Salvo error por mi parte unas personas ocuparon el rectorado de la Universidad de Autónoma de Barcelona en abril de 2013. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿No había aquí razones de incumplimientos de acuerdos tomados en el Claustro? En abril de 2013 se llevó a cabo la enésima ocupación del rectorado de la […]
Salvo error por mi parte unas personas ocuparon el rectorado de la Universidad de Autónoma de Barcelona en abril de 2013. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿No había aquí razones de incumplimientos de acuerdos tomados en el Claustro?
En abril de 2013 se llevó a cabo la enésima ocupación del rectorado de la UAB. Inicialmente la protesta respondía a una iniciativa de la Coordinadora de Asambleas de Facultad (CAF), que agrupaba (y agrupa) a la mayoría de los estudiantes organizados. Al poco tiempo, desde la Plataforma per la Universitat Pública (PUP), se optó no sólo por apoyar sinó también por incorporarse a la ocupación. En ese tiempo, a parte de organizaciones estudiantiles, participamos en esa decisión la CGT, CCOO y el CAU (un sindicato con presencia en el personal de administración y servicios -PAS-). En definitiva, aunque la protesta fue fundamentalmente de estudiantes, los trabajadores/as de la UAB nos implicamos. Además, muchos profesores acudieron a impartir clase en el rectorado ocupado.
¿Los motivos? Eran muy simples y, si lo quieres ver así, incluso muy reformistas. Se pedía que el rectorado cumpliera una serie de resoluciones que el Claustro General de la universidad había aprobado unos meses antes. Fundamentalmente se trataba de: 1) no aplicar un incremento de tasas de matriculación dictadas por el ministerio y la «conselleria», 2) medidas de transparencia econòmica y de control de determinadas actividades privadas bajo el paraguas de la institución pública y 3) frenar el despido y la expulsión de profesorado e investigadores/as precarios (y jóvenes) de la universidad.
Es importante puntualizar que ésa era una protesta más de un ciclo que arrancó en primavera de 2011 y fue especialmente intenso en el curso 2011-2012, con huelgas y movilizaciones en contra los recortes y la privatización encubierta de las universidades.
¿Qué tipo de actividades se realizaron durante el encierro? ¿Causaron desperfectos?
Inicialmente fue una ocupación que permitía que los y las trabajadoras del rectorado accedieran a su puesto de trabajo. En este sentido, el rectorado siguió funcionando con normalidad durante las primeras semanas. La salvedad era que había pancartas, grupos de manifestantes y que se realizaban clases, conferencias, debates. A nivel personal, pienso que el edificio salió un poco de la monotonía gris y se llenó de la vitalidad y el color de la crítica, los debates, etc. Mientras, se intentó negociar con el rectorado e, incluso, hubo alguna reunión. Sin embargo, el equipo de gobierno de la UAB en ningún momento movió ninguna ficha para desbloquear la situación que, te recuerdo, simplemente pretendía que se diera cumplimiento a una resolución del órgano más «plural» de la universidad.
En la fase final de la ocupación el bloqueo impuesto por el rectorado provocó que se impidiera el acceso al edificio ocupado. Una situación de este tipo no era inédita en la universidad. Cómo tampoco lo era el que se hicieran pintadas o, si me apuras, se levantara alguna barricada.
¿Qué personas, qué grupos, qué colectivos apoyaban a los encerrados? ¿Duró mucho el encierro?
La ocupación la promovió inicialmente la CAF y posteriormente la PUP. Eso implicó la participación del SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), la Assemblea Llibertària de la UAB, a àrte de los sindicatos ya mencionados. A nivel externo, tuvimos el apoyo de diferentes ectores de la izquierda anticapitalista, incluso con la visita de varios diputados de la CUP y militantes de estos espacios.
¿Cómo finalizó? ¿Se disolvió por voluntad de los encerrados?
La protesta en el rectorado duró exactamente un mes, del 17 de abril al 17 de mayo y finalizó por voluntad de la gente ahí encerrada. Todo eso a pesar de que el equipo de gobierno de la UAB no hizo ningún gesto de distensión, más bien al contrario.
¿Se facilitaron nombres de los encerrados a los Mossos d’Esquadra?
Con posterioridad hemos sabido que si. La universidad facilitó informes de seguimientos realizados por sus servicios de seguridad a estudiantes, a ex-estudiantes conocidos por su militancia política, describieron las actividades de algunos profesores e, incluso, llegaron a espiar al ex-diputado David Fernández en una visita que en aquella época realizó a la universidad.
Todo eso lo sabemos por las diligencias que recoge el sumario del caso. Informes, grabaciones y también declaraciones del rector, la secretaria general y la antigua vice-rectora de estudiantes. Los tres hablan de un «entramado» de organizaciones y especifican el supuesto rol de cada uno de nosotros/as, dando nuestros nombres propios e, incluso, nuestro DNI. De hecho, todavía me pregunto de dónde sacaría la entonces vice-rectora Silvia carrasco mi DNI y el de muchos otros encausados.
Se habla también de escraches. ¿Contra quiénes si fue así? ¿Por qué?
Hubo acciones de protesta en algunos actos públicos de la entonces vicerrectora de estudiantes, Carrasco. En aquella época la PAH había popularizado ese tipo de acciones que, aunque ya se llevaban a cabo antes, las acabamos llamando todos/as, «escraches». Aunque yo no estuve en ellas, entiendo que el motivo era para denunciar la actitud de negarse a la negociación de esa persona y el resto del rectorado.
Tengo ante mí algunas fotografías de aquel encierro y no parece que la violencia hiciera acto de presencia. Les veo más bien muy pacíficos, muy reflexivos y dialogantes en el sentido real, no ficcional, de la palabra.
Yo diría que la violencia discursiva en esa época procedía de otro lado. Y también añadiría que creo que fue una ocupación mucho más pacífica que otras que hubo en el pasado, como la del año 1987, donde incluso quizás tomaron partido algunas d ellas personas implicadas en la denuncia que nos llevará a juicio en algún momento.
Usted es secretario general de la CGT. ¿Qué papel jugó el sindicato en toda esta movilización?
Como en muchos otros lugares, la CGT ha desempeñado un rol muy activo en las movilizaciones sindicales y sociales en la UAB. Lo hizo en la época de las protestas contra la imposición del Plan Bolonia (curso 2008-2009), estimulando que el personal docente e investigador (PDI) y el PAS tomaramos partido en el debate abierto. Y luego volvió a tener un rol activo en el ciclo que inició con los recortes del gobierno Mas del año 2011. Además, a nivel sindical en sentido estricto, hemos promovido muchas acciones de oposición a despidos, abusos en la contratación, etc. En este sentido es indicativo que hemos pasado de ser la 4ª fuerza en el comité de empresa del profesorado a la primera en 8 años.
Nuestro rol en esa ocupación fue estar donde hace años que estamos: trabajando para fortalecer confluencias y superar las diferencias estamentales en la lucha por una universidad pública y social.
¿Se sienten perseguidos?
Meses antes, el gerente nos había amenazado con una querella por calumnias a raíz una denuncia que hicimos donde vinculábamos al rector con un posible prestamismo laboral de docentes. La querella nunca llegó, pero si esta otra denuncia penal. ¿Casualidad? No lo parece… Otro dato. En primavera de 2015 desempeñamos un papel muy activo contra el cierre de la guardería que desde hacía más de 20 años tenía la UAB. Destacó la implicación de nuestra compañera Merce, en aquel entonces presidenta del AMPA del centro. Al poco, la presentamos como cabeza de lista en las elecciones del comité de empresa del PAS. A los pocos días la despidieron e intentaron invalidar la candidatura. Muchas casualidades en una universidad que se pretende pública.
¿Quiénes judicializaron esta protesta ciudadana y universitaria? ¿Cuáles fueron sus motivos?
En sentido estricto, el origen de la denuncia es un poco confuso, ya que en algún momento parece que la interpusiera la profesora Silvia Carrasco, que compareció ante la policía en calidad de vicerrectora, y en otros momentos parece que fuera la propia universidad. Lo cierto es que a inicios de 2015 figuran como acusaciones particulares, en teoría independientes las unas de las otras, la UAB, Silvia Ccarrasco y diversas personas que en aquella época eran becarios y becarias de Carrasco en el vicerectorado. Lo curioso es que en todos los casos el abogado es el mismo: Cristófol Martell, abogado de De La Rosa, Pujol, Messi y muchos otros.
Fuera quien fuera, es la universidad a través de las personas que te he mencionado anteriormente quienes construyen el discurso criminalizador. Sus motivos fueron, básicamente atacar a los espacios y organizaciones que llevábamos a cabo una oposición contundente a las privatizaciones y recortes.
Ahora se ha sabido la petición de la fiscalía: de 11 años a 13 de cárcel. ¡11, 13 años! ¿Por qué esta barbaridad?
La mayoría de peticiones penales son de 11 años y 5 meses, aunque en algunos casos llegan hasta los 13 años y 9 meses. Además nos imponen la prohibición durante 5 años de pisar la UAB, cosa que en el caso del otro trabajador y yo nos implica perder el trabajo. Y también el pago de una responsabilidad civil subsidiaria de 384.000 €. En su escrito el fiscal compra, casi al pie de la letra, el relato tramado por el rectorado de forma reiterada ante la policía y ante el juez. Entendiendo que la fiscalía es un cuerpo muy jerárquico, es facil pensar que detrás hay una voluntad política de escarmiento, de frenar la lucha contra las privatizaciones mediante las movilizaciones y, quizás, de quitar de en medio a 27 militantes de diversos movimientos sociales y de la izquierda en Catalunya.
¿Cuántas personas han sido acusadas? ¿Quiénes son?
27 personas. De ellas, 25 eran estudiantes en 2013 y 2 somos trabajadores (un PAS y yo profesor), delegados en el comité de empresa desde hace muchos años. Globalmente todos y todas militamos en diversos lugares. Hay gente de la CUP (entre ellos un concejal y un alcalde), de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista, de Embat, un colectivo libertario, de la CGT, del CAU, de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme… y seguramente paso por alto otras organizaciones.
Usted es una de ellas. ¿De qué se le acusa?
Los hechos por los que mi nombre forma parte del grupo de acusados son la participación en una rueda de prensa el 22 de abril de 2013. También es el caso de dos estudiantes más y el compañero del PAS. A otras personas se les imputa por haber formado parte del equipo negociador. Una auténtica barbaridad.
¿La universidad se presentó como acusación? ¿Quién era entonces la rectora?
Si, la universidad se presentó como acusación particular en los primeros meses de 2015, aunque en su momento lo negaron reiteradamente.En esa época el rector era Ferran Sancho y la secretaria general era Judith Solé, una magistrada en excedencia.
Se ha cambiado el rectorado de la UAB hace poco. ¿Qué posición ha tomado el nuevo equipo rectoral?
En mayo de 2016 ha habido elecciones y la candidatura continuista ha perdido las elecciones de forma clara. La nueva rectora, Margarida Arboix, había estado en el PSUC y fue una figura destacada de la lucha de los PNN’s de hace décadas. En teoría su equipo es de corte «progresista». En la campaña electoral dijo en algún momento que iban a reiterar la denuncia. Y el jueves pasado anunciaron que habían retirado la denuncia penal, cosa que ella mismo nos confirmó al dia siguiente. Por ahora no han retirado la denuncia civil, que implica la reclamación de los 384.000 €. La noticia es buena, pero llega tarde ya que la acusación del fiscal garantiza que habrá juicio. Por otra parte, por ahora la UAB se ha retirado sin hacer ruido. Es decir, no ha pedido a las partes de forma pública que desistieran de realizar acusaciones, como a nosotros nos hubiera gustado.
Se habla de sufragar daños. ¿Qué daños se cometieron? ¿Quiénes los cometieron?
No se qué daños hubo. Gran parte de la reclamación de la universidad tiene que ver con los días de trabajo no realizados en la fase final de la protesta y una cuantificación de las horas que el rector y su equipo perdieron. La verdad es que nada de eso hubiera ocurrido si hubiesen abierto una vía de negociación sobre el cumplimiento de las resoluciones del claustro.
¿Cómo podemos darles apoyos? ¿Han pensado en organizar actos de solidaridad?
Difundir el caso es un primer apoyo, y muy necesario. Ahora mismo estamos saliendo de nuestra sorpresa por los términos de la petición fiscal. Ha habido que hablar con todos los encausados/as. En los próximos días trazaremos las líneas maestras de la campaña política para frenar el juicio y que, seguramente ya para después de verano van a comportar diversas iniciativas públicas. Mientras, cualquier posicionamiento es útil y bienvenido.
¿Quiere añadir algo más? Por mi parte, déjeme mostrarle mi mayor solidaridad
Sí. Agradecer las muchas muestras de solidaridad que estamos viendo, con gente colgando videos en la red, realizando carteles, etc. Y también decir que, por encima de todo, la mejor forma de solidaridad es el compromiso con los espacios de militancia que seguramente tienen muchos de los lectores y lectoras de esta entrevista.
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