Han llegado con la muerte en los talones, pasaron por CIES y sobreviven en la marginalidad
Nunca fueron buenos tiempos, pero se avecinan peores para los inmigrantes de tez oscura. Sin datos exactos que llevar a la pantalla, las autoridades de Interior cifran en torno a 100.000 el número de africanos con orden de expulsión que no han podido ser devueltos a sus países de origen en los cinco últimos años. Habitan en el «limbo jurídico», carecen de documentación, sobreviven como pueden, sufren redadas policíacas cuando menos lo esperan, soportan el desprecio y las «agresiones aisladas». Su situación se vuelve más peligrosa y quebradiza cada día con el rebullir de esa ultraderecha racista y xenófoba que ya no se siente a gusto en el PP. De ahí que el grupo parlamentario de Unidos Podemos haya solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez una mínima cobertura para estas personas sin derechos ni origen conocido, «los inexpulsables».
El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención (de la xenofobia y el racismo), cuya función ejerce el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, indica que de los 36.327 ingresos en los calabozos policiales de extranjeros que llegaron sin permiso ni documentación en regla a nuestro país (cifras de 2015), 6.930 fueron recluidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante el tiempo reglamentado de sesenta días (ampliado a noventa) para gestionar su devolución a los países de origen. De ellos, sólo 2.871 pudieron ser devueltos, lo que supone el 41,43%.
El mismo informe revela que se ordenaron 10.289 devoluciones ejecutivas de otros tantos ciudadanos extranjeros, pero sólo se materializaron 3.725. También consigna que de los 20.552 expedientes de expulsión resueltos en 2015 se ejecutaron 6.869, lo que pone de manifiesto la existencia de un gran número de personas de terceros países, principalmente del continente africano, que han quedado en ese limbo jurídico antes mencionado. Las autoridades españolas los expulsan, pero no saben a donde, por lo que la decisión del retorno forzoso no ha podido ser aplicada. Los responsables de Interior aducen la dificultad insuperable de averiguar su identidad, de conocer su origen y, en consecuencia, de gestionar la devolución a su país. Y ellos sobreviven a salto de mata, sin derechos y sin que se note, en los márgenes sociales del llamado «primer mundo».
Godwin es un «inexpulsable». Si le preguntas de donde procede, te contesta que de África. Pero África es muy grande y le pides que concrete. No quiere. ¿Por qué? Teme que seas de la policía secreta. Intentas ganar su confianza, es temprano, le convidas a un café con churros y, finalmente, Godwin dice en voz baja que llegó hace cuatro años (dice tener 22) desde Gambia. ¿Cómo? En coche, autobús, tren, bicicleta y a pie. En Dakar (Senegal) trabajó para conseguir dinero y poder comprar su pasaje de «polizón» en un carguero que hacía escala en Las Palmas de Gran Canaria. Le detuvieron, lo ficharon, lo metieron en el CIE, lo trasladaron a la Península, decretaron su devolución a Senegal, pero la orden de expulsión no pudo ser ejecutada porque Godwin, que habla castellano e inglés perfectamente, no es senegalés. Ahora madruga, va en autobús desde San Cristóbal de los Ángeles (barriada del sur de Madrid) a Rivas, se coloca junto a la valla de un supermercado, ofrece ayuda a las mujeres que la aceptan para cargar la compra en sus coches y devolver los carros metálicos a su sitio. De cada carrillo rescata la moneda de cincuenta céntimos y se la guarda cuidadosamente en la bolsa de tela, cruzada al cuello, en la que guarda sus escasas pertenencias de valor. Su objetivo es llegar a Reino Unido, donde tiene un hermano.
Jim (diminutivo de James) salió de Ruanda en 2003 y tardó cinco años en llegar a España. De las penurias y vicisitudes de su periplo de diez mil kilómetros prefiere no hablar. Es hutu. Era un niño cuando, en 1994, los enfrentamientos entre hutus y tutsis ensangrentaron su país por última vez. «No puedo volver», dice. ¿Por miedo? Sonríe y prefiere no responder. Es probable que a sus 36 años, con la muerte pisándole tantas veces los talones, haya perdido el miedo; desde luego no teme a la policía. «Aquí la policía es muy buena», dice. Cuando le preguntas si le gustaría volver a su país, contesta: «No puedo». ¿Por qué? «No se puede vivir, no hay de nada, sólo hay pobreza». Jim es un «inexpulsable» que lleva diez años sobreviviendo en la clandestinidad, sin molestar ni hacer mal a nadie. Tendría derecho a la nacionalidad española, pero nunca fue a la escuela, aprendió a leer y a escribir por su cuenta, maneja mal el idioma y no se atreve a formular solicitud alguna. Reside en Villaverde Alto (barriada del sur de Madrid) y tiene una niña de año y medio. «Mi mujer si habla y escribe bien en español», aclara. Cuando no le llaman para hacer chapuzas, desescombrar, limpiar o recoger cartones, acude a las puertas de un centro comercial, donde saluda a los que entran y salen y ofrece su ayuda como portador manual a quienes se lo piden. Jim sonríe, casi nunca se enfada, dice que los españoles «son muy buenos»… como la policía. Incluso se sorprende de que tres vigilantes de seguridad hayan echado del tren y pateado a un negro que sí había pagado el transporte y llevaba su ticket en el bolsillo.
Jim y varios conocidos y compatriotas suyos podrían evitar detenciones y molestias policiales si contaran con una certificación de que su expulsión no ha podido ser ejecutada ni se ejecutará temporalmente. Les gustaría abandonar el limbo jurídico y disponer de algún documento que acredite su situación. Es lo que pide Unidos Podemos a falta de una regularización que irritaría a la derecha reaccionaria, siempre dispuesta a invocar el «efecto llamada».
En una proposición no de ley, el diputado Marcelo Expósito y la portavoz Ione Belarra apelan a la recomendación de la Comisión Europea del 16 de noviembre del año pasado, recogida en la Directiva de retorno, y solicitan al Gobierno medidas «para documentar por escrito a las personas migrantes con órdenes de retorno aplazadas temporalmente, para establecer la extensión de su estatuto de garantías, y para especificar los supuestos y requisitos en los que resultaría procedente otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada».
Podemos recuerda que el Manual de Retorno de la UE, aprobado en 2015 por la Comisión Europea como guía común de los gobiernos, contempla las situaciones más variadas de no ejecución de la expulsión, cubre cualquier aplazamiento formal o de facto, incluyendo la presentación de recursos suspensivos y prevé la no devolución por motivos de salud, razones técnicas, fracaso de los esfuerzos de expulsión por falta de identificación y otros. Después de todo piden al Gobierno que lo aplique a estas personas, invisibles para el poder, pero reales para uso y abuso de explotadores, violentos y ultras, incluidos exalcaldes como el actual líder catalán del PP Xavier García Albiol.