En días pasados el Gobierno de Navarra y el de Madrid han debatido en relación a la cantidad a abonar por aquel a éste en concepto de aportación derivada del Convenio Económico. Según un estudio de la Hacienda foral, Navarra está abonando una cantidad muy superior a la debida, entre 100 y 250 millones de […]
En días pasados el Gobierno de Navarra y el de Madrid han debatido en relación a la cantidad a abonar por aquel a éste en concepto de aportación derivada del Convenio Económico. Según un estudio de la Hacienda foral, Navarra está abonando una cantidad muy superior a la debida, entre 100 y 250 millones de euros, según se interpreten distintos ajustes técnicos. El Ministerio de Hacienda, por su parte, afirma que el estudio realizado «confunde a la opinión pública» y es de «escaso fundamento técnico». Se niega pues la mayor, la menor, los pares y el juego. Bien empezamos.
La discusión es farragosa. Se habla del Convenio, la aportación foral, impuestos compartidos y exclusivos, prorrogas y actualizaciones… En fin, algo de difícil comprensión para el común de los mortales, a quien, por cierto, tampoco ha interesado, al menos hasta ahora, educar al respecto. Ya se sabe, al poder siempre le ha apetecido contar con una ciudadanía ignorante. Así las cosas, en la calle el debate se simplifica bastante. «Madrid nos roba», afirman unos. «El Gobierno foral trampea las cuentas», rebaten otras. Y así andamos. Personalmente, me apunto al primer bando. Veamos por qué.
Las razones son varias. En positivo, porque tras ver la información publicada, y sin que esto sea dar un cheque en blanco a nadie, se aprecia un intento serio en la Hacienda navarra por aclarar a la ciudadanía el estado de las cuentas y relaciones con Madrid, algo que no se ha hecho en estos últimos años-décadas. Y en negativo, porque tras cuatro años de diputado en Madrid uno ha aprendido que el PP y sus ministros -Montoro, txapeldun- mienten más que hablan y solo se sonrojan cuando dicen la verdad, cosa que ahora no ocurre. Es probable que ni siquiera hayan mirado el estudio de Hacienda Foral.
El Consejero foral ha centrado el marco de la negociación con el Estado en una cantidad de 150 millones y ha señalado que «se puede llegar a un acuerdo con relativa facilidad» ya que la negociación es estrictamente técnica. Pues bien, desconozco la razón de su optimismo pero, más allá de la objetividad de los números, creo que el problema es esencialmente político.
Empecemos señalando que hablamos del Gobierno de un partido -PP- que ha demostrado que la corrupción forma parte de su propio ADN. De quien, ni sabe, ni quiere saber distinguir entre Hacienda pública y cuentas particulares, entre impuestos para todos y amnistías fiscales para los míos. Pues bien, así las cosas, ¿espera el consejero Aranburu convencer a Montoro o a su sucesor de la corrección de sus cuentas? ¿Piensa acaso que éstos, que juegan de mano, con cartas marcadas y árbitros comprados, van a jugar con lealtad? En su día, Varoufakis hizo afirmaciones similares en las negociaciones a mantener con la Troika, pero ya vimos de qué sirvieron todas sus «cuentas» y «razonamientos». Y esto, porque en última instancia, no lo olvidemos, el poder juega siempre con una carta de más: la imposición y la fuerza.
Navarra cuenta con el record estatal en materia de leyes recurridas y suspendidas. El Gobierno del PP y su Tribunal Constitucional (T.C.) han disparado a ráfaga contra el Parlamento Foral por osar tan solo regular materias como la atención sanitaria universal, el fracking, los desahucios, las pagas del personal funcionario…, con criterios políticos diferentes a los de Madrid. Y en este rifi-rafe, las razones técnico-jurídicas defendidas por el Parlamento Foral se las han pasado por allá. ¿Por qué?. Ya lo he dicho antes: Madrid juega con ventaja. Parejo a los recursos van las suspensiones de las leyes y luego, el T.C., correveidile del Gobierno, resolverá vaya vd. a saber cuándo, que sus prioridades ahora están puestas -las pone el PP- en meter palos en la rueda del proceso catalán y no en atender menudencias forales.
Por si esto fuera poco, Bruselas ha exigido 5.000 millones en nuevos recortes que el Gobierno acaba de aceptar. Los hombres de negro del FMI llegarán también un día de estos, no a inspeccionar las finanzas del PP, sino «a ver como va lo suyo». Después harán sus recomendaciones. Nuevos recortes están al caer. ¿De qué bolsillos y presupuestos saldrán? No es difícil adivinar: partidas sociales, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, congelación/reducción de las plantillas públicas estatales, autonómicas y locales, etc…, Nuestra flamante autonomía no da hoy siquiera para aprobar las convocatorias de personal sanitario, educativo o de bomberos que precisamos.
La última actualización del Convenio venció a finales de 2014. Llevamos casi dos años jugando prórrogas que están sangrando la hacienda navarra en cientos de millones. Como es lógico, Madrid no tiene prisa por cambiar esto. Puro chantaje a fin de negociar a la baja, avanzar hacia atrás y proseguir por el camino transitado hasta ahora, el de la venta continuada de primogenitura foral a cambio de aguachadas lentejas madrileñas.
Afirmar que se es optimista ante la negociación y que ésta es puramente técnica, desarma y confunde a la ciudadanía y no es la hora de fomentar su pasividad, sino de todo lo contrario. Quizás no sea muy educado ni ajustado a protocolo, pero hay que decir que decir las cosas tal como son: la negociación va a estar cruda y será precisa la mayor participación y activación ciudadana posible (política, sindical y social) para hacer frente a esta situación. Está bien llevar a Madrid los mejores técnicos y razones, pero si no van arropados de lo anterior van a pasar mucho frío. Nos las jugamos con un gobierno reaccionario, corrupto y mentiroso que viene a recortar todo lo que pueda, no lo olvidemos.
El Acuerdo del cuatripartito habla la necesidad de «abrir un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el amejoramiento para definir el status político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, dándoles el mayor rango legal posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano».
Esa es la vía. Hay que conseguir que las relaciones con el Gobierno central se den entre partes que estén en pie de igualdad y no de dependencia. Porque hay que hablar de números, sí, pero también de soberanía. Basta ya de cuentas amañadas y de leyes forales tumbadas a capricho por Madrid.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.