El dinero sucio, no declarado u oculto mueve millones de euros en España y se lava, en gran medida, en operaciones inmobiliarias que afectan de modo negativo la calidad ambiental de la costa norte del mar Mediterráneo. El movimiento ilegal de fondos también perfora la economía española, pues la evasión impositiva de no declarar ganancias […]
El dinero sucio, no declarado u oculto mueve millones de euros en España y se lava, en gran medida, en operaciones inmobiliarias que afectan de modo negativo la calidad ambiental de la costa norte del mar Mediterráneo.
El movimiento ilegal de fondos también perfora la economía española, pues la evasión impositiva de no declarar ganancias y el uso de paraísos fiscales por parte de firmas transnacionales supuso la pérdida en 2000 para el mundo en desarrollo de al menos 50.000 millones de dólares, cifra anual que hoy se multiplica por siete, según un estudio de Oxfam.
La Red para la Justicia Fiscal, integrada por esta y otras organizaciones no gubernamentales, elaboró un informe de acuerdo al cual el importe mundial aproximado que se mantiene en cuentas y fideicomisos de paraísos fiscales es de 11,5 billones de dólares.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que entre cuyos miembros figuran todos los países industrializados, estima que 50 por ciento del comercio mundial incluye algún elemento que transita por esos sitios sin control del fisco.
Por el fraude de la economía sumergida, los países en desarrollo estarían perdiendo la recaudación anual de aproximadamente 385.000 millones de dólares, debido a la evasión de impuestos de las empresas transnacionales y la presión sobre los gobiernos para que creen incentivos fiscales que atraigan la inversión extranjera.
Esa pérdida de recaudación o, por el contrario, de ganancia extra de las empresas transnacionales, prácticamente duplica el importe estimado para reducir la pobreza antes de 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para el Milenio
España es uno de los países más afectado por el lavado del dinero en mundo, una afirmación que se basa en dos puntos: por un lado, la estrecha relación con el Campo de Gibraltar, territorio bajo control de Gran Bretaña y en el que existe una multitud de «empresas fantasmas». Por otro, la existencia en este país de un tercio de los billetes de 500 euros que circulan por toda la Unión Europea.
Esos billetes, equivalentes a 650 dólares cada uno, monto que no es utilizado por lo general en transacciones diarias, pero que equivale a lo que se paga mensualmente a los trabajadores rurales inmigrantes que carecen de los documentos para la residencia regular.
En los decomisos efectuados por la policía contra la utilización de dinero sucio en los últimos 12 meses en España, se superaron los 4.000 millones de euros (5.100 millones de dólares), 100 veces más que 10 años antes.
Esto se debe, en gran medida, a la reorganización de equipos especiales para luchar contra ese delito, dispuesta en 2004 por el gobierno presidido por el socialista José Luís Rodríguez Zapatero.
Según la información oficial de la OCDE existen 35 paraísos fiscales, más seis que se comprometieron a dejar de serlo y que por ello no están en la lista oficial. No obstante, organizaciones no gubernamentales elevan esa cifra aproximadamente a 70.
Juan Hernández Vigueras, doctor en derecho, profesor, coordinador del Comité de Paraísos Fiscales del Observatorio para una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), destaca la situación de Andorra, un territorio con entidades especializadas en la gestión de altos patrimonios.
Este pequeño estado, enclavado entre España y Francia y cuyo príncipe es designado en conjunto por el presidente de este último país y por el obispo de Urgel, una comarca catalana, fue incorporado en 2004 a la Cumbre Iberoamericana, que el fin de semana pasado realizó su décimosexta edición en Montevideo.
En ese campo, «como refugio del dinero, Andorra es imbatible, ya que tiene grandes bancos, con cuentas secretas y, ya se sabe, esas cuentas sólo son conocidas por el dueño, el banquero y Dios». Hernández Vigueras añadió que en la práctica la evasión fiscal no está considerada un delito en España.
La ley vigente en España, aprobada en 2003 bajo el gobierno del derechista José María Aznar (1996-2004), dispone que «son libres cualesquier actos, negocios, transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos exteriores, así como transferencias de o al exterior».
Entre los no residentes están «las sucursales y los establecimientos permanentes en el extranjero de personas físicas o jurídicas ubicadas en España».
Por lo tanto no se consideran delitos, pero sí infracciones graves «la falta de declaración de operaciones cuya cuantía supere los seis millones de euros (7,6 millones de dólares)» o la falta de veracidad, omisión o inexactitud en las declaraciones que superen también esa cantidad.
La reorganización policial dispuesta por Zapatero produjo acciones positivas, como las operaciones Ballena Blanca (2005) y Malaya (2006), aunque éstas son consideradas insuficientes por las organizaciones no gubernamentales.
En esas operaciones, además de detener y poner disposición de la justicia a una decena de personas, las autoridades se incautaron bienes y dinero por aproximadamente 4.800 millones de euros (6.100 millones de dólares).
Que la actuación contra el tráfico de dinero sucio es débil lo asegura también José María Peláez, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, quien sostiene que en España «tenemos la administración más avanzada del mundo para vigilar al pequeño contribuyente, pero en el control del fraude estamos todavía en la Edad Media».
Esa «Edad Media» se puede comprobar en Málaga, una de las provincias con costas sobre el mar Mediterráneo y más afectada por la invasión inmobiliaria, en la que hay sólo ocho inspectores para analizar 2.048 sociedades que facturan entre 1,8 y seis millones de euros anuales.
Gran parte de la facturación y las inversiones en esa provincia y en las otras de la costa se origina en el mercado inmobiliario. En los últimos cuatro años se construyeron aproximadamente tres millones de viviendas en España, la mitad de las cuales se ubican en esa zona costera.
En julio, un informe de la organización ambientalista internacional Greenpeace destacó que también hay planes para construir cientos de miles de casas y cuartos de hotel, 40.000 amarras para barcos y centenares de canchas de golf, en esas zonas que, además, están castigadas por la sequía. El jueves pasado, cumpliendo órdenes del juez Baltasar Garzón, la policía registró las sedes en Madrid y Barcelona del portugués Banco Espírito Santo y del francés BNP Paribas, investigando una evasión de capitales y lavado de dinero.
En Madrid, además, los registros se ampliaron a Cartera Meridional, una sociedad de valores, y en Barcelona a la sede de Cahispa, entidad aseguradora, y en dos domicilios, el del presidente y el de un empleado de esta última entidad.
La fiscalía informó que también se está investigando «el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito».
La investigación de Garzón determinará si la acusación del fiscal es correcta o no y si lo fuera, sería otro paso adelante contra el fraude monetario y fiscal.