La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha reclamado a la Policía Federal (FBI) y al Departamento de Justicia de Estados Unidos los nombres de las personas y organizaciones políticas que están siendo objeto de vigilancia y de espionaje debido a sus actividades. ACLU, una organización con más de 80 […]
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha reclamado a la Policía Federal (FBI) y al Departamento de Justicia de Estados Unidos los nombres de las personas y organizaciones políticas que están siendo objeto de vigilancia y de espionaje debido a sus actividades.
ACLU, una organización con más de 80 años de existencia y que cuenta con alrededor de 400.000 socios, ha comenzado una campaña por todo el país para dar a conocer las ‘actividades’ a las que se dedica el FBI y tratar de evitar que sigan «espiando a la gente y a los grupos simplemente por hablar claro o por practicar su fe». Entre las organizaciones objeto de vigilancia y control se encuentran grupos que trabajan por el medio ambiente, por las libertades sindicales, las ideas religiosas, la defensa de las poblaciones originarias de EE.UU., el comercio justo, la paz, la justicia social, el desarme nuclear y los Derechos Humanos y las libertades civiles.
Es decir, activistas peligrosos o ‘potenciales terroristas’ según la denominación acorde a la cruzada emprendida por el gobierno ultraderechista de George W. Bush. De hecho, los escasísimos medios del poder que han recogido esta información se han curado en salud añadiendo en los primeros párrafos de sus crónicas la coletilla de que las organizaciones «están siendo espiadas por las autoridades en nombre de la lucha contra el terrorismo». Y es que a Falsimedia cuando no puede ocultar una noticia trata de minimizar su impacto.
Porque existe una información añadida a la que no ha hecho referencia ninguno de estos medios de propaganda. Y es la que se refiere a que junto a las organizaciones también existen activistas individuales sometidas a vigilancia y espionaje. Y entre estas personas se encuentran escritores, como Noam Chomsky y Howard Zinn, y disidentes políticos. Como se ve gente amenazadora.
En un comunicado, ACLU aseguró que, pese a que la Policía Federal se ha negado a hacer públicos la mayoría de sus archivos, ellos han «obtenido evidencias que confirman que el FBI y las Policías locales, trabajando en coordinación con las Fuerzas de Acción Conjuntas contra el Terrorismo, están espiando a grupos políticos, ecologistas, antibélicos y confesionales». Lo cual constituye una ilegítima invasión de la privacidad de las personas y los grupos espiados y un atentado contra las libertades, señalaba también el documento.
Las llamadas ‘Fuerzas de Acción Conjuntas contra el Terrorismo’ operan en el marco de la Patriot Act, promulgada por el presidente George W. Bush en 2001, y bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional establecido en 2002.
Pues bien, ACLU, también informó sobre la presentación de varias demandas judiciales y de los trámites que se encuentran realizando en 10 estados del país al amparo de la ‘Ley de Libertad de Información’, para obtener los documentos del gobierno relacionados con las actividades policiales que considera intimidatorias. Al parecer, el FBI retiene de manera injustificada miles de páginas de documentos sobre grupos opuestos a la invasión en Iraq y otras actividades. Un representante de ACLU afirmó que «si la Administración tiene alguna razón para esconder al público los archivos sobre asociaciones políticas y religiosas, nosotros queremos saber cuál es».
Por su parte el portavoz del Departamento de Justicia, Charles Miller, no aseguró que las denuncias fueran admitidas a trámite. Por el momento sólo se comprometió a «estudiar las demandas contra las agencias federales y tomaremos, a su tiempo, una decisión sobre estas gestiones».
Espionaje en Massachusetts
Según Carol Rose, director ejecutivo de la ACLU en Massachusetts, «varios activistas creen haber sido objeto de vigilancia durante al menos un año». En este Estado también se han presentado denuncias contra el FBI y solicitado la documentación que guardan sobre las prácticas de espionaje.
Sin embargo, un portavoz de la policía federal en Washington, Edwin C. Cogswell, rechazó las pretensiones de la ACLU y afirmó que no se enviarían los documentos en los que se recoge toda la información obtenida por la vigilancia a los grupos de Massachusetts. El portavoz reconoció que se había investigado algunos grupos de activistas en Colorado, entre otros a ‘Comida no Bombas’, en respuesta «a una amenaza concreta y creíble» de actos de violencia contra la Convención Demócrata Nacional en julio pasado.
En Massachusetts, Keith Harvey, director de la oficina de Nueva Inglaterra del ‘American Friends Service Committee’, uno de los grupos vigilados, aseguró que durante las dos semanas que duró la Convención Republicana Nacional, vehículos todo terreno y automóviles negros fueron estacionados en las inmediaciones de sus oficinas. También un helicóptero realizó tareas de vigilancia sobre su edificio. En una ocasión en que Harvey se acercó a uno de los ocupantes de los vehículos y pidió que se identificara, éste únicamente le contestó que trabajaba para el Departamento de Seguridad del gobierno, pero rehusó dar más datos. «Sólo hago mi trabajo», añadió.
‘American Friends Service Committee’ se ha opuesto enérgicamente a la guerra en Iraq y a la política del gobierno estadounidense.
Otra persona que ha revelado haber sido espiada es Merrie Najimy, presidente de la sección de Massachusetts del ‘Comité Antidiscriminación Americano árabe’, una organización no lucrativo que ha señalado las violaciones de los derechos civiles a los árabes estadounidenses desde el 11 de septiembre.
Según relató Najimy, un policía uniformado apareció en la oficina del grupo cuando este daba una rueda de prensa. En la misma se denunciaba a la entidad financiera FleetBoston Financial Corp. por haber cerrado las cuentas de varios individuos e instituciones con nombres árabes. El oficial se marchó antes de acabar el acto. Pero cuando Najimy fue a una sucursal del FleetBoston Financial Corp., situada en las cercanías de su oficina, para cerrar su cuenta en señal de protesta, oyó por casualidad que alguien de la entidad financiera hablaba desde un teléfono móvil sobre el contenido de la rueda de prensa. Al tratar de saber con quién o de qué estaba hablando esa persona, le aseguraron que «no era nada por lo que debiera preocuparse».
Sólo un pequeño borrón en el paraiso de las libertades.