Las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado español denuncian el riesgo de nuevas catástrofes por la posible rotura de presas como la de Minas de Riotinto y exigen el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.
Este miércoles 25 de abril se cumplen dos décadas de uno de los mayores desastres medioambientales de la historia del Estado español: la rotura de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y el consiguiente vertido de más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar, lo que afectó a 4.634 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
En este aniversario, las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado español -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- han querido aprovechar para alertar del riesgo de nuevas catástrofes mineras por la posible rotura de presas como la de Minas de Riotinto.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de la sección española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha comenzado el acto de denuncia organizado por las cinco organizaciones en la Universidad de Sevilla este martes señalando: «Estamos aquí porque la perdición del hombre es el olvido y para recordar que otro Aznalcóllar puede ocurrir, que otros Aznalcóllar están listos para ocurrir en nuestro país, y para exigir a la administración que tome medidas y que no vuelva a cometer los errores que cometió en su momento».
Nuevas amenazas
Los ecologistas han centrado sus críticas en dos proyectos mineros que cuentan con el beleplácito de las autoridades autonómicas. Por un lado, han manifestado su rechazo frontal a la pretensión -amparada por la Junta de Andalucía- de reabrir precisamente la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar. Por otro, han advertido del posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto.
El coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha señalado que ambos proyectos han de enmarcarse en el actual «gran auge de explotaciones extractivas, acompañado de dos circunstancias muy peligrosas: la relajación de la normativa y de los controles por parte de la administración para controlar las explotaciones». Segura ha señalado que esto tiene dos consecuencias claras: que las explotaciones son más rentables para las empresas que gestionan los yacimientos pero que, a su vez, los riesgos medioambientales para el entorno y la población son mayores.
Respecto a la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, la Junta de Andalucía ya ha otorgado la concesión a la empresa Minera Los Frailes, una compañía que, según denuncian los ambientalistas, «ni siquiera participó en el concurso minero». El coordinador estatal de Ecologistas en Acción ha denunciado que «se están produciendo irregularidades en la tramitación de la reapertura de la mina», entre ellas que esta concesión se ha otorgado «sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley».
Asimismo, los cinco colectivos indican que la reapertura se propone mediante minería subterránea, lo que necesita que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001, un lugar donde se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas -el doble del volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas-, que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. «Se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración», remarcan.
Las organizaciones han adelantado que van a solicitar de forma inmediata la revisión de oficio de esta concesión.
Procesado de lodos ilegal
En lo referente a la Mina de Río Tinto, la actividad ha sido autorizada a la empresa Atalaya Riotinto Minera, «a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen», denuncian los ecologistas.
«Atalaya Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido del 70%, mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Además, la empresa ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones», apuntan.
Asimismo, denuncian que los vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento de las balsas y la acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes, produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de estos muros. Se da la circunstancia de que dichos muros han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la balsa de Aznalcóllar, «lo que incrementaría el riesgo de rotura», según estas organizaciones.
La autoridad minera de Huelva acordó en abril de 2016 la paralización de la actividad de vertido de lodos por incumplimiento de las condiciones de espesado. «Sin embargo, en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización de reinicio de la actividad minera», exponen.
Por todo ello, las cinco organizaciones «reclaman una aplicación estricta de las leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse». En concreto, exigen el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.