Un par de días después de que abogados, multilateralistas y especialistas en derecho internacional celebraron la sorpresiva decisión del presidente George W. Bush de apegarse a un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre violación de derechos consulares de mexicanos condenados a muerte, su gobierno anunció que se retira del protocolo que lo obliga […]
Un par de días después de que abogados, multilateralistas y especialistas en derecho internacional celebraron la sorpresiva decisión del presidente George W. Bush de apegarse a un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre violación de derechos consulares de mexicanos condenados a muerte, su gobierno anunció que se retira del protocolo que lo obliga a sujetarse a este tipo de fallos.
En escueta misiva enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, fechada el 7 de marzo de 2005, se le notificó que, desde este momento, Estados Unidos «se retira» del Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El protocolo obliga a los firmantes a reconocer a la Corte Internacional de Justicia como última instancia en casos de violación de la Convención de Viena referida a derechos consulares.
Con esta decisión, el gobierno de Bush establece que ya no será sujeto a fallos de la Corte Internacional de Justicia en casos de violaciones de la Convención de Viena, y con ello anula una de las principales armas legales empleadas por gobiernos extranjeros para defender los derechos consulares de sus connacionales en Estados Unidos.
El gobierno de Bush subrayó que esta decisión no afecta el resto de la Convención de Viena, la cual obliga a sus 166 firmantes a informar a los extranjeros de su derecho de acceso consular cuando son detenidos en otros países, y que continuará sujetándose a ella; pero por su voluntad y determinación, y no por órdenes de esa corte internacional.
La secretaria Rice afirmó hoy, abordo del avión que la transportaba a México, que «permanecemos comprometidos y formamos parte de la Convención de Viena» incluyendo la notificación consular.
Indicó que sólo se trata de un retiro de este protocolo opcional, el cual otorgaba jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia en torno a la convención. La decisión, añadió, se tomó porque se consideró que esa corte está interpretando erróneamente un asunto que sólo tiene que ver entre una cuestión jurisdiccional entre el gobierno federal y los estados en Estados Unidos.
Voceros del Departamento de Estado señalaron que la Corte Internacional de Justicia ha interpretado la Convención de Viena de maneras «no anticipadas» por Estados Unidos, y que retirarse de este protocolo es «para protegernos contra futuros fallos de esa corte que de manera similar podrían interpretar la convención consular o irrumpir nuestro sistema criminal doméstico de maneras que no anticipamos cuando nos sumamos al protocolo opcional».
Rice y otros funcionarios aclararon también que esta decisión no afecta la «determinación ejecutiva» de Bush, que instruyó a los tribunales estatales de Texas revisar los casos de mexicanos condenados a muerte, para evaluar si violaciones a sus derechos consulares ameritan nuevos procesos o audiencias sobre sus sentencias en apego al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
La decisión de Bush de aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de los 51 mexicanos «debería asegurar que nuestro retiro no sea interpretado como una indicación de que no vamos a cumplir con nuestras obligaciones internacionales», declaró ayer Darla Jordan, una de las voceras del Departamento de Estado.
Según el experto en relaciones consulares y pena de muerte Mark Warren, «esto no tiene ningún efecto sobre el fallo legalmente obligatorio de la Corte Internacional de Justicia», que determinó que Estados Unidos había violado los derechos de 51 mexicanos condenados a muerte en Texas y ordenó la revisión de sus casos.
Sin embargo, el gobierno de Texas aún no ha aceptado la instrucción presidencial en estos casos y ayer la oficina de la procuraduría general del estado emitió una declaración sobre el asunto.
Señaló que «el estado de Texas cree que ninguna corte internacional suplanta las leyes texanas o las leyes de Estados Unidos. Respetuosamente creemos que la determinación ejecutiva excede los límites constitucionales de la autoridad federal»
Otros observadores no están seguros ahora de las implicaciones de esta decisión de Bush sobre el caso ante la Suprema Corte del mexicano José Ernesto Medellín, uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Texas.
Fue en el contexto de este caso que el gobierno de Bush primero expresó su decisión de cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia al instruir a las cortes estatales de Texas a revisar los casos de los 51 mexicanos condenados a muerte cuyos derechos consulares fueron violados.
En el caso pendiente ante la Suprema Corte, los abogados de Medellín argumentan que el fallo de la Corte Internacional de Justicia debería obligar la revisión de su caso por violaciones a sus derechos bajo la Convención de Viena.
Aún no se sabe qué efecto tendrá la decisión del gobierno de retirarse del protocolo opcional sobre este caso. Sin embargo, los abogados de Medellín han solicitado a la Suprema Corte aplazar el caso -programado para el 28 de marzo- hasta después que Medellín pida una audiencia en un tribunal estatal en Texas con base en la instrucción de Bush.
Medida necesaria, pero en 1979
Una ironía de esta decisión es que fue Estados Unidos el que formuló y propuso este protocolo en 1963, el cual ratificó, junto con el resto de la Convención de Viena, en 1969, con el argumento de que era «una medida necesaria» para proteger a todos sus ciudadanos en el extranjero.
De hecho, Estados Unidos fue el primer país en invocar el protocolo ante la Corte Internacional de Justicia, en una demanda exitosa contra Irán por el caso de los 52 rehenes, en 1979.
Pero en el momento en que el protocolo empezó a ser un instrumento legal internacional efectivo para otros países, en este caso para el gobierno de México, Washington determinó que no aceptará la intervención de la corte mundial para demandar soluciones en su sistema jurídico. Por tanto, de ahora en adelante no tendrá que subordinarse a esa corte internacional en estos tipos de casos.
La sorpresa inicial ante la decisión de Bush de apegarse al fallo de la Corte Internacional de Justicia se ha revertido al conocerse que hubo una estrategia detrás, reiterar que Estados Unidos no aceptará incondicionalmente fallos de la corte mundial, y segundo, que el presidente republicano, y no el derecho internacional o sus instancias jurídicas, ni la misma Suprema Corte de Estados Unidos, será el único que determine cuándo y cómo este país se apegará a convenciones o cartas internacionales.
Según expertos legales consultados por el diario The New York Times, Washington había aceptado la jurisdicción general de la Corte Internacional de Justicia a lo largo de 40 años, entre 1946 y 1986.
Pero después de un fallo en su contra, en 1986, por minar puertos de Nicaragua, Estados Unidos se retiró de la jurisdicción general de la corte mundial, y ahora sólo acepta su autoridad en unos 70 convenios y/o tratados específicos.
O sea, con la decisión de esta semana Estados Unidos da otro paso más para rechazar el imperio de la ley internacional.