El gobierno saharaui ha recordado el parecer jurídico emitido en 2002 por el Secretario adjunto de Temas Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, que estipula que toda explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental constituye una «violación de la legalidad internacional», mientras la descolonización de ese territorio no autónomo no esté acabada a través de la organización de un referéndum de autodeterminación democrático y transparente.
Un equipo de activistas de 19 países de Europa mantiene una campaña internacional para impedir que la Unión Europea (UE) ratifique su acuerdo de pesca con Marruecos, estimando que en su estado actual violaría el Derecho Internacional y permitiría a los barcos europeos pescar en completa ilegalidad en las aguas de Sáhara Occidental. La UE anunció el jueves su deseo de que el acuerdo entre en vigor en verano. El gobierno saharaui ha reclamado de la Unión Europea (UE) que separe las aguas territoriales saharauis de sus acuerdos de pesca con Rabat, estimando que los recursos naturales del Sahara Occidental pertenecen a su pueblo aún bajo la dominación colonial marroquí, cuyas riquezas no pueden ser explotadas por el ocupante, según el Derecho Internacional.
«El gobierno saharaui hace un llamamiento a los gobiernos de la Unión Europea para hacer que sus pueblos eviten mezclarse en una actividad ilícita e inmoral, que reconoce la ilegal presencia colonial marroquí en el Sahara Occidental y que participa en intensificar la inestabilidad en la región», indica un comunicado del ministerio de Información de la RASD.
España, en cuanto potencia administrativa en virtud del Derecho Internacional, admitió recientemente que desde su retirada del Sahara Occidental en 1976 hasta el presente «no ha habido disposiciones jurídicas sobre el estatuto jurídico de las aguas» del territorio. Destacar que de las 119 licencias solicitadas al menos 95 irían destinadas a buques españoles.
El gobierno saharaui ha recordado el parecer jurídico emitido en 2002 por el Secretario adjunto de Temas Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, que estipula que toda explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental constituye una «violación de la legalidad internacional», mientras la descolonización de ese territorio no autónomo no esté acabada a través de la organización de un referéndum de autodeterminación democrático y transparente.
Para el ejecutivo saharaui, el territorio «sigue estando bajo la responsabilidad de la ONU» y «ningún país reconoce a Marruecos ningún tipo de soberanía sobre el Sahara Occidental», recordando que Estados Unidos «separó claramente al país de los Acuerdos de Libre Cambio con Rabat».
La UE está dividida sobre la situación jurídica de las aguas territoriales del Sahara Occidental, ocupado militarmente por Marruecos, y los pescadores comunitarios deberán esperar a que los servicios jurídicos del Consejo de la Unión se pronuncien el próximo jueves sobre la legalidad o no del acuerdo de pesca firmado con Marruecos.
El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, anunció que el nuevo acuerdo pesquero firmado entre la Unión Europea y Marruecos entrará en vigor el próximo verano y no en mayo, como se ha hablado en las últimas semanas. El acuerdo debe ser aprobado por el Consejo de Ministros de la UE y examinado también por el Parlamento Europeo, recordó Borg.
La campaña «Pescad en otra parte» pide a los cargos del Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la UE que «prohíban expresamente toda pesca hecha por barcos europeos en las aguas del Sahara Occidental».
Nick Dearden, director de campaña por la asociación británica War on Want, denunció que «el mismo año en que el pueblo saharaui conmemora los 30 años que ha pasado en campamentos de refugiados, la UE firma un acuerdo de pesca que permitirá a países europeos aprovecharse de su miseria. Pedimos a la UE que enmiende ese acuerdo, que en el estado actual está en completa contradicción con la política y los principios de la UE y de sus Estados miembros».