Motivos para el Referéndum del 1-O

Hace pocos días se celebraba el segundo centenario del nacimiento del padre de la desobediencia civil, el estadounidense Henry David Thoreau. Él nos dejó muchas enseñanzas, y abrió a los pueblos y a las personas una vía de rebeldía, de contestación y de enfrentamiento pacífico contra los regímenes y sistemas que intentan imponernos, con la «calma» inexorable de la ley, injustos contextos de aplicación. Básicamente Thoreau demostró que toda revolución democrática se construye contra la ley, no conforme a ella. El próximo 1 de Octubre viviremos en Catalunya una jornada muy ilustrativa sobre las enseñanzas de Thoreau. Partamos de la base de que el Estado de las Autonomías resulta ya agotado, y no nos referimos ahora sólo al caso catalán, tan vapuleado desde el Estatut de 2006 «cepillado» por el TC con la complicidad del Gobierno del PSOE del ex Presidente Zapatero, sino por la continua casuística que afecta a leyes autonómicas que son inmediata y constantemente recurridas por el Gobierno Central ante el Alto Tribunal. Acaba de suceder hace pocos meses con la jornada de 35 horas semanales para el personal de las Administraciones Públicas decretada por la Junta de Andalucía, o con la reciente Ley que afectará a las corridas de toros (sin maltrato ni muerte para los animales) en Baleares. Que no nos vengan con monsergas: en nuestro país existe únicamente descentralización administrativa, pero no autogobierno de las Comunidades Autónomas. El Estado Autonómico jamás reconoció las distintas realidades nacionales en condiciones de igualdad con la española. Si pretendemos alcanzar ciertos logros legislativos que los parlamentos autonómicos hayan validado, la única vía posible es la desobediencia. No obstante, como muy bien señala Jaume Asens (teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona) en esta entrevista de Sergi Picazo para elcritic.cat, también traducida por Ángels Varò para el medio Viento Sur, cuando la desobediencia implica al ámbito institucional la cosa se vuelve más complicada, ya que afecta a terceras personas ajenas a la propia desobediencia de una manera más intensa (en este caso, por ejemplo, trabajadores públicos del consistorio o funcionarios de la Generalitat).

Algunos ingenuos plantearán que el camino es conseguir una mayoría alternativa en el Gobierno Central, para así poder refrendar dichos avances legislativos de carácter progresista, pero esta es una vía muerta. Y no porque renunciemos a ella, sino porque con la configuración actual mayoritaria de los dos grandes partidos, un bipartidismo hegemónico apoyado por el poder económico, los dueños de los imperios mediáticos y de la gran clase empresarial, esto es una tarea titánica que aún tardará bastante tiempo en ir cambiando. E incluso cuando se consiga superar el listón electoral, habremos de continuar enfrentándonos a una clase dirigente en la sombra que posee el poder y la hegemonía, y que es la que controla la mente alienada de millones de personas en nuestro país. Así que desde este punto de vista, todo intento de romper la baraja institucional, toda amenaza contra el status quo de los partidos y poderes hegemónicos, debe ser, de entrada, bienvenida. Y en el fondo, esto es lo que supone la convocatoria de referéndum para el próximo 1 de Octubre en Catalunya. Hasta ahora, hemos asistido a un absurdo choque de poderes, donde el Gobierno Central del PP ha desplegado toda su fuerza y abusado de sus recursos, pero un problema político no se soluciona interponiendo recursos al Tribunal Constitucional, ni con amenazas, ni con multas ni con inhabilitaciones a los políticos que las promueven. Un problema político se soluciona recurriendo a la política, es decir, negociando, cediendo y pactando. Un problema político se soluciona con voluntad política. Y llama mucho la atención (y hasta causa la risa más histriónica) que el Gobierno del PP (el más corrupto de los Gobiernos europeos con diferencia) denuncie que las instituciones catalanas ignoran, se saltan o se colocan por encima de la ley, cuando ellos son los primeros que hacen caso omiso de las normas que no les interesan, como por ejemplo hacen continuamente con la Ley de Memoria Histórica, motivo por el cual han sido sentenciados por diversos tribunales internacionales.

Por tanto, los primeros que se llenan la boca con «la ley» son los primeros que la incumplen sistemáticamente. ¡Basta ya de tanto cinismo e hipocresía! También argumenta típicamente Rajoy que «lo que sea España lo decidirán todos los españoles«, o que «yo no puedo liquidar la soberanía nacional«, y otras sandeces por el estilo, para ocultar en realidad su absoluta negativa a pactar el referéndum. Hugo Martínez Abarca lo ha explicado muy bien en este artículo para el medio Cuarto Poder: «Que el Brexit afecte a toda Europa no hace que a nadie se le haya ocurrido pensar que la votación de los británicos era ilegítima porque no votaron todos los europeos. A nadie se le ocurrió que la independencia de Quebec o Escocia tuviera que ser votada por todos los canadienses o británicos. Los ámbitos de soberanía política son en el siglo XXI lo suficientemente flexibles como para asumir que ese «que voten todos los españoles» simplemente encubre la voluntad de que no vote nadie«. El problema es que cuando la ley se convierte en un coto privado de caza, sostenida y amparada por una serie de poderes que la utilizan a su servicio (como ya dejaron escrito Marx y Engels), la ley se convierte en sí misma en una herramienta ilegítima, y de ahí la necesidad de su desobediencia, como planteaba Thoreau. Por tanto, en el caso catalán, hoy día la situación ha encallado de tal modo que el referéndum es condición indispensable para que el conjunto de la ciudadanía se manifieste, y en caso de ganar el «SI», Catalunya pudiera ser pionera en ser tratada de igual a igual con el Estado Español. Ello no obsta para que posteriormente pudiera ser negociada otro tipo de relación con el Estado Español, de carácter federal o confederal, o incluso de Estado Libre Asociado, tal como sugiere Jaime Pastor en esta entrevista para el medio eldiario.es.

Pero de momento, la celebración del referéndum es boicoteada y bombardeada por tierra, mar y aire por parte de las fuerzas políticas de la derecha. Y ante este patético escenario, de unas leyes injustas y de unos gobernantes necios y autoritarios, indecentes y vergonzosos, la desobediencia es el único camino posible. Pero no nos engañemos: la desobediencia implica valentía y riesgo, y hay que seguir aplicándola en todos los escenarios que creamos insuperables, tales como nuestro escenario europeo. Y así, el único camino para superar realmente la austeridad impuesta y conseguir la soberanía económica necesaria, será la desobediencia frente a los tratados europeos, y la salida del euro y la propia Unión Europea, si fuera necesario. Pero volvamos a la cita participativa catalana, que es la que nos interesa en este momento. Hace pocos días, Martí Caussa editaba un breve documento a modo de preguntas frecuentes (FAQ’s) en torno al referéndum catalán, cuya lectura es muy recomendable. Tomando sus palabras, el 1-O «se vota por una revolución política en una parte del actual Estado Español«. El principal argumento en contra que pone el Gobierno del PP (y sus aliados PSOE, C’s y la ambigüedad o tibieza de una parte de UP) es que dicha convocatoria es ilegal, porque así lo ha declarado el TC. Ellos parten de una interpretación fundamentalista de la Constitución, y de un concepto de «soberanía nacional» (tiene mucha gracia que el PP la mencione, cuando la llevan triturando en las instancias supranacionales europeas durante años) que otorga la capacidad de decisión «al conjunto del pueblo español», pero jamás han planteado un referéndum para el conjunto del pueblo español, ni han aceptado la legitimidad de una ley autonómica para poder celebrarlo, luego se trata claramente de una falta de voluntad política para aceptar tal hecho. De hecho, no existe unanimidad entre los juristas de prestigio de nuestro país en el hecho de si se podría haber «fabricado» el entorno legal para poder celebrar el referéndum.

Más allá de su legalidad, se discute su legitimidad. Pues veamos: la celebración del referéndum ha sido reclamado en Catalunya por millones de personas durante los últimos años en múltiples y masivas manifestaciones, todas las encuestas coinciden en afirmar que más del 80% de la población catalana desea su celebración (que no la proclamación de la independencia, sino la celebración de la consulta), la inmensa mayoría de los Ayuntamientos catalanes lo apoyan, y en el Parlament existe una mayoría absoluta partidaria de celebrarlo. Dado este aplastante escenario mayoritario a favor de la consulta, hubiese sido tan fácil como que el Gobierno Central pactara con las instituciones catalanas las condiciones para la celebración del referéndum (acordando el porcentaje mínimo de participación para considerarlo válido, las preguntas de las papeletas, o el mínimo porcentaje para considerar vencedora a alguna posición, entre otros asuntos). Pero no. El Gobierno del Partido Popular y sus aliados se enrocaron en la negativa cerrada a pactar ningún tipo de consulta que implicara un cierto derecho a la autodeterminación, y así hemos llegado a esta absurda situación. Se aduce que la población catalana es víctima de una obsesiva y tóxica influencia de los medios de comunicación propios, pero…¿acaso no ocurre eso mismo con los medios de comunicación a nivel estatal? ¿O cuál es el motivo para que a día de hoy aún continúen las fuerzas políticas del bipartidismo como las más votadas ante una posible cita electoral? ¿Es que acaso no es manifiesta la manipulación que medios como Televisión Española (La 1, La 2, Canal 24h, etc.) vierten continuamente a sus espectadores, alejándose de posiciones críticas y plurales, veraces e independientes? ¿O es que acaso todos los grandes medios de comunicación privados del país (prensa, radio, canales de TV…) no son claros cómplices e instigadores del bipartidismo? La prueba evidente la tenemos en el acoso y hostigamiento que sufre la formación política UNIDOS PODEMOS desde todos estos medios.

Se alude también falazmente a la «división» de la sociedad catalana que la «deriva» soberanista está provocando, pero…¿es que acaso todas las votaciones, todos los comicios, todas las citas electorales, todos los pronunciamientos políticos de una sociedad, no la dividen ya de facto? Si tuviésemos miedo a la división, la democracia no existiría. Porque la democracia implica la manifestación popular, y por tanto, que ésta se decanta hacia unas posiciones u otras, en libertad, y a partir de ahí, el juego político, la negociación y la fuerza de las mayorías (con el debido respeto a las minorías) tiende progresivamente hacia la instalación de nuevos escenarios políticos que nos gobiernan a todos. Cualquier proyecto de ley divide a la sociedad entre sus partidarios y sus detractores, pero no hay que tenerle miedo a eso, a lo que hay que temer es a no poder hacerlo. ¿Acaso no nos dividieron el referémdum sobre la OTAN o las leyes del aborto o del matrimonio homosexual, por citar sólo algunos ejemplos? También se vierten opiniones sobre la aviesa y oscura intencionalidad del referéndum, tales como que el proceso soberanista catalán es en realidad «un proyecto de sus élites sociales», o un proyecto «para tapar la corrupción de los partidos gobernantes», e incluso, desde algún tímido sector de la izquierda, que el referéndum «no ofrece las debidas garantías». Vayamos por partes. La burguesía catalana en su práctica totalidad es contraria al ejercicio del derecho de autodeterminación, al referéndum del 1-O y, por supuesto, a la independencia. El referéndum es un reclamo popular, transversal e interclasista, y la mejor prueba de ello es que quienes se declaran abiertamente contrarios son los grandes empresarios, que amenazan (y algunos lo han hecho ya) con abandonar Catalunya si continúa el proceso. Y con respecto a las garantías que algún sector de la izquierda reclama, Alberto Garzón lo explicó muy bien en este artículo, aludiendo a la limitación en el planteamiento de la propia pregunta, que no ofrece posibilidades a las personas que optan por otras alternativas (principalmente, la alternativa federalista). Pero todo ello es fruto de la incapacidad de un Gobierno que se ha negado a pactar, como afirmábamos más arriba, las condiciones para esta consulta popular.

Ante la indefinición del escenario, y las variantes del mismo, Jesús Gellida se manifiesta en este artículo en los siguientes términos: «Si al final la represión del Estado –que utiliza sus cloacas para combatir adversarios políticos–, consigue que el referéndum no sea tal, el 1-O, igualmente, habrá sido un acto de soberanía, que servirá para continuar presionando políticamente al Estado y avanzar en la construcción de la República Catalana. En este sentido, las fuerzas del cambio no deberían obviar que, actualmente, el proceso soberanista es el principal desafío en el camino hacia una ruptura democrática del régimen del 78, una punta de lanza que puede facilitar la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado. El 1-O, sea o no un referéndum, tendrá efectos políticos de gran relevancia, la cuestión es si será en clave constituyente o reaccionaria. La movilización sostenida y la participación serán decisivas, donde la unilateralidad y la fraternidad tienen que ir de la mano. Hay que conjugar la reivindicación por la autodeterminación desde Cataluña con tejer alianzas por el derecho a decidir dentro y fuera del Estado Español«. Y sobre la reclamación de un referéndum pactado con el Estado que una parte de PODEMOS reclama, Gabriel Rufián (ERC) en esta entrevista sostiene: «Conviene recordar que lo que defendía Podemos y los comunes era un referéndum pactado. Es lo que siguen defendiendo. Me parece muy bien y es legítimo. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pacta un referéndum con Rajoy? De hecho, otro de los mantras del mundo de Podemos y de los comunes es que cuando se gane a Rajoy todo cambiará. ¿Eso significa que está convencido Sánchez? ¿Está convencido Rivera? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Significa que está convencida la Fiscalía?«. No reconocer estas realidades de partida, en efecto, puede conducir a planteamientos absolutamente ingenuos e incoherentes. Podríamos por tanto verter muchas críticas a las imperfecciones del proceso llevado a cabo por las autoridades públicas catalanas, así como errores en el planteamiento y limitaciones en su ejecución. Pero ante el referéndum planteado, en la forma y modo planteados, y más allá de todas las limitaciones formales, inconvenientes garantistas y posibilidades de vinculación, sólo existen dos posturas: o el apoyo explícito o su ataque. Entendemos que el ataque en el fondo se corresponde sólo con tintes antidemocráticos, luego desde un punto de vista del respeto hacia los modelos de democracia decisoria, sólo cabe su explícito apoyo.

Desde las trincheras del régimen se busca deslegitimar la cita del 1-O, restarle importancia, declarar de antemano su inutilidad práctica, para de esa forma desmotivar y desmovilizar al conjunto de la ciudadanía catalana, así como mover el espantajo del miedo, ante el choque de trenes que se avecina, pero todo ello no es sino munición a la defensiva, ante el miedo que genera que el 1-O se convierta en una cita masiva, con una importante participación, y donde gane ampliamente el «SI». Es el miedo que genera en las élites políticas y económicas de este país la amenaza de proclamación de independencia de una próxima República Catalana, escenario que todos los republicanos y republicanas de este país pretendemos conseguir a nivel estatal. Entonces, puede que llegue el verdadero choque de trenes, porque los poderes fácticos que aún nos gobiernan en la sombra desde la Transición se enfrentarán aún con más virulencia a la mayoría parlamentaria favorable a la República Catalana, y ésta deberá hacer funcionar al país bajo las amenazas y chantajes de las élites económicas y políticas, y la legalidad catalana deberá ser defendida con el apoyo de movilizaciones de masas continuadas, buscando también la complicidad y solidaridad del resto de los pueblos del Estado Español, así como el reconocimiento internacional que ahora no se posee. Ninguna revolución triunfa si no tiene detrás a un pueblo. Se deberá iniciar un proceso de desconexión negociado con el Estado Español monárquico, para romper definitivamente los lazos que tejen su poderío y continúan imponiendo leyes injustas desde su ilegítima atalaya. Ése será el verdadero choque de trenes, y habremos de estar preparados, tanto catalanes/as como ciudadanos/as de otras Comunidades. Para la izquierda política, social y mediática se abrirá una nueva ventana de oportunidad reforzada, ya que tendremos la ocasión de aprovechar la brecha abierta por este proceso para empoderarnos, y cuestionar abiertamente y con más fuerza que nunca el obsoleto, anacrónico y antidemocrático régimen de la Constitución de 1978. Porque si no podemos abrir la brecha a nivel estatal debido al dominio hegemónico del bipartidismo y sus acérrimos y antediluvianos defensores, quizá podamos seguir abriendo brechas más pequeñas, más limitadas, pero que contribuyan a deteriorar este régimen, y a abrir procesos constituyentes dirigidos por la inmensa mayoría social, en defensa de sus intereses. Creemos que esta es la auténtica leyenda del 1-O. Que los árboles concretos no nos impidan ver el bosque.

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