El fallo judicial que limpió el nombre del ex ministro de Educación de Kenia George Saitoti hace prever a activistas anticorrupción que otros sospechosos por el denominado «caso Goldenberg» se verán también librados de una condena. La Suprema Corte de Kenia sentenció el día 2 que Saitoti no debería ser acusado en conexión con el […]
El fallo judicial que limpió el nombre del ex ministro de Educación de Kenia George Saitoti hace prever a activistas anticorrupción que otros sospechosos por el denominado «caso Goldenberg» se verán también librados de una condena.
La Suprema Corte de Kenia sentenció el día 2 que Saitoti no debería ser acusado en conexión con el caso Goldenberg, el mayor fraude financiero de la historia de este país africano.
Saitoti presentó una demanda judicial para que su nombre fuera eliminado de un informe de la comisión que investigaba el caso, que ocurrió a comienzos de los años 90.
El ex funcionario, que en esa época era vicepresidente y ministro de Finanzas, fue señalado en el reporte por sus supuestos vínculos con los estafadores, junto con otros altos funcionarios del gobierno.
Ahora, dirigentes de la comunidad massai, a la que pertenece Saitoti, presionan al gobierno para que vuelva a integrarlo en el gabinete.
El fallo establece que Saitoti había actuado de acuerdo con los procedimientos legales cuando aprobó un pago a Goldenberg International.
También recuerda que el fiscal general Amos Wako desvinculó a Saitoti de cualquier acto venal en una declaración que había presentado al parlamento hace una década.
El tribunal ordenó que todos los párrafos del documento oficial que vinculaban a Saitoti con el caso fueran eliminados.
Establecida en 2003, la comisión investigadora del caso Goldenberg, encabezada por el juez Samuel Bosire, entregó su informe al gobierno a comienzos de este año, luego de lo cual Saitoti se presentó ante el tribunal para deslindar su responsabilidad. El documento de Bosire recomienda, entre otras cosas, procesar a los implicados en el escándalo de corrupción señalados en el documento.
Tras la difusión del informe, siguieron las protestas públicas, que obligaron a Saitoti a renunciar al cargo de ministro de Educación del actual gobierno.
El escándalo Goldenberg es uno de los muchos casos que elevaron la presión sobre el presidente Mwai Kibaki, quien llegó al poder en diciembre de 2002 tras una campaña basada en una plataforma que enfatizaba en el combate contra la corrupción.
Pero muchos ven a la anulación del informe como un contratiempo para esa lucha, mientras surgen temores de que otras figuras clave mencionadas en el texto puedan escapar de la justicia, como Saitoti.
«El impacto del fallo será de muy largo alcance. Todos los demás mencionados en el informe intentarán ir a tribunales», dijo a IPS Maina Kiai, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, organización independiente cuyos miembros son designados por el gobierno.
«El mensaje de la sentencia es que cualquiera puede quedar impune El fallo tendrá ramificaciones en otros casos relacionados con Goldenberg», enfatizó.
Wilfred Koinange, ex secretario del Tesoro, ya se presentó ante la corte para que su nombre –que también aparece en el informe– quede limpio.
Además, Eric Kotut, ex director del Banco Central, se las arregló para impedir que el gobierno lo arreste por el mismo asunto.
Mientras, el gobierno asegura que todavía estudia el informe. Martha Karua, ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales, dijo el 1 de agosto que el fiscal general Wako lo analizaría antes de aconsejar al gobierno sobre qué curso de acción tomar.
Queda por ver cómo el gobierno manejará el caso. Hasta ahora, las organizaciones anticorrupción evitan discutir el asunto. «No quiero hacer ningún comentario al respecto», dijo a IPS Nicholas Simani, alto funcionario de relaciones públicas en la Comisión Anticorrupción de Kenia. No es la primera vez que recomendaciones de una comisión investigadora designada por el gobierno son desafiadas por un tribunal.
Nicholas Biwott, figura de mucho poder durante el régimen del ex presidente Daniel Arap Moi (1978-2002), desafió con éxito las recomendaciones de una comisión judicial que investigó los enfrentamientos étnicos de 1992 y 1997.
Biwott logró que su nombre fuera eliminado del informe, entregado a Moi en 1999 por la comisión creada en 1998 y presidida por el juez Akilano Akiwumi. (FIN/2006)