A los inmigrantes indocumentados africanos que buscan una nueva vida en Europa el intento se les hace imposible con los ejércitos de Marruecos y España tendiendo alambres de púas en la frontera que comparten. Entre 14 y 16 africanos fueron muertos a balazos en octubre de 2005, tras intentar ingresar a los enclaves españoles de […]
A los inmigrantes indocumentados africanos que buscan una nueva vida en Europa el intento se les hace imposible con los ejércitos de Marruecos y España tendiendo alambres de púas en la frontera que comparten.
Entre 14 y 16 africanos fueron muertos a balazos en octubre de 2005, tras intentar ingresar a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla –sobre la costa africana del mar Mediterráneo–, ambos reclamados por Marruecos. En las dos semanas previas, unas 2.000 personas habían tratado de hacer lo mismo.
Luego del incidente, el gobierno marroquí se embarcó en un programa para deportar inmigrantes. Mientras algunos fueron devueltos a su país de origen, otros fueron expulsados, en los hechos abandonados en medio del desierto sin alimentos ni agua. Los medios de comunicación marroquíes dieron cuenta más tarde de la muerte de otra docena de inmigrantes.
Durante años, Europa no prestó mucha atención a la apremiante situación de los inmigrantes. Estos buscan su parte de lo que consideran la riqueza saqueada por Europa durante siglos de explotación de África.
El incidente marroquí motivó la puesta en marcha de campañas humanitarias. Y, desde entonces, Marruecos y España firmaron acuerdos para deportar a inmigrantes ilegales.
El destino de unos 50 solicitantes de asilo sigue en vilo en un campamento de refugiados en Guelmim, en Marruecos meridional. Este país, signatario de una convención para la protección de refugiados de 1951, está obligado a respetar los derechos de los solicitantes de asilo.
«Sólo un refugiado en más de 3.000 fue expulsado de Marruecos desde el 10 de octubre, bajo presión de la Unión Europea (UE) y las autoridades de España», dijo Mehdi Lahlou, un investigador marroquí especializado en asuntos de inmigración que vive en Rabat.
Antes de los hechos de Ceuta y Melilla, los inmigrantes procedentes de otros países africanos raramente eran molestados en Marruecos, país al que viajaban más o menos sin trabas ni documentos oficiales. La población inmigrante vivía abiertamente en vecindarios de clase trabajadora de Rabat, donde no tenía ningún conflicto con los habitantes de la zona.
Estos inmigrantes, que habitaban la región suave y del norte, rodeados de verde, se encuentran repentinamente en un campamento militar en Bouyzakern, cerca de Guelmim, en medio del seco sur, de clima desértico. No hay instalaciones sanitarias, y los solicitantes de asilo esperan que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) procese sus pedidos.
«Estamos viviendo en condiciones terribles. El viento, la arena y el frío son un problema constante. No tenemos suficientes mantas y, para empeorar las cosas, el único alimento es pan y judías», dijo a IPS Issa Mutebule, una congoleña solicitante de asilo que fue devuelta a su país.
Congoleños, marfileños, liberianos y sierraleoneses representan a algunas de las nacionalidades africanas que viven en el campamento. «Estoy huyendo del destino. El régimen de (Laurent Desire) Kabila (1997-2001) mató a mi padre, y no quiero hallarme en una situación similar», dijo amargamente Kissanga Lusinko, otro congoleño.
En 1997, las fuerzas rebeldes de Kabila derrocaron al régimen del dictador de Zaire (nombre anterior de la actual República Democrática de Congo) Mobuto Sese Seko (1965-1997). El conflicto desplazó a millones de congoleños, algunos de los cuales dirigieron sus pasos a Marruecos.
Aquí, la mayoría de los inmigrantes viven en malas condiciones, dijo Bouthayna Chaara, médico de la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos en Tetouan, a 40 kilómetros de Ceuta.
«En octubre organizamos una visita al bosque de Belyounech, cerca de Ceuta. Enseguida vi la terrible condición (de los refugiados), que requerían atención inmediata», dijo Chaara. «Estaban desnutridos y carecían de condiciones sanitarias básicas».
A mediados de noviembre, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) marroquíes, belgas y españolas divulgaron una carta abierta apelando a todas las partes involucradas, incluyendo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.
«Precisamente ahora, tal como ha ocurrido durante más de 20 años, las mujeres, los niños y los hombres siguen siendo golpeados, encerrados, humillados, explotados, deportados y a veces incluso asesinados, sólo porque sueñan con una vida decente, inalcanzable en sus propios países», afirmó la carta.
«Huyendo de la guerra, de la pobreza abyecta, de las dictaduras y de la falta de futuro, son aplastados por la maquinaria del Estado, que se rehúsa a escucharlos o a verlos. Estas víctimas pueden ser vistas en París, Madrid, Roma, Bruselas, Rabat, Argel, Túnez y Trípoli», agregó el documento.
Para Marruecos, el deseo de los inmigrantes de utilizar su territorio como punto de entrada a Europa es un nuevo fenómeno. A falta de recursos para tratar un problema de esta magnitud, el reino decidió hacer la vista gorda. Incluso la asistencia de la UE no sería suficiente para detener el flujo de migrantes.
Probablemente, la solución radical esté en otra parte, comenzando con la urgente necesidad de desarrollo en los países que producen refugiados, según Lahlou, el investigador en inmigración.
Nada es color de rosa para los solicitantes de asilo, «que van a la sede del Acnur en Rabat a presentar un pedido, reciben un reconocimiento declarando una fecha en la que tienen que volver para que su caso sea atendido. Esas fechas pueden ser en 2007 o 2008», explicó.
«Las personas que presentan estos pedidos no tiene estatus de refugiados y, por lo tanto, ninguna protección que éste conlleva. Siguen siendo considerados ilegales», agregó.
La ofician del Acnur en Marruecos registró 1.700 pedidos de asilo, la mayoría de ellos de países de África subsahariana.
Pero, según la agencia de refugiados de la ONU, «los solicitantes gozan de los mismos derechos de los refugiados hasta el fallo definitivo».
La ley marroquí de inmigración, de 2003, estipula que este país debe abstenerse de deportar, devolver o expulsar a solicitantes de asilo o refugiados hasta que todas las instancias legales hayan sido agotadas.
Merouane Tassi, funcionario del Acnur en Marruecos, dijo a IPS que se validaron «sólo unos pocos casos entre los casi 30 solicitantes de asilo» entrevistados en el campamento de Guelmim.
Mutebule, una de las personas devueltas a su país de origen el 23 de noviembre, confirmó que las 45 rechazadas habían agotado los recursos concedidos por el Acnur, que es el único organismo con jurisdicción para determinar el destino de los solicitantes de asilo.
Una vez que un caso es rechazado tras agotar todas las posibilidades legales, la persona en cuestión queda bajo la jurisdicción de la ley de inmigración de Marruecos. Se supone que quienes viven indocumentados en este país serán deportados. Tal fue el destino que corrieron Mutebule y sus 44 compañeros.
Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan los criterios en base a los cuales se aceptan o se rechazan los casos. «¿Cómo puede uno ignorar los riesgos que corren las personas que son devueltas a países donde no tienen ninguna garantía de vivir en paz?», se preguntó Jamaleddine Laamarti, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetouan.
«Para los jóvenes de África subsahariana, Marruecos es sólo un punto de tránsito hacia Europa. Por lo tanto, la solicitud de asilo de ninguna manera significa que quien la efectúa quiera quedarse en el país», dijo a IPS un funcionario del gobierno marroquí que pidió no ser identificado.
Esto plantea un problema, dijo. «No podemos quedarnos con todos los inmigrantes. Hay miles de ellos. Y no hay que olvidar que nosotros mismos tenemos a nuestros propios inmigrantes (en Europa), que a veces viven bajo las mismas condiciones», agregó.
«Necesitamos una solución global a este problema. Los países que producen inmigrantes deben ser igualmente responsables», opinó.