El plan de la Junta Andaluza para censar a los romaníes, avalado por organizaciones gitanas, prevé invertir 228 millones de euros en 4 años. Pero décadas de dinero público dedicado a las minorías no han acabado con la exclusión y la pobreza
Resulta cómico si no fuera trágico que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano colabore para hacer un censo étnico gitano en España y al mismo tiempo pida manifestarse por lo de Italia. Contradicciones. El Plan Integral para la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía 2017-2020 contempla la elaboración de un censo étnico, similar en esencia al que acaba de anunciar Matteo Salvini en Italia, con dos o tres particularidades: la Junta presidida por Susana Díaz vende su plan, valorado en 228 millones de euros, como una medida positiva, como una forma de mejorar la integración de los romaníes; las personas solo serán censadas si dan su consentimiento expreso, y la decisión ha sido avalada por el Consejo Estatal del pueblo gitano.
El concepto «integración de los gitanos» es ya discriminatorio en sí mismo. ¿Dónde y cómo hay que integrar? ¿Solo a los gitanos pobres o a los ricos también? ¿Es correcto el término generalista gitano o Pueblo Gitano, aplicado a este tipo de políticas que en teoría persiguen favorecer a las capas más deprimidas de la sociedad? Cuando generalizamos al referirnos a segmentos de la población que por sus particularidades culturales o económicas son objeto de discriminación, persecución o abusos, solo conseguimos aumentar el rechazo por parte de la población mayoritaria.
La situación de pobreza crónica de miles de gitanos españoles ha fomentado la creación de una industria social de ONGs alimentada por subvenciones públicas regionales, nacionales y europeas. Al final, todo consiste, por desgracia, en un negocio que mueve muchos millones de euros al año, que siempre se canaliza a través de las mismas asociaciones y que ha degenerado en una estructura cuyos esfuerzos no repercuten en sus usuarios finales; con presupuestos millonarios, estas organizaciones generan puestos de trabajo de baja cualificación o nula en muchos casos, dentro de una economía social inútil e improductiva, a veces enmascarada con fines culturales. Además es indignante cómo los responsables políticos lavan sus conciencias públicamente con un derroche económico de inmensas proporciones que sirve solo para mantener una cadena de favores políticos, electorales y de financiación irregular de servicios sociales mal gestionados e ineficaces.
Es hora de comenzar a cambiar todo esto. De acabar con el gasto de dinero público, o mejor malgasto de dinero público, en programas inútiles cuyos fondos se diluyen en gastos de viaje, estructuras administrativa y nóminas, incluso en compras de solares y construcción de edificios, en algunos casos falseados y ajustados sólo para justificar memorias económicas. Todo esto ha establecido el mantenimiento de organizaciones corruptas que se reparten un pastel, muy grande por cierto, en nombre de los gitanos. Sabemos que, tanto en Italia como en España, son prácticas comunes falsear datos, inventar estadísticas y exponer resultados que si se auditaran con un mínimo rigor en muchos casos serían constitutivos de delito.
Derechos fundamentales y garantías institucionales
Bajo ningún concepto las organizaciones gitanas representan a la totalidad de la población gitana, en todo caso solo representarían a sus asociados, que muchas veces son los mismos a los que contratan.
¿Organizaciones que no representan a nada ni a nadie piden un censo nacional? ¿Para luchar contra la pobreza y la discriminación racial es necesario saber el número total pertenecientes a la etnia gitana? Se necesita voluntad política y que la justicia ejerza como tal. No se pueden vulnerar los derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos.
¿Cómo repercuten estas organizaciones en la imagen del «pueblo gitano»?
¿Qué es gitano? ¿Integramos y censamos también a los que sean solo medio gitanos? ¿O solo a los puros desde hace varias generaciones?
¿Sirven estas organizaciones, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica, para tapar la responsabilidad que tiene el Estado sobre la situación de pobreza y marginación que padecen muchas de estas personas? Lo ocurrido en Triana en los años 70 es un buen ejemplo. El Gobierno echó a miles de familias del barrio, los metieron en campos de trabajo y los que sobraron los metieron en las 3000 Viviendas. Hoy también son rentables dentro del gueto: cursos, servicios sociales, tráfico de drogas… Y todo sigue igual.
¿Es legal lo que hacen las organizaciones con el beneplácito del Estado?
Y una última pregunta: ¿hasta qué punto trata la Junta de Andalucía con este plan de controlar el voto de los gitanos?