración se sobreseyó la causa.