Esta es la experiencia de quien vive en su pueblo, la lectura de su realidad es muy diferente de la que nos venden los medios de comunicación que, generalmente, divulgan los intereses del imperio.
Diez años después del genocidio y las masacres, los ruandeses constatamos con amargura que el camino de reconciliación iniciado desde entonces ha estado y continúa estando minado por la política de mentira e impunidad hacia las personas que cometieron crímenes de guerra, pero que actúan ahora a favor del poder in situ. El principio de dos pesas y dos medidas socava la justicia y crea desconfianza en el pueblo que, amordazado por el régimen, se encuentra con la prohibición de denunciar a los criminales de guerra durante la jurisdicción «gachacha» de la que se dice que es el camino predilecto para que se desvele la verdad sobre lo que ha sumergido al pueblo ruandés en las desgracias de los últimos años.
El clima de desconfianza se agravó en 2003 con las elecciones, calificadas por varias personas, entre las que se cuentan los observadores internacionales, como no libres ni transparentes. El fraude electoral, la represión aplicada a las personas que no quisieron adherirse por la fuerza al Frente Patriótico Rwandés (FPR), los encarcelamientos abusivos y las desapariciones de políticos, han empañado la imagen de esas elecciones y desgastado la autoridad moral de los actuales dirigentes del país.
1. Dificultades administrativas que tienen como finalidad la de limitar las actividades de asociaciones no dependientes del FPR.
Después de las elecciones de 2003, las asociaciones y actores de la vida pública que no han sostenido al FPR en su campaña, son víctimas de discriminaciones que entorpecen sus actividades. Para afianzar mejor el control sobre estas asociaciones, el gobierno les obliga (incluso a aquellas que ya están acreditadas y realizan trabajos ya conocidos) a registrar y pedir cada año una autorización para ejercer sus actividades.
Otorgadas por las autoridades administrativas de las provincias, cada asociación o persona que desee lanzar una actividad de desarrollo, debe enseñar las autorizaciones y documentos de reconocimiento concedidas por los responsables de las células, los de los sectores y los de los distritos, antes de obtener una autorización firmada por el Prefecto de la Provincia, que faculta a la asociación a realizar sus actividades.
Con la instauración de este sistema se constata que las personas que no han sido activas en la predicación de la ideología del FPR o las que no se adhieren a esa formación política, no reciben las autorizaciones pertinentes. La cantidad de servicios que hay que visitar, el vaivén a nivel de los diferentes despachos y el laxismo y las molestias terminan por desanimar a ciertos actores, que abandonan los programas de desarrollo o el ejercicio de actividades sociales. Así, ciertas ONG dejan los programas que habían comenzado antes de las elecciones en algunas provincias en las que la discriminación es muy fuerte.
Por ello, el acceso a la financiación de los donantes de fondos está condicionada con frecuencia, a la existencia de esas autorizaciones.
2. Discriminación a nivel de la función pública.
Además de las molestias descritas, destinadas a apartar de la vida activa a los que no son miembros del FPR, se constata un casi monopolio, en la incorporación a los puestos de la función pública y sociedades para- estatales al nivel de las cuales, se excluye en particular a los hutu que no se inscriban en el FPR. Para disimular esta discriminación étnica, el FPR enseña que no hay etnias en Ruanda, que los hutu, los tutsi y los twa no existen. Sin embargo, se procede a la nominación de ministros cuando, en los ministerios o establecimientos públicos, todos los puestos están ocupados por personas de una sola etnia, especialmente, los antiguos refugiados de 1959. La depuración étnica es más evidente en los servicios de la magistratura, la presidencia nacional, las universidades del Estado, en la administración territorial (prefectos y alcaldes) y en los sectores bancarios y financieros.
La teoría de que en Ruanda no existen etnias se ha difundido al mismo tiempo que la de que hay que guardar la memoria de las víctimas del genocidio de los tutsi, cosa que sorprende a muchas personas que siguen de cerca lo que pasa en Ruanda.
3. Discriminación a nivel de las acciones sociales a favor de huérfanos y viudas.
La discriminación étnica se nota también a nivel de las facilidades concedidas a los huérfanos. Un fondo llamado FARG se creó para sostener a los huérfanos supervivientes del genocidio y otro fondo, con financiación puramente simbólica, localizado en los distritos, para apoyar a ciertos huérfanos de las masacres. Los huérfanos son ruandeses y la creación de dos fondos diferentes instaura una diferenciación evidente entre los supervivientes en función de su etnia. Esta discriminación impide a las viudas del genocidio, que tenían maridos hutu, acceder a los apoyos, mientras que las viudas tutsi que no tenían marido hutu, se benefician de fondos que facilitan su inserción en la vida.
4. Discriminación a nivel de la memoria de los muertos.
La discriminación alcanza también a los muertos. El gobierno organiza cada año, desde hace 10, el duelo en memoria de las víctimas del genocidio. Esta acción debe subsistir pues es útil y positiva. Por el contrario, el gobierno no organiza nada en memoria de las víctimas de masacres y crímenes de la guerra desde 1990 a 1994. Incluso las jurisdicciones Gachacha tienen prohibido tratar esos casos. El silencio sobre el atentado que costó la vida a los Jefes de Estado en 1994 (de Rwanda y de Burundi), se inscribe dentro del marco de la discriminación, que limita la aplicación de la justicia a las personas de una sola etnia.
La discriminación étnica se manifiesta también en que no se ha perseguido a los autores de los asesinatos de los líderes hutu. La muerte de un tutsi pone en pie a todas las instituciones para juzgar a los culpables (caso de Gikongoro, cuyos juicios se han realizado este año), no hay juicios ni diligencias para los líderes no inscritos en el FPR (Diputado de la Asamblea Nacional, Oficial del Ejército, dirigentes en el distrito de Ruyumba, jefe de la Coforwa, etc) a los que se masacró o desaparecieron. El caso de las masacres del distrito de Ruyumba, en la provincia de Gitarama es flagrante. El criminal fue identificado, encarcelado durante varias semanas y después liberado. Cuando estuvo fuera fue a asesinar a otras personas, sin que la justicia le haya importunado.
5. La caza del pobre, para que vaya a vivir fuera de la ciudad de Kigali.
Para mostrar a los visitantes que Ruanda es un país respetuoso e importante, las autoridades han procedido a arrestos y reclusiones de mendigos, minusválidos, de personas que calzan sandalias, que llevan camisas sucias o que realizan la actividad de taxi-bici, cuando se celebró la cumbre del NEPAD en Ruanda, (13 y 14 de febrero de 2004).
Paralelamente a estas acciones de acoso al pobre, continúa la política de «sanear» la ciudad, echando de ella a quien no tiene buen aspecto o una buena casa, ya que se han tomado medidas para destruir las casas situadas en barrios pobres, para que tengan sitio los ricos que quieran construir casas de pisos. Contra lo establecido en la Constitución nacional que estipula que «la expropiación se hace por motivos de utilidad pública», la destrucción de casas de gente pobre se hace cada vez más, sin ninguna indemnización y únicamente para permitir que comerciantes ricos y hombres de negocios dispongan de buenas y grandes parcelas en las que instalar sus propios establecimientos, sin que tenga nada que ver con la utilidad pública.
Esta política, que tiene como objetivo impedir que los pobres tengan alojamientos cercanos a los de los ricos, se agrava por las medidas que impiden acceder a la conexión con el agua y la electricidad para los pobres que no tengan las viviendas inscritas en el Registro. Esta política, que discrimina a los pobres en un país en que el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de 1 $ por día), aleja a Ruanda del camino de la unidad y la reconciliación, de la que tanto hablan las autoridades del país.
M. Mukanoel