El parlamento de Egipto aprobó una ley que, según la oposición y un movimiento de jueces críticos, mantendrá la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, a pesar de que fue propuesta para consagrar su independencia. La norma votada esta semana en el parlamento fue objeto de fuertes protestas. Los legisladores no tomaron en cuenta […]
El parlamento de Egipto aprobó una ley que, según la oposición y un movimiento de jueces críticos, mantendrá la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, a pesar de que fue propuesta para consagrar su independencia.
La norma votada esta semana en el parlamento fue objeto de fuertes protestas. Los legisladores no tomaron en cuenta varias propuestas de cambios presentadas por jueces reformistas con la intención de mejorarla.
«La nueva ley ofrece pequeños avances respecto de la ley antes vigente. Pero, básicamente, intenta meter la misma mercadería en una botella nueva», dijo a IPS el subdirector del estatal Centro de Estudios Políticos y Estratégicos Al-Ahram, Mohamed Said.
La Ley de Autoridad Judicial contó con el amplio respaldo del gobernante Partido Democrático Nacional y el firme rechazo de legisladores opositores.
«El gobierno se aferró a la versión original del proyecto», informó el diario independiente Al-Masry Al-Youm. Varias propuestas presentadas por el reformista Club de Jueces de El Cairo «fueron retiradas» por los legisladores, agregó.
El ministro de Justicia, Mahmoud Abu Leil, dijo a la Asamblea poco después de la votación que la ley constituía «un gran logro para la independencia judicial».
La norma libera a la Fiscalía General del control del Ministerio de Justicia y garantiza la independencia presupuestaria del Poder Judicial.
Pero el Ministerio continuará supervisando los ascensos y ceses de los jueces, y los miembros del Consejo Judicial Supremo seguirán siendo elegidos por el gobierno, sin carácter electivo.
«La nueva ley tiene puntos buenos y malos», dijo a IPS el secretario general del Club de Jueces de El Cairo, Hesham Geneina. «De todos modos, el Ministerio de Justicia mantendrá considerable control sobre la magistratura.»
Pero el juez Hisham el-Bastawisi, de El Cairo, el más conocido entre los que luchan por la independencia técnica de los magistrados y del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, fue más tajante.
«Ésta es una mala ley y representa un gran retroceso. No nos da nada. Habla sobre independencia presupuestaria, pero sin dar ningún detalle. Esto es peor que antes. El gobierno no quiere ningún tipo de reforma, ni elecciones libres ni jueces independientes. La situación es mala», sentenció El-Bastawisi.
La independencia presupuestaria dispuesta por la ley es limitada. El Ministerio de Finanzas aún tiene la facultad de vetar la propuesta del Poder Judicial, consideró Said.
«En cuanto al fiscal general, seguirá siendo designado directamente por el Poder Ejecutivo, y, por lo tanto, mantendrá obediencia hacia el Ministerio de Justicia», pronosticó.
El control del gobierno sobre el Poder Judicial se convirtió en un asunto acuciante en ocasión de las elecciones parlamentarias de noviembre, cuando El-Bastawisi y otro juez acusaron de fraude al Poder Ejecutivo y a varios de sus pares.
Las acusaciones, algunas de las cuales alcanzaron a ser difundidas por medios de comunicación internacionales, despertaron una reacción furiosa del gobierno de Hosni Mubarak, que, a su vez, acusó a los dos magistrados de enlodar el prestigio del Poder Judicial.
Un tribunal disciplinario absolvió en mayo a los dos jueces, pero la acusación ya había galvanizado para entonces a un variopinto movimiento opositor.
El mes pasado, en vísperas de la comparecencia de los jueces acusados ante un tribunal, se registraron en El Cairo grandes protestas en demanda de independencia judicial, reforma política y la derogación de la impopular ley de emergencia, que permite al gobierno realizar arrestos sin dar cuenta a la justicia.
Las manifestaciones concitaron la adhesión de la oposición socialista, el movimiento prodemocrático Kifaya y la proscripta pero tolerada Hermandad Musulmana.
El 11, 18 y 25 de mayo se celebraron las principales protestas, brutalmente reprimidas por personal de seguridad desplegado por toda la capital egipcia. El Ministerio del Interior había advertido que participar en esas manifestaciones sería considerado delito.
Según Said, «el éxito del proyecto en el parlamento significa, esencialmente, que los jueces perdieron la batalla por la autonomía judicial».
Pero El-Bastawisi es optimista, a pesar del obvio retroceso.
«Informaremos al pueblo egipcio y al mundo que el gobierno está mintiendo. El gobierno carece de voluntad real de reforma», dijo el juez a IPS.
«Seguiremos en pie de lucha, demandando independencia.»