El ámbito procesista, atrapado entre la dureza del auto del Supremo que mantendrá en prisión al dirigente de ERC y la incertidumbre sobre los próximos pasos para la investidura
Las reacciones de repulsa a la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión al vicepresidente catalán depuesto, Oriol Junqueras, se han extendido a lo largo de la mañana entre personalidades de una parte significativa del espectro político tanto catalanes como del resto del Estado. El conjunto de partidos y asociaciones procesistas, desde ERC hasta las CUP, pasando por el PDCat, Omnium y Assemblea Nacional Catalana han reaccionado condenando el fondo del auto, así como sus consecuencias personales y políticas.
A través de su portavoz, Sergi Sabrià, ERC ha anunciado que llevará el caso a instancias europeas. «Hay que conseguir que lo antes posible, Junqueras pueda estar en su casa con su familia y haciendo política». Políticamente, tanto la línea de defensa del político catalán como las declaraciones de Sabrià han insistido en el abandono de la unilateralidad por parte de ERC, algo que puede frustrar a algunas bases procesistas o a las CUP. ‘Junqueras ha vuelto a dejar claro que es un hombre de paz, dispuesto a trabajar en una relación bilateral con el Estado para conseguir los objetivos políticos a los ERC jamás renunciará», ha expresado Sabrià.
Fuera del ámbito procesista, tanto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como el candidato a la Generalitat por Catalunya En Comú Podem, Xavi Domenech, han rechazado el auto del Supremo en términos contundentes. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también lo ha criticado a través de su cuenta de twitter, donde ha considerado la decisión del Supremo como «un error».
Un análisis publicado en el diario Vilaweb consideraba que el núcleo de la argumentación sostenida por los tres jueces del Tribunal Supremo estaba viciado, al responsabilizar al dirigente de ERC de unos actos violentos cometidos fundamentalmente por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La acusación contra Junqueras es de delito de rebelión, pero según este análisis, el Código Penal relaciona este delito con situaciones de violencia y de alzamiento por parte de los acusados. Siempre según Vilaweb, en ausencia de pruiebas de violencia ejercida por los manifestantes y planificada por Junqueras, el auto del Supremo responsabilizaría a éste de la violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mantener la acusación de rebelión.
El abogado defensor del dirigente de ERC, Andreu Van den Eynde, ha ido más allá y ha señalado que, en esencia, el auto se ha extralimitado en su enfoque y ha juzgado directamente los hechos por los que se acusa a Junqueras, en vez de limitarse a responder al recurso de apelación contra la prisión preventiva. «La sorpresa es que el tribunal no ha emitido una interlocutoria, materialmente se trata de una sentencia, en la que declara culpable a alguien en un procedimiento que no ha comenzado, habña de pruebas que no tiene, que no se han discutido, que son controvertidas, se habla del fondo del asunto, de cosas que no son objeto del recurso», se ha lamentado.
El jurista Carlos Sánchez Almeida, muy crítico y contrario al procés, y que ha llegado a justificar las medidas de encierro de dirigentes procesistas, ha señalado en su cuenta de twitter otro punto debil de la decisión de mantener preso al vicepresidente depuesto de la Generalitat: que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no incluye el acatamiento explícito de la Constitución como requisito para levantar una orden de prisión provisional.
Más allá del fondo técnico y en relación a los derechos humanos y de participación política, el auto supone un problema práctico para la constitución de un gobierno catalán estable antes de que en febrero expire el plazo para formarlo. El secretario general de la ANC, Enric Blanes, ha aventurado la posibilidad de un Govern «mixto con políticos en el exilio y en el interior de el país», si bien es consciente de la dificultad de esta opción con el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, actualmente en el exilio. Las declaraciones del propio portavoz de ERC y de varios diputados sobre su apoyo a una investidura de Puigdemont ponen más peso al presidente depuesto de la Generalitat para dar el paso de regresar a Catalunya para una sesión de investidura que terminaría con toda probabilidad con su detención y encarcelamiento. «Hay un Govern legítimo que está en parte en prisión, en parte amenazado de volver a la prisión y en parte en el exilio y lo que se debe restaurar es este gobierno de manera pragmática», ha resumido Blanes.