Joseba Agudo, defensor de los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en México país a petición del juez español Baltasar Garzón por presuntos vínculos con la organización ETA, explicó en entrevista algunas de las irregularidades cometidas en el proceso. «Son tantas las irregularidades que debemos de hacer una serie de plantillas para explicarlas todas», comentó […]
Joseba Agudo, defensor de los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en México país a petición del juez español Baltasar Garzón por presuntos vínculos con la organización ETA, explicó en entrevista algunas de las irregularidades cometidas en el proceso.
«Son tantas las irregularidades que debemos de hacer una serie de plantillas para explicarlas todas», comentó al inicio de esta conversación y sostuvo que el protocolo de extradición firmado en abril de 2001 entre México y España, es anticonstitucional, ya que viola las garantías que otorga la ley suprema mexicana.
El artículo 13 estipula que Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales…, por lo que la defensa indica que de ser extraditados, los seis detenidos serán juzgados por un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, heredero del Tribunal de Orden Público (T.O.P), donde fueron procesados y duramente condenados los disidentes políticos en la época de la dictadura de Francisco Franco.
Además de esta argumentación legal, Agudo explicó el artículo 15, el cual dice que No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos. «A todas luces, los seis detenidos son perseguidos políticos, toda ves que existe un contencioso político entre el Pueblo vasco y el Estado español» y esto último enmarca las detenciones y la petición de extradición.
Axier Arronategi, Asunción Gorrotxategi, Jon Artola, Felix García, Ernesto Alberdi y José Urkijo permanecen en el Reclusorio Norte de la capital con fines de extradición a petición del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional española. Son acusados de asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas y falsedad documental.
«Sin una explicación real e individualizada sobre los supuestos delitos, se están violando los derechos de estas personas», enfatizó Joseba Agudo.
-Joseba ¿Cuáles son las irregularidades del proceso que se sigue contra los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en el Reclusorio Norte?
-Son tantas las irregularidades que debemos de hacer una serie de plantillas para explicarlas todas. Por un lado, estaría el de la inconstitucionalidad del tratado de extradición que viola notoriamente algunos artículos de la Constitución mexicana, sobre todo se viola el derecho de audiencia que en Cancillería no se recoge ese derecho, en la Cancillería nos han dicho que la audiencia ha sido retrasada.
Por otro lado, también entendemos que se violan los plazos de detención, hay una contradicción entre el artículo 19 constitucional y el 119 relativos a ello. Más allá de eso, también en el tratado de extradición se pide la extradición de reos y nosotros entendemos que los seis prisioneros vascos que están en el Reclusorio Norte son presos políticos, porque la razón que motiva la detención es política.
También está la cuestión de la analogía, es decir, para que la extradición se pueda dar los tipos penales o el hecho penal debe de ser de los dos países y debe de haber una similitud entre el código penal de un país y del otro. Nosotros creemos que eso se da muy difícilmente entre un país y otro, en los artículos que se refieren a estas personas.
Un argumento muy de peso que estamos manejando también es el de que el juez Garzón, cuando hace su pedido de extradición, no hace ninguna relación por qué está procesando cada uno de los presos, por qué hay que detener a cada una de estas personas. No hay una individualización de los hechos y no hay una individualización de cómo y por qué se les imputa a las seis personas los delitos, es decir, debería de haber una explicación de cada persona en qué ha participado para que se les atribuyan los delitos que ahora se les imputan. ¡Sin una explicación real e individualizada sobre los supuestos delitos, se están violando los derechos de estas personas!
-Joseba, ustedes, la defensa, argumentan que en caso de ser extraditados, los seis ciudadanos de origen vasco serán juzgados por un tribunal de excepción ¿En qué consiste esta argumentación?
-En caso de ser extraditados estas personas serán juzgados por la Audiencia Nacional que es heredera de un tribunal de orden público de la época franquista. El Tribunal de Orden Público, en la época de Francisco Franco, es el tribunal que se encargaba de los presos políticos. Cuando se dio la mal llamada era de la transición democrática, el Tribunal de Orden Público se hizo llamar Audiencia Nacional y al pasar el tiempo ni siquiera guardaron las formas porque el edificio sigue siendo el mismo, es el mismo tribunal. El mismo edificio donde se juzgaba a los presos políticos en la era franquista es el mismo que se juzga a los presos políticos vascos. Entonces, nosotros entendemos que en ese juzgado no hay parcialidad para los casos.
-Ustedes dicen que les han rechazado algunas de las pruebas para la defensa ¿Cuáles han sido éstas y cuál es la argumentación de la parte acusadora?
-Es el juez mexicano César Flores quien rechaza algunas de las pruebas. Entre otras han sido rechazados escritos de las propias empresas donde los detenidos trabajaban. Algunas de estas personas trabajaban en altos cargos de responsabilidad en empresas con cuatrocientos trabajadores, entonces de alguna manera esas cartas podrían dar una imagen de su trayectoria que llevaban estas personas en México.
Por otro lado, fueron rechazados sus papeles migratorios para demostrar que estas personas llevaban años de vivir aquí en México y que estaban viviendo con las obligaciones y los beneficios como cualquier otro mexicano o mexicana. Esas son fundamentalmente las pruebas que han sido rechazadas.
-Por último, este proceso se enmarca ya en dos periodos políticos ¿Qué diferencias encuentras entre la administración anterior de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero frente al conflicto del Estado español con el país vasco?
-En este momento actual podemos decir que todavía es un proceso prematuro hacer la evaluación, pero tenemos indicios preocupantes. Por un lado, ha sido ilegalizada la lista Herritarren Zerrenda (HZ) para las elecciones europeas, siguiendo la misma línea abierta por el Partido Popular de Aznar.
Por otro lado, también la nueva directora de instituciones penitencias, Mercedes Gallizo, ha dicho que va a seguir con la política de dispersión de los presos políticos. Una política que consiste en alejar a los presos políticos del país vasco, incluso de cárceles donde se encuentran a mil kilómetros, ochocientos o quinientos de su lugar de origen, dispersados a su vez dentro de las propias prisiones. Por ejemplo, hay prisiones donde a ochocientos kilómetros de su casa, cinco presos vascos están divididos en cinco módulos y no se pueden ver entre ellos. Esta política de dispersión parece que va a continuar y bueno, por otro lado, también han sido denunciados los maltratos contra los presos vascos en las comisarías.
A corto plazo no estamos viendo grandes cambios. Ahora es verdad también que no es lo mismo el gobierno de Aznar que el gobierno de Rodríguez Zapatero. Habrá que esperar, dar un plazo para ver si el gobierno socialista en verdad quiere aprovechar una oportunidad histórica para resolver el conflicto vasco. De hecho, nosotros, el movimiento independentista vasco, hemos valorado positivamente que Rodríguez Zapatero haya sacado las tropas españolas de Irak; pero en el movimiento que yo milito que es el movimiento Pro Amnistía del país vasco, demandamos que saquen también las tropas españolas del País Vasco, que se saque a la Guardia Civil, que se saque a la policía; todo esto sería un paso positivo en este conflicto. La idea principal que manejo y que maneja el movimiento independentista vasco, es el que todavía es tiempo para aprovechar estas oportunidades y bueno animar al nuevo gobierno socialista para que resuelva el conflicto político vasco con base en el respeto y el derecho a decidir del propio pueblo.