La banca convencional se enriquece invirtiendo en la industria armamentística, en proyectos que vulneran los derechos humanos y en otros que destruyen el medio ambiente. Unas entidades financieras rescatadas con dinero público, socializando las pérdidas de un sistema financiera basado en la especulación y el lucro inmediato. Unas prácticas que desembocaron en la última crisis […]
La banca convencional se enriquece invirtiendo en la industria armamentística, en proyectos que vulneran los derechos humanos y en otros que destruyen el medio ambiente. Unas entidades financieras rescatadas con dinero público, socializando las pérdidas de un sistema financiera basado en la especulación y el lucro inmediato. Unas prácticas que desembocaron en la última crisis económica -de consecuencias nefastas para la mayoría de la población- haciendo que la deuda pública del Estado se disparara y que, como consecuencia, se aplicaran los recortes en derechos sociales y laborales para pagar la fiesta financiera.
El sistema bancario, con sus prácticas especulativas y sus presiones contra la dación en pago y la vivienda social, es uno de los máximos responsables del drama de los desahucios, por el que miles de personas son expulsadas de sus casas. Así mismo, el cúmulo de vínculos entre representantes públicos y estas entidades que, a través de las puertas giratorias favorecen unos intereses particulares que nada tienen que ver con el interés general, se suman al escándalo de las tarjetas black de Bankia y al fraude de las prejubilaciones de directivos y consejeros de entidades como Catalunya Caixa, entre otras, todas ellas rescatadas.
La gran banca invierte en el negocio de la guerra, dando apoyo financiero al complejo militar-industrial del estado español que vende armas a países como la Arabia Saudí, donde los DDHH son vulnerados sistemáticamente, y que interviene -de forma sangrienta- en la guerra Yemen. En este sentido, la campaña ‘Banca Armada’ destapa la implicación de los principales bancos estatales en el negocio de la guerra y denuncia su hipocresía de intentar encubrirlo bajo el paraguas de la responsabilidad social corporativa. Por otro lado, el informe ‘Cajas de ahorro y desarrollo en el Sur’, de la ONG Setem, demuestra como las entidades financieras españolas invierten en toda una serie de proyectos en los países del Sur, que vulneran derechos sociales y laborales e impactan negativamente en el medio ambiente. Unas prácticas que después intentan tapar mediante la obra social y campañas millonarias de publicidad. Un lavado de cara ante la sociedad, de unas entidades que propugnan unos valores y principios que no tienen nada que ver con su actividad real.
Un ejemplo más del poder de la banca es la situación provocada en el Tribunal Supremo respecto a los impuestos hipotecarios. Una sentencia que supondría «pérdidas» millonarias para la banca en beneficio de la ciudadanía, ha derivado en que el malestar de las entidades financiera abra la posibilidad a «limitar» el daño a estas mediante la auto-enmienda del propio tribunal.
Ante este panorama hay que tener presente que nuestro dinero, directa o indirectamente, ayuda a desarrollar un tipo de economía según en la entidad financiera con la que trabajamos, por eso, una banca pública -controlada socialmente- junto con la potenciación de las finanzas éticas son la alternativa a la banca convencional. La aplicación de una política ética, cooperativa y transparente en la intermediación financiera, medioambientalmente sostenible y socialmente justa, que apueste por la economía solidaria y por proyectos sociales es más necesaria que nunca.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
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