La ley de 2004 solo contempla como violencia de género la producida en el entorno de la pareja o la expareja. El comienzo del juicio por el caso de la violación múltiple producida en los Sanfermines de 2016 evidencia la desprotección y la indefensión que queda para las víctimas de otros tipos de agresiones contra […]
La ley de 2004 solo contempla como violencia de género la producida en el entorno de la pareja o la expareja. El comienzo del juicio por el caso de la violación múltiple producida en los Sanfermines de 2016 evidencia la desprotección y la indefensión que queda para las víctimas de otros tipos de agresiones contra las mujeres, entre ellas la violación.
Por muy raro que parezca, la ley no considera que el juicio por la violación de una joven de 18 años por cinco hombres en los últimos Sanfermines tenga relación alguna con la violencia machista ni con sesgos de género.
La razón hay que buscarla en la Ley de Violencia de Género de 2004, que solo considera delitos de violencia de género aquellos cometidos por la pareja o por la expareja. La inclusión de otras formas de violencia -entre ellas la violación- en el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se ha traducido, según denuncian diversas organizaciones feministas, en leyes o medidas concretas que cambien la situación de desprotección de las víctimas de agresiones sexuales fuera de la pareja.
En el primer día de juicio, el pasado 13 de noviembre, ya han podido observarse algunas de las consecuencias que implica esta consideración legal.
La primera consecuencia de esta «barbaridad», relata a El Salto Ángela Rodríguez, diputada de En Marea en el Congreso, es que la joven ha tenido que desplazarse desde Madrid, donde vive, a Pamplona para testificar. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es tanto cuando hablamos de una violación, además, múltiple. «Cuando se trata de violencia de género, según reconoce la Ley de 2004, se prioriza el domicilio de la víctima como lugar para el juicio por una cuestión de protección de la víctima, aunque solo sea por evitarle el mal trago de tenerse que cambiar de ciudad para tener que declarar», explica Rodríguez.
Desprotección
El hecho de no estar amparada en la Ley de Violencia de Género deja a la víctima fuera de toda una serie de actuaciones y protecciones como el apoyo psicológico, jurídico, económico y médico, según denunciaban en rueda de prensa los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas. Tere Sáez, portavoz de estas organizaciones, reclamó que «la víctima sea atendida por los órganos competentes» y se «garantice la atención psicológica y jurídica gratuita», un apoyo con el que ya cuenta, aclaran, pero solo «gracias al esfuerzo de su familia, los movimientos feministas y las instituciones locales».
Esta indefensión se debe, según palabras de Sáez, a «la existencia de una ley estatal de 2004 que no incorpora la violencia sexual como violencia contra las mujeres, de género o machista, y por tanto [la víctima] no tiene acceso a estos recursos».
El primer día de juicio dejó en evidencia otra de las consecuencias de que este tipo de violencia sexual no esté amparada por la ley de 2004. Los abogados defensores intentaron descalificar la acusación popular del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona aduciendo que este tipo de querellas está limitada a los casos de violencia de género. En este caso, el juez rechazó la petición pero, según las organizaciones feministas, esta situación puede llevar a casos de indefensión dependiendo del magistrado que lleve el caso.
Las implicaciones de quién puede denunciar en los casos de violencia de género o de otras formas de violencia sexuales que no recoge la ley son grandes, según afirma la diputada Ángela Rodríguez: «La violencia de género se considera como un delito contra la salud pública. Esto quiere quiere decir que no solo puede denunciar la víctima o un familiar, sino que un vecino puede denunciar un caso de violencia machista. Entonces, si vale cuando un marido le pega a su mujer ¿cómo no va a valer para una violación?».
Pero las consecuencias de este vacío legal van más allá. Cuando una mujer es víctima de violencia de género, continúa Rodríguez, según la ley de 2004 «la mujer se convierte en víctima y testigo». En el ámbito de la violencia de género, dice, «está mucho más asumido que sea el propio testimonio de la mujer el que sirva para la acusación y cuando sales de este entorno, en donde existe una jurisprudencia en los Juzgados de la Violencia sobre la Mujer, esto se vuelve a poner en duda otra vez; por eso estamos viendo todos estos días cómo hay todo un debate sobre si hubo o no consentimiento y, por lo tanto, si se puede considerar delito o no».
El Pacto de Estado, en el limbo
Hace justo un año, el 15 de noviembre de 2016, el Congreso de forma unánime se comprometía a llegar a un acuerdo entre todas las formaciones políticas para ampliar el marco de la ley de 2004 y dotar de presupuesto a la lucha contra la violencia machista. El 28 de septiembre de este año se aprobaba el Pacto de Estado, que reconocía la violación como una de las formas de violencia machista pero, dos meses después de su aprobación, las declaraciones del Pacto no se han traducido en medidas concretas.
«Aunque se reconozca en el Pacto que la violación es violencia machista, lo cierto es que cuando lo llevamos a la práctica las medidas no están desarrolladas y no funcionan. Hay miles de casos así, pero este es especialmente sangrante», denuncia Rodríguez. Según las denuncias registradas por el Ministerio del Interior, cada ocho horas es violada una mujer en España.
A falta de dos semanas para que se cumplan los dos meses que se dio el Gobierno para iniciar las conversaciones con las comunidades autónomas y las entidades locales, según comenta la diputada de En Marea, «hasta el momento no se ha hecho nada». La dotación de más recursos para la lucha contra la violencia machista, otra de las grandes demandas del movimiento feminista que hace dos años inundó las calles de Madrid el 7N, también ha quedado en suspenso: «La única noticia que tenemos clara es que los presupuestos por ahora están prorrogados y por tanto no va a haber dinero», se lamenta Rodríguez.