Es inevitable. Cada vez que se plantea una reforma constitucional, máxime como la que intenta limitar el número de aforados, termina pronto desembocando en la sacrosanta inviolabilidad de Felipe VI, heredada de Juan Carlos I, quien a su vez la heredó del dictador Franco. Hasta el punto de que el propio PSOE erosiona hoy la […]
Es inevitable. Cada vez que se plantea una reforma constitucional, máxime como la que intenta limitar el número de aforados, termina pronto desembocando en la sacrosanta inviolabilidad de Felipe VI, heredada de Juan Carlos I, quien a su vez la heredó del dictador Franco. Hasta el punto de que el propio PSOE erosiona hoy la mayoría electoral sobre la que se sostiene, sumándose al PP y Ciudadanos para impedir que la propuesta del PNV y Podemos, que la persona del Rey no siga siendo inviolable, pueda prosperar. Los mismos que ayer obstruyeron la creación de una comisión parlamentaria, sobre los efectos nocivos de la inviolabilidad real muy patentes en la conducta de Juan Carlos I, obstruyen ahora reformar el artículo 56, apartado 3, de la Constitución que consagra claramente que el Rey no está sujeto a responsabilidad.
Anticipando la irresponsabilidad regia y no previendo, además, su enjuiciamiento criminal por el Tribunal Supremo en pleno, previa autorización del Congreso, el Anteproyecto constitucional -sostenía el prestigioso penalista Gimbernat, el 18 de febrero de 1978, en El País- se niega a afrontar la evidente e incómoda posibilidad de un monarca delincuente. La perspicaz crítica de este catedrático de Derecho Penal, formulada en pleno debate jurídico-político sobre la elaboración de la Constitución de 1978, advertía que los constituyentes podrían acabar llegando «a una regulación que consagrara la impunidad de un monarca asesino o violador, y al que ni siquiera se le podría remover de su cargo si delinquiera». Aquella advertencia académica, hoy no tan teórica, ni siquiera fue escuchada, consecuencia lógica de la peculiar transición de la dictadura a la democracia.
La actual deriva de la Zarzuela no es la que preveía, por ejemplo, Oscar Alzaga, una de las mejores cabezas políticas de la derecha democrática, que participó en la comisión constitucional, cuando por entonces señalaba que si la hipótesis de que el Rey delinca se hiciese realidad «nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la Institución monárquica.» Las sospechas, condenas e indicios, tanto sobre el padre como la hermana y cuñado de Felipe VI, parecen indicar el excesivo grado de optimismo de este dirigente de Unión de Centro Democrático sobre los Borbones a despecho de su trayectoria histórica. Quien busque protegerlos, sea del PSOE, PP o Ciudadanos, debería sumarse hoy a la firme propuesta del PNV y Podemos más que a sancionar la patente de corso de la inviolabilidad.
La inviolabilidad, en la medida que impide investigar cualquier ilícito en la Casa Real, multiplica el creciente clima republicano en España que no sólo se extiende por la izquierda. Tres Reyes -Isabel II, Alfonso XIII y Amadeo de Saboya- fueron expulsados a lo largo de sesenta años; un aspirante a Rey, el Conde de Barcelona, fue borboneado por el propio Franco, y el penúltimo, Juan Carlos I, se ha visto obligado a abdicar. Quienes hoy pretendan mantener una monarquía inviolable, frente a una muy teórica Corona constitucional en la que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, la harán inviable. Ese fétido telón de fondo, una institución monárquica nunca refrendada, acabará volviendo a presidir el escenario político español, si la necesaria reforma constitucional continúa siendo obstaculizada por lo que Luis Gómez Llorente, maestro de la ética socialista, definía bien como la oligarquía de las dos cabezas.
Delincuencia real e inviolabilidad del Rey es un binomio insoportable e insostenible. Lo fue en una transición donde aquella correlación de fuerzas era netamente desfavorable para los intereses populares, pero en la España actual y, sobre todo de mañana, carece de futuro. Aún lo es, ahí está ahora la inexistente investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I o el silencio sonoro de la Fiscalía General del Estado sobre las cintas de la conseguidora Corina, pero es el canto del cisne inviolable. Si una magistratura vitalicia, más aún hereditaria, siempre ajena a la renovación, lo tiene muy difícil, cabe afirmar que lo tendrá imposible si pretende continuar disfrutando de la inviolabilidad. No es casual que la complicidad existente, durante los últimos cuarenta años, entre los medios de comunicación impresos y la Zarzuela, sea ahora casi inexistente, a excepción claro está de diarios como La Vanguardia y ABC.
Que el Rey sea políticamente irresponsable en una Monarquía Constitucional es un principio político atávico que debiera figurar, junto con el hacha de bronce, en ese Museo de las Antigüedades Políticas que imaginaba Engels. Esa fórmula de la inviolabilidad, de gran tradición monárquica, se plasma en la sentencia británica de que «el Rey no puede cometer injusticia» (the King can do not Wrong), que aquellos hombres de hierro de Cromwel corrigieron con el hacha en 1640. Puede que el atraso histórico de la sociedad española explique la razón por la cual aún no se ha resuelto en las urnas el dilema entre Monarquía y República, pero desde luego lo que no explica de ningún modo es que todavía se siga defendiendo que el Rey sea inviolable.
Fuente: http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/09/21/delincuencia-real-e-inviolabilidad-del-rey/