La Confederación General del Trabajo (CGT) junto al resto del sindicalismo alternativo y los movimientos sociales ha venido luchando contra este progresivo deterioro de las condiciones laborales, salariales y de salud en el trabajo, pero la firma o el silencio cómplice del sindicalismo oficial ha contribuido a que los tribunales españoles no hayan entrado a […]
La Confederación General del Trabajo (CGT) junto al resto del sindicalismo alternativo y los movimientos sociales ha venido luchando contra este progresivo deterioro de las condiciones laborales, salariales y de salud en el trabajo, pero la firma o el silencio cómplice del sindicalismo oficial ha contribuido a que los tribunales españoles no hayan entrado a derogar todas estas leyes injustas, regresivas y discriminatorias.
Pero nuestra organización era consciente de que las reformas laborales contenían infinidad de artículos que vulneraban derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia de la UE, en varias sentencias recientes, ha puesto en jaque a políticos, empresarios y sindicatos mayoritarios, al respecto de Derechos Laborales violados y desposeídos de las personas asalariadas por las legislaciones laborales del Estado Español, que se han venido recortando con los sucesivos pactos sociales y reformas laborales.
Los dos derechos violados y desposeídos, tienen que ver con la desigualdad y la discriminación, tanto en el momento de la contratación como en la indemnización a la finalización de los contratos.
El primer derecho violado por la legislación española viene de antiguo: ya el Estatuto de los Trabajadores del año 80, permitía la contratación temporal, siempre que hubiera causa. La Reforma bestial del PSOE del 84, constituye la discriminación en origen a la hora de la contratación, descausalizando el contrato temporal y permitiendo el masivo fraude de ley empresarial: cualquier contrato temporal (obra, servicio, circunstancias de la producción, fomento empleo, etc., etc.) vale legalmente para trabajos que son permanentes. Todas las Reformas Laborales a posteriori, no han hecho sino ahondar en esta ilegalidad e injusticia para más del 92% de las personas que son contratadas de «forma temporal» a lo largo del año, sobre una media de 15 millones de contratos anuales.
EL TJU€, en el supuesto de una trabajadora contratada temporalmente durante muchos años en la Administración Pública (Sanidad), considera que el Estado Español está violando el derecho comunitario, al cubrir un puesto permanente, con un contrato temporal. La lectura es muy sencilla, de sentido común y de justicia social: hacer trampas en las contrataciones no es sino una manera violenta de rebajar los costes laborales y violar el derecho fundamental al empleo.
El segundo derecho violado, el pago de indemnizaciones menores a las personas asalariadas de manera temporal, es tan antiguo como el Estatuto de los Trabajadores y las posteriores legislaciones, al igual que en la contratación temporal en claro fraude de ley, no han hecho sino dar carácter de permanente a la DISCRIMINACIÓN y quebrar la igualdad de derechos de las personas asalariadas, para establecer la división entre las personas trabajadoras y enfrentarlas unas contra otras.
El «negocio sucio para el empresariado, tanto público como privado» es un chollo ya que la evolución en la contratación temporal fraudulenta es meteórica en ciertas fases de la economía patria. La última fase de la «estafa social» la encontramos en la evolución de la contratación desde el 2012: de 7,8 millones de contratos en ese año, hemos pasado a 11,3 millones en el 2016 y, solo en 7 meses.
Esta contratación, en más de un 92% es temporal y la duración media de los contratos en caída libre: si en el 2007se encontraba en 80,5 días, en el 2016 a julio, dicha duración media se encuentra en 50,9 días.
La precariedad es mucha, pero aún no ha tocado fondo: en el 2007 se firmaron en los siete primeros meses del año 11 millones de contratos, pero teníamos una población ocupada de 17 millones y resulta que en los 7 primeros meses del 2016, se han firmado 11,3 millones de contratos y eso que la población ocupada son casi 2 millones menos.
Y esta precariedad «normalizada», se ha extendido como balsa de aceite en todos los sectores. Del sector clásico de la construcción cuando en el 2007 ocupaba a casi 3 millones de trabajadores (hombres sobre todo) y más del 60% eran temporales, hemos pasado a una temporalidad/precariedad al sector clásico del empleo «fijo», la Industria, donde la duración media de sus contratos se ha hundido: de una media de 160 días en esas fechas, a 57 días a julio 2016.
Sectores clásicos de explotación/precariedad como la Hostelería, han aumentado la intensidad del dolor y la ausencia de derechos: si en los siete primeros meses del año 2007 se firmaron 1,05 millones de contratos, teniendo ocupadas/empleadas 1,1 millones de personas asalariadas, en el mismo periodo de 2016, es decir, los siete primeros meses, se han suscrito 2,3 millones de contratos y sus población ocupada solamente es de 1,3 millones, es decir 200.000 más que en el 2007.
Inestabilidad, vulnerabilidad, precariedad, sobre explotación …son todos elementos consustanciales para el 90% de toda la nueva contratación y, a la vez, es la «base política» para que sinvergüenzas, corruptos y la inmensa mayoría del empresariado, sigan cavando la tumba de los derechos laborales y políticos de la mayoría social.
Ahora, se trata de RECUPERAR estos Derechos: el Derecho a ser contratados con contratos fijos para puestos de trabajo permanentes, tanto en el mercado público, como en el privado y el Derecho a ser tratados y tratadas sin diferencias a la hora de indemnizar la pérdida del puesto de trabajo.
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