Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la LOMCE por 208 votos a favor y 133 en contra. Han votado a favor de ella PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDC, PNV, Bildu…; en contra lo ha hecho el PP. Es un […]
Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la LOMCE por 208 votos a favor y 133 en contra. Han votado a favor de ella PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDC, PNV, Bildu…; en contra lo ha hecho el PP. Es un paso, pero no se suprimen las reválidas. El Gobierno ha anunciado que aprobará un decreto ley para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato mientras se llega a un pacto educativo. Poco nuevo bajo el sol: hay que recordar que esa ausencia de efectos académicos para este curso ya lo recogía el decreto del gobierno de julio y que el gobierno, por la presión y por su ineptitud no puede hacer otra cosa.
Porque veamos lo que está pasando en las aulas. La semana que viene se celebran los exámenes finales de la primera evaluación de 2º de Bachillerato en la mayoría de los institutos, y el 24-N está convocada una Huelga General de estudiantes contra las reválidas, la LOMCE y los recortes. Después de la gran movilización de la comunidad educativa del 26 de octubre, y de la gran irresponsabilidad de acabar el primer trimestre sin que el alumnado y el profesorado sepamos en qué van a consistir las reválidas, a Méndez de Vigo no le queda otra opción que dejar que este curso no tengan efectos académicos y sean del tipo de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Probablemente lo hará el 28 de noviembre e intentará convertir su incompetencia en un gesto de buena voluntad en el colmo de la desfachatez.
Para que no nos confundan con los enredos hay que recordar que la LOMCE es una ley aprobada en pleno vendaval de recortes del gasto público y desde la borrachera de poder del PP por una mayoría absoluta que creía eterna. Ninguna de las dos cosas se nos debe olvidar. La primera, porque la reducción de 8.000 millones de inversión educativa fue acompañada por una ley que legitimaba un irresponsable hachazo a la educación por el que hoy nos tiran de las orejas la Unión Europea, la OCDE y otros organismos internacionales por la situación calamitosa de la educación. La segunda cuestión que hay que tener presentes es que el PP, aunque haya formado gobierno, no tiene mayoría parlamentaria y por ello no debe dirigir ni manipular el proceso de construcción de un consenso para una nueva ley educativa. Sería una burla que quiera liderar el pacto educativo para conservar intactas buena parte de las bases de la LOMCE.
La LOMCE es mucho más que las reválidas, aunque parece que todo se focaliza en esta cuestión de innegable transcendencia. No podemos olvidar que la LOMCE está en vigor en los nuevos currículos de asignaturas, en los privilegios para la religión católica, en los itinerarios tempranos que segregan y expulsan al alumnado del sistema, en la reducción de la educación comprensiva y de la inclusión, en la posibilidad legal de establecer rankings y en la competitividad entre centros, en la segregación por sexo pagada con dinero público, en el modelo autoritario que en la práctica suprime la democracia en los centros educativos y permite imponer direcciones a dedo, y en el reforzamiento del proceso de privatización de lo público para fortalecer la red privada-concertada. Ya en el mes de julio una representación importante de la comunidad educativa planteaba una serie de medidas urgentes para evitar los destrozos que ocasionaba la ley y que conviene recordar ahora.
Por todo lo anterior urge la derogación de la LOMCE e iniciar la construcción de un nuevo marco legal para la educación. Ha de hacerse dentro de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios para alcanzar un consenso social, político y territorial. Pretender negociar una nueva ley en la mesa camilla de una subcomisión parlamentaria volvería a conducir al fracaso y, ojo, al mantenimiento de la LOMCE. Como bien dice Redes para una Nueva política Educativa, «no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas».
Por último, hay que abordar también la política educativa y el aumento de la inversión. Debe quedar claro que, además de suspender-paralizar y finalmente derogar la LOMCE, debe aumentar la financiación educativa para revertir los recortes, bajar a las ratios, ampliar plantillas y mejorar las condiciones del profesorado. Estamos en una de las cifras más bajas de la Unión Europea (4,1% del PIB) y al mismo tiempo que aumentaba el alumnado un 6% se producían los recortes. Estos afectan tanto a la Universidad como a la enseñanza no universitaria y, especialmente, a los recursos que se deberían dedicar a la atención de la diversidad para que la escuela sea inclusiva y se reduzcan las desigualdades sociales.
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